Cargando...El ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia, Iván Lima, divulgó la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que ratifica que en 2019, tras la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta, hubo un golpe de Estado.
“Ha hablado el TCP mediante la sentencia 52/2021 y ha ratificado que en el país hubo un golpe de Estado. La explicación es contundente, la sucesión ‘ipso facto’ solo procede entre el presidente y vicepresidente”, dijo en conferencia de prensa.
La autoridad legislativa esclareció así la confusión generada a partir del argumento de que existía un resquicio legal que justificaba la sucesión de Añez.
El ministro aseguró que la decisión tomó en cuenta las renuncias de senadoras y diputadas registradas en 2019, y precisó que quienes ejercieron los cargos de la primera y segunda vicepresidencia de las cámaras Alta y Baja no podían asumir la presidencia del país.
“Quizás lo más importante, y la ratio decidendi de este fallo, señala que quien ejerce la primera y la segunda vicepresidencia de Diputados y Senadores, de acuerdo a la reglamentación que existe en esas cámaras, no ejerce un cargo democrático. Quien ejerce la segunda vicepresidencia en Diputados y Senadores representa a la minoría y el ejercicio democrático en el país exige que haya una elección entre las personas que ejercen el cargo de presidente de Senadores o presidente de Diputados”, aseveró.
Mencionó que la resolución del TCP es definitiva y no admite apelación, por lo que ninguna instancia puede revisarla, situación que determina que la autoproclamación de Áñez fue una vulneración flagrante al artículo 169 de la Constitución Política del Estado (CPE).
“El llamado del Gobierno nacional es a cerrar esta página de la discusión y el debate jurídico”, aseveró.
En ese contexto, Lima anunció que la determinación judicial será incorporada al proceso penal que se sigue contra Añez, acusada por los delitos de terrorismo, sedición, conspiración e incumplimiento de deberes en el caso llamado «golpe de Estado», por los cuales podría ser condenada a 30 años de prisión.
Esperamos que luego de la salida de la sentencia de TCP 52/2021, la justicia actúe pronto, agregó el titular de Justicia. Las opiniones que surjan a partir de ahora deberán ser analizadas de manera responsable y que serán respondidas, refutadas y debatidas en todos los ámbitos porque “ya no es admisible que se le siga mintiendo al pueblo boliviano”. «No ha existido fraude, ha existido golpe, las instancias judiciales del país han hablado”, concluyó.
El veredicto del TCP había sido aprobado desde el pasado 29 de septiembre mediante la citada Sentencia Constitucional 52/2021 que considera que nunca existió esa figura de “vacío de poder» alegada por Añez en noviembre del 2019 cuando era la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. La jugarreta le permitió asumir el poder tras las renuncias de los entonces presidente Evo Morales, vicepresidente Álvaro García Linera, presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y presidente de Diputados, Víctor Borda, muchas de las cuales no fueron evaluadas ni ratificadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), como correspondía.
No obstante, y tras varias reuniones extralegislativas, Áñez se declaró presidenta de la Cámara de Senadores y, luego, presidenta del Estado. No hubo quorum ni asistencia de la mayoría legislativa, pues en ella primaban representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), lidereado por el lider Evo Morales, contra el cual se organizó el golpe de Estado.
Tribunal Constitucional sentenció que autoproclamación de Áñez fue inconstitucional. El Ministerio Público determinó que los vocales falsamente acusados de «fraude» son inocentes. La @PGE_Bolivia comprobó con actas que Almagro mintió. La verdad se impone: en Bolivia hubo un golpe
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 16, 2021
Entre los principales argumentos de defensa a Añez figura un supuesto reconocimiento a su Gobierno por parte del TCP frente al cual el ministro de Justicia Iván Lima sostiene que ni esa instancia, ni la ALP, reconocieron al régimen de facto.
Nos han dicho que el Tribunal Constitucional había avalado la autoproclamación y es la primera mentira, comentó Lima. El presidente en ejercicio en ese momento, Petronilo Flores, lo ha dicho públicamente, la presión que recibió ese tribunal para sacar un comunicado fue muy grande y van a tener que identificar a quiénes lo hicieron, quiénes han llevado documentos a Sucre, quiénes han hecho toda la presión para intentar legitimarse por vía del TCP, manifestó.
Asimismo, recordó que el TCP no emitió ninguna sentencia ni declaración, y que el comunicado con el que algunos políticos de oposición pretenden sustentar que existió un reconocimiento del TCP al gobierno de facto, no tiene fuerza vinculante ni legal, lo cual fue ratificado por el propio presidente del TCP en el juicio interpuesto por la ALP.
Respecto al supuesto reconocimiento que significó la promulgación de una la ley de convocatoria a nuevas elecciones nacionales, Lima sostuvo que «cuando se comete un delito como el de ellos, hay que volver al cauce constitucional, hay que volver al cauce normal, hay que evitar que siga el abuso de la Constitución, que siga la ilegalidad y eso es lo que hace Eva Copa, y eso es lo que hace la bancada del MAS. (…), la única herramienta que teníamos de democracia en ese momento era nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional y ahí empezamos a construir la recuperación de la democracia con las elecciones del 18 de octubre», argumentó el ministro en entrevista con radio Kawsachun Coca divulgada en marzo del presente.
Según el titular de Justicia, otra de las mentiras que sostienen algunos defensores del régimen de Áñez, es que su gobierno fue avalado por el TCP con la ampliación del periodo constitucional el 22 de enero de 2020.
De manera simultánea al veredicto de inconstitucionalidad, se supo que el experto veedor de comicios electorales, David Rosnick, del Centro de Estudios de Política y Economía (CEPR) ratificó que, luego de la revisión de las actas, no se observó ninguna modificada ni pruebas que indiquen que existió un fraude.
En entrevista concedida al programa Primer Plano, de Bolivia Tv, el especialista, quien hizo similares veedurías en proceso electorales de Perú, Ecuador, EEUU y otros países, lamentó que la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezada por Luis Almagro, haya emitido un informe irresponsable, deficiente, sin razonamiento estadístico e incompleto.
Rosnick dijo que sí pudo notar algunos hechos como que los jurados firmaron un acta en un sitio que no era el esperado, aunque, al contrastar firmas y nombres, se comprobó que todo estaba correcto.
El especialista explicó que ese tipo de situaciones son previsibles pues se trata de ciudadanos que normalmente no actúan como jurados electorales y se espera que cometan ese tipo de errores. A pesar de ello, enfatizó, “no he visto nada de pruebas que indiquen un fraude”, insistió.
Los neoliberales no entienden que si ellos tienen el recurso del golpe y de la violencia, nosotros tenemos la democracia para ganarles siempre en las urnas. A esos privilegiados de siempre les decimos vamos a defender nuestro voto y que #LaWiphalaSeRespeta.
¡Somos mayoría! pic.twitter.com/sXyZncpPbA— Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) October 12, 2021
Mientras tanto, la expresidenta interina Jeanine Áñez persiste en proclamarse inocente de los cargos por los cuales lleva 7 meses de prisión preventiva en La Paz.
En reciente carta a Luis Arce, presidente de Bolivia, la convicta denuncia «abuso de autoridad» y pide que le permitan asumir su defensa en libertad. Días atrás la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había negado la necesidad de cambiar la prisión por las medidas cautelares solicitadas por la defensa tras considerar de que el Gobierno boliviano ha tomado las acciones necesarias para resguardar su salud. Según familiares, Añez padece «hipertensión de base», «neuropatía periférica» y «anorexia nerviosa».
Todo el peso de las leyes bolivianas contra este golpe de Estado que causó muertes y sufrimiento al pueblo boliviano, que les causó nuevas deudas. En poco tiempo esta mercenaria acabó con muchas de las cosas que el gobierno mercenario de Evo Morales había hecho por su pueblo,sobre todo por los más desposeídos y las poblaciones originarias del país.
La justicia taqrdea para llega. Para la presidenta defacta todo el peso de las leyes constitucionales bolivianas, que incluye que pague por las víctimas. A Luis Almagro y la OEA hay que acabar de eliminarla saliendo todos los gobiernos que se respetan de sus filas.