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Por Georgina Camacho Leyva*
Presionado por recientes escándalos, el mandatario anunció retomar el tema del cierre de la cuestionada prisión, compromiso incumplido desde la etapa de su campaña electoral del 2008. Unos dicen que debido al freno republicano del Congreso, mientras otras voces señalan que Obama cuenta con poder legal para hacerlo. Entonces, ¿le falta decisión política al otrora profesor de Derecho, del que analistas han dicho que debido a su historial existían mayores expectativas de lo que podría ser su gestión?
No obstante, según publica la Agencia Russia Today, se evidencia la contradicción que existe entre la anunciada intención del presidente Obama para clausurar la penitenciaría y los planes de los militares, quienes hacen cálculos de los requerimientos financieros para mantener operativa la instalación. El Pentágono acaba de pedir al Congreso más de 450 millones de dólares para el mantenimiento del citado enclave, que se estima gasta unos 150 millones de dólares anualmente.
La huelga de hambre que es protagonizada desde febrero por un centenar de los 166 presos de Guantánamo, 30 de ellos alimentados a la fuerza, en protesta por su situación de detención indefinida, el irrespeto a su religión y al Corán y el trato inhumano recibido por parte de las autoridades de esa prisión convertida en centro experimental de torturas, ha concitado la atención de no pocos gobiernos y organizaciones humanitarias en todo el mundo.
Los reos llevan en su mayoría más de una década recluidos sin enfrentar cargos concretos, aislados del resto del mundo, por lo que cientos de activistas sociales y defensores de derechos humanos también en Estados Unidos están pidiendo su liberación o de lo contrario presentarlos a juicio para poner fin al limbo legal que enfrentan.
Por otra parte, un considerable número de detenidos que han sido exculpados y se ha autorizado su liberación y el regreso a sus países de origen, permanecen encarcelados. En tal sentido, la propia prensa estadounidense ha difundido los cuestionamientos de Obama al Congreso por mantener una posición restrictiva a las transferencias de detenidos.
El odioso campo de concentración, abierto en el 2002 por George W. Bush, donde se encierran personas que han sido detenidas en cualquier parte del mundo sin proceso ni trámite legal alguno, en franca violación de sus derechos por los supuestos “campeones de la democracia”, ha sido objeto en las últimas semanas de una verdadera avalancha de protestas, solicitudes y artículos periodísticos que solicitan su clausura inmediata.
Destacan agencias de noticias que el coronel Morris Davis, exfiscal militar en la base que EE.UU. ocupa ilegalmente en Guantánamo, entregó a la Casa Blanca una petición firmada por más de 188 mil personas exigiendo la clausura de la penitenciaría, y ha tildado de tibia la actuación del Presidente al respecto.
Obama, durante su discurso sobre política de lucha contra el terrorismo, pronunciado hace solo cuatro días en la Universidad de Defensa Nacional, pidió nuevamente al Congreso levantar las restricciones que impiden el envío de detenidos a terceros países, y solicitó a la vez al Departamento de Defensa buscar un lugar en Estados Unidos donde se puedan efectuar los juicios militares, que solo se celebran en la Base.
Cualquier análisis al respecto permite inferir que todo quedará como está. En el país donde el Gobierno se cree rey del mundo en la supuesta lucha por los derechos humanos y contra el terrorismo, hacen falta acciones más firmes del mandatario, así como la necesaria movilización popular para acabar con el horror de la cárcel de Guantánamo, un fenómeno que no impacta en la mayoría de los ciudadanos del país donde la manipulación informativa distrae la atención de cuanto sucede en este mundo.
