Visión sindical: Ley contra el pueblo uruguayo

En julio del 2020 se aprobó en Uruguay la Ley de Urgente Consideración (LUC), calificada como una “ley ómnibus” porque abarca muchos y variados temas. Se presentó en medio de la Covid-19, cuando la pandemia debía ser la prioridad del Gobierno, como lo era para la sociedad, y no una polémica legislación que restringe derechos al pueblo y al Estado.

A principios de noviembre, la central sindical uruguaya Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) realizó su XIV Congreso. Uno de los temas centrales fue la movilización hacia el referendo de abolición de la LUC. El secretario de Prensa y Propaganda de la organización, Gabriel Molina, dijo que el evento se realizaba en el contexto de la campaña por el Sí a la derogación de los 135 artículos de la Ley. El dirigente apuntó al movimiento sindical como protagonista de una “gesta histórica”.

Según el sitio www.yofirmo.uy, de la Comisión Nacional Pro-Referéndum, la LUC representa pérdida de derechos y de seguridad incluso para los menores de edad; prioriza la educación privada;  promueve inestabilidad en los puestos de trabajo; acorta los plazos para el desalojo de viviendas; no evita que la tierra pase a manos extranjeras; y reduce la participación del Estado en la economía.

La Comisión ha denunciado que la Ley restringe el derecho a huelga   y que varios de los cambios introducidos fueron objetados en el Parlamento. La Organización Internacional del Trabajo pidió revisar el tema, según reportó el portal www.udelar.edu.uy.

Si hoy se implementara  la reforma a la seguridad social que ha arrastrado tras de sí la LUC, gran cantidad de asalariados tendrían que esperar a los 71 años para cobrar un pequeño ingreso por jubilación, de ahí que en las últimas semanas organizaciones sindicales y populares denunciaran también la esencia neoliberal y perjudicial a la clase obrera de esa otra resolución, frente a lo cual la central sindical PIT-CNT ha reclamado  que los criterios de la oposición y los trabajadores sean tenidos en cuenta.

Por su parte, el sindicato de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria alertó que se está privatizando la educación, y que con estos cambios de la LUC, el gobierno recortó 70 millones de dólares del presupuesto del sector, el mayor ajuste de la historia, y dejó de ser obligatoria la educación primaria.

El exsenador del Frente Amplio, Rafael Michelini, anunció que a la Corte Electoral solo le faltan validar 80 mil firmas (de las 671 mil necesarias) para convocar a una consulta popular sobre la pertinencia de la LUC. Según expertos citados por la Agencia Latinoamericana de Noticias (Prensa Latina) tal cifra podría alcanzarse en aproximadamente 15 días.

A pesar de que varias organizaciones de arraigo popular en Uruguay han calificado la ley como represiva y antipopular, el Gobierno impulsa una amplia campaña para mantenerla vigente e insiste en que esa fue la hoja de ruta con que llegaron al poder el Partido Nacional y el actual presidente Luis Lacalle Pou.