El Gobierno de EE. UU. comenzó a sistematizar asistencia financiera y militar a Bolivia en 1946. En seis décadas el monto de la supuesta cooperación, canalizada a través de agencias y el Programa Estadounidense de Cooperación (Usaid), superó los 5 mil millones de dólares, según fuentes bolivianas.
![Foto: Tomado del Twitter de Evo Morales](https://www.trabajadores.cu/wp-content/uploads/2021/04/oea-bolivia.x10671.jpg)
Con la llegada de Evo Morales al poder, la relación neometrópoli-neocolonia cambió de color y en septiembre del 2008 ocurrió la ruptura total al conocerse de los vínculos de los agentes de la Agencia Antidrogas (DEA) y el embajador estadounidense Philip Goldberg con líderes opositores secesionistas de las gobernaciones de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, que intentaban boicotear el Gobierno de Morales y balcanizar el país.
En 1968 el presidente Richard Nixon definió la lucha contra las drogas como asunto de seguridad nacional para EE. UU., lo cual sirvió de pretexto a las agencias gubernamentales para expandirse en la región. Más tarde, en 1989, George Bush declaró que el Departamento de Defensa lideraría esa batalla en el exterior. Casi un decenio después, en 1998, William Clinton la nombró “primera prioridad en el hemisferio”.
Desde entonces la presencia de agentes de la DEA en Latinoamérica y el Caribe ha sido habitual, en algunas naciones parecen actores naturales de la sociedad y no intrusos. Tener al enemigo en casa conlleva, entre otros perjuicios, tolerar la aplicación extraterritorial de leyes estadounidenses y condicionar el ejercicio de la soberanía nacional a los intereses imperiales.
Bolivia se convirtió en el epicentro de las operaciones para erradicar los campos de coca en la región, operación asumida por la DEA, y en un símbolo de los afanes colonizadores de Estados Unidos. Documentos desclasificados posteriormente confirmaron que en realidad aquello fue una pantalla para experimentar la llamada “guerra de baja intensidad” que luego replicaron en otros países.
Con esa fachada operaba Goldberg, embajador de siniestro currículo: se desempeñó como jefe de la misión en Kosovo durante la guerra que desmembró Yugoslavia; permaneció en Bolivia hasta que Morales precipitó su salida; a Filipinas llegó en el 2013, donde tuvo fuertes controversias con el entonces mandatario Rodrigo Duterte; de febrero a julio del 2018 encabezó la embajada en La Habana y abrazó la absurda historia de los ataques sónicos para obstaculizar el acercamiento entre Cuba y EE. UU.; en el 2019 fue nombrado embajador en Colombia, nación en la que años atrás coordinó el Plan Colombia y las operaciones de espionaje que ello implica.
La expulsión de Goldberg, la DEA y la Usaid fue una medida soberana, valiente y oportuna que amplió el margen de gobernabilidad del presidente Evo Morales. En solidaridad, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, echó al embajador de EE. UU. de su país y pronunció la memorable frase de “Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Váyanse al carajo 100 veces”.
Cuando el 10 de noviembre del 2019 sobrevino el golpe de Estado que sacó del poder a Evo Morales y le arrebató una clara victoria al Movimiento al Socialismo, Bolivia no tenía embajador de EE. UU., pero allí estaba la Organización de Estados Americanos (OEA), que hoy puja para que sus cómplices queden impunes.
El pasado 15 de marzo la institución recomendó conformar una comisión internacional para investigar casos de corrupción, reformar el sistema judicial y liberar a los detenidos. Apenas 24 horas después los Comités Cívicos bolivianos hicieron suyos tales reclamos.
Tal como denunció en La Paz el periodista Freddy Morales del diario La Razón: “Pudo ser a la inversa para intentar algo de dignidad: que primero se pronuncien los Comités Cívicos y un día después la OEA apoye sus demandas. Pero ahí tenemos a la derecha defendiendo la posición de la OEA, y a otro sector de la población, incluido el Gobierno de Luis Arce, en campaña de denuncia de inaceptable injerencia en los asuntos internos”.
Es así que el ministerio de colonia yanqui, efectivo instrumento de injerencia, se ratifica como esa sombra imperial que permanece inamovible y voraz sobre Latinoamérica.