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Desde el 2005 Omar Rolando Díaz Domínguez se desempeñaba como especialista de actividades recreativas y deportivas en la empresa Campismo Popular de Camagüey, perteneciente al sector del turismo.
A fines del 2010 se realizó el proceso de reordenamiento laboral y, contrario a lo planteado por el comité de expertos, la plaza que ocupaba fue racionalizada, y él fue reubicado como especialista de Recursos Humanos, para lo cual recibió capacitación.
Cuenta el trabajador que en el 2012 se creó de nuevo la plaza, y el entonces director general (por sustitución) le informó que esta no se ocuparía hasta completar el departamento de Recursos Humanos, con el objetivo de no afectar el funcionamiento de la empresa.
A principios de ese propio año un nuevo director mostró su acuerdo con lo convenido al respecto por la dirección anterior, y también se incorporaron otros trabajadores a dicho departamento.
Narra en su carta Omar Rolando que a pesar de solicitar su liberación y no ser concedida, en junio el cargo le fue otorgado a un compañero que lo desempeñó hasta diciembre del 2012.
En misiva a este semanario, el afectado narró que en el presente año la plaza fue puesta en convocatoria, a pesar de que el Sindicato del Turismo en la provincia le comunicó al director que eso era una violación y que debía ofertársele primero a Omar Rolando, por lo antes expuesto.
El jefe de Seguridad y Protección de la empresa y él optaron por ella, y el comité de expertos lo propuso “como mejor opción”. No obstante, el director le comunicó que “no me la otorgará, ya que alguien le comentó que la habían racionalizado por mi falta de resultados”.
Buscando una respuesta que convenza —tal y como plantea al inicio de la misiva—, el trabajador pregunta: ¿Por qué dejar la decisión en manos de una sola persona? ¿Hasta qué punto el director de una empresa puede hacer caso omiso de lo planteado por el comité de expertos, por el sindicato; violar lo que está legislado?
(Tomado de la Redacción Buzón Abierto)
