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El 23 de diciembre de 1991, Cameron Todd Willingham, un ex mecánico, escapaba de su casa en llamas, salvándose. Dejó adentro a tres hijas suyas que murieron tragadas por el fuego. No pasaban de los tres años de edad. La esposa de Willingham y madre de los niños había salido a comprar regalos navideños. Fue en Corsicana, en el Estado de Texas, en EE.UU. El 17 de febrero de 2004, el padre moría por una inyección letal que aprobó el gobierno tejano. Murió diciéndose inocente.
A Willingham lo declararon culpable del fuego. De homicidio en primer grado, en términos legales. El grupo que investigó el incendio concluyó que había habido intencionalidad en los hechos. Pero recientemente Beyler Craig, reconocido experto estadounidense publicó un informe que contrarió lo expuesto por los investigadores oficiales, explicando que las búsquedas incumplían las normas científicas conocidas. El método científico quedó cuestionado cuando Willingham ya no caminaba entre los vivos.
Desde 1982 más de 400 presos han sido ejecutados en las cárceles de Texas. Texas es un Estado que huele a pena de muerte, a penas. La mayoría de las ejecuciones que se hacen en las prisiones de todo EEUU, se hacen en las cárceles tejanas. Muertes aprobadas de culpables y de inocentes probados. Errores. Fatalidad. Naturaleza humana. El resultado es que se cuentan muertos que no debieron sumarse. Las últimas palabras que no tuvieron que serlas, que no quisieron serlas. Son palabras empujadas. El sistema penal termina pareciendo un procedimiento de simples arbitrajes sobre la suerte de los presos, enteramente digno de cuestionamientos.
Está el proceso de William Chappel, condenado a morir por el asesinato de Martha Lindsay, de 50 años, y su hija Alexandra Heath en la localidad de Fort Worth. Las dos recibieron un disparo en sus rostros. Mientras ocurría el doble asesinato, otras tres personas estaban en la casa: la abuela de Alexandra, un niño pequeño y el padre. El último fue quien identificó a Chappel como el asesino y bastó para ponerlo en prisión y decidir su futuro. En un intento por probar su inocencia, Chappel pidió pruebas de ADN que lo implicaran. Nunca se las concedieron.
Retomemos el caso Willingham. La semana pasada, un grupo estadounidense de nombre Proyecto Inocencia, especializado en la defensa de convictos por error entregaron nuevos documentos a la Junta de Perdones y Libertades Condicionales de Texas para sustentar su petición de conceder el perdón póstumo a Cameron Todd Willingham.
La decisión de ejecutar a Todd nada en aguas turbias. Otro prisionero, el informante Johnny Webb, había testificado ante un jurado que Willingham confesó su culpa en el incendio. Los abogados de Proyecto Inocencia presentaron, entre sus pruebas, una anotación en el archivo personal del fiscal que acusó a Willingham. El documento sugiere que Webb recibió trato especial a cambio de su testimonio contra Todd, y la promesa de una sentencia menor por parte del Procurador del Condado de Navarro, John Jackson.
Los medios norteamericanos plantearon las polémicas que envolvieron el caso, que ha sido seguido por los estadounidenses. La revista The New Yorker, en una extensa investigación periodística publicada en 2009, expuso que las autoridades carecían de evidencias para condenar a Willingham, que ahora descansa bajo tierra.
En teoría, la inyección letal provoca una muerte instantánea y sin dolor. La mezcla de bromuro de pancuronio, tiopental sódico y cloruro potásico anestesia al preso, le paraliza los músculos y desencadena una parada cardiorrespiratoria. Aunque científicos de la universidad de Miami quebraron la hipótesis, con un estudio que demuestra que el método puede causar el fallecimiento por asfixia: algunos ejecutados sentirían dolor y serían conscientes de lo que les está ocurriendo.
El diario online El Mundo publicó una selección de lo último expresado por presos del Estado de Texas que fueron ejecutados. «Lo siento por todo el dolor que he causado durante todos estos años (…) No puedo cambiar el pasado. Lo siento, lo siento, pero no puedo cambiarlo». Dijo David Martínez, el preso que llevaba el número 999265, culpable del asesinato a tiros de una mujer de 27 años, y de sus dos hijos, de 3 y 6, y de un joven de 18. Según El Mundo, son raros los que reconocen sus delitos en el turno definitivo. Unos ruegan a Dios, otros repiten que son inocentes. De haber insistido en su inocencia, el resultado para David Martínez hubiera sido el mismo. Minutos después, unas sustancias que son veneno en las venas lo vaciaban de vida y lo silenciaban para siempre.
