Cargando...“Seremos muy firmes en el combate contra la corrupción y contra todas aquellas acciones que estén reñidas con la ley, vengan de donde vengan y cueste lo que cueste”, aseguró Martín Vizcarra el 23 de marzo del 2018 cuando fue investido como presidente del Perú luego de que Pedro Pablo Kuczynski se viera obligado a renunciar por el escándalo de pagos ilegales a la constructora brasileña Odebrecht.
Fue así que el vicepresidente se convirtió en el mandatario de un país afectado por una corrupción sistémica y endémica, según reconocen instituciones y expertos mundiales. El mal aqueja a diferentes esferas del poder, incluidos el legislativo (Congreso) y judicial (Consejo Nacional de la Magistratura, hoy sustituido por la Junta Nacional de Justicia).
Martín Vizcarra, ingeniero civil de 57 años, debía completar apenas los dos años y medio que restaban al período presidencial para el que fue electo en 2016, como compañero de fórmula de Kuczynski; pero no se descarta que la crisis política y la inestabilidad que han marcado las últimas dos décadas peruanas precipiten su caída.
Las disputas con el Congreso, de mayoría opositora a Vizcarra, aparecieron desde el primer momento. En septiembre del 2018 el mandatario amenazó por primera vez con disolver el Parlamento si persistía el boicot a sus reformas anticorrupción.
Tres meses más tarde, ganó el apoyo del 90 % de los peruanos en referendo para impulsar reformas a los sistemas de justicia y político. También estuvieron de acuerdo en prohibir la reelección de congresistas. Los parlamentarios tuvieron que callar, al menos temporalmente.
En julio del 2019, mientras Lima y otras ciudades acogían la celebración de los Juegos Panamericanos, el mundo siguió, en directo, un nuevo clímax en la gobernabilidad. “Nos vamos todos”, decía Vizcarra e invitaba con ello a que el Congreso renunciara en pleno, junto con él, y adelantar así elecciones presidenciales y parlamentarias. El legislativo no aceptó.
En esa tirante situación, con altibajos, llegó el 30 de septiembre, fecha en que el presidente disolvió al Congreso y este, a su vez, suspendió al presidente. Insólito. Tres meses y medio después el Tribunal Constitucional dio la razón a Vizcarra.
En enero del 2020 Perú escogió un nuevo Congreso. El mandatario quedó allí sin un partido o coalición que lo respaldara directa e incondicionalmente, pero varios de sus enemigos también salieron derrotados. Los fujimoristas, por ejemplo, impactados por procesos judiciales contra su líder Keiko Fujimori, perdieron la hegemonía y se convirtieron en fuerza minoritaria a ese nivel.
Pero la lucha por el poder que tanto ha desgastado a la nación no había terminado. El pretexto de ahora es la supuesta contratación irregular del cantante Richard “Swing” Cisneros.
El músico impartió conferencias motivacionales a trabajadores de la cultura y organizó eventos, labor por la cual recibió un pago que oscila entre 44 mil y 50 mil 000 dólares. Lo sospechoso, según la prensa y políticos locales, es que no estaba capacitado para ese trabajo y se sospecha que fue contratado en agradecimiento al apoyo que brindó a la campaña presidencial del dueto Kuczynski-Vizcarra que se alzó con la victoria en el 2016.
El tema provocó que en mayo renunciara la ministra de Cultura, Sonia Guillén, y se abrió una investigación. La pasada semana un legislador opositor, encausado por corrupción, reavivó el caso al divulgar tres audios en los que se escucha a Vizcarra y a dos de sus colaboradoras coordinar qué decir cuando se les preguntara acerca las cinco visitas que el cantante realizó al Palacio de Gobierno. La propuesta era reconocer solo dos encuentros o negarlos todos, versión esta última que finalmente usaron.
La “mentirilla” condujo a Vizcarra ante el Congreso. Este viernes se discute allí su destitución por “incapacidad moral permanente”.
Si la moción obtiene con la aprobación de 87 de los 130 miembros del Parlamento peruano, se establecerá la “vacancia constitucional” del jefe de Estado, ante lo cual asumiría como mandatario Manuel Merino, actual jefe del Congreso, quien el fin de semana pasado intentó coordinar su futuro proceder con la cúpula militar, acción altamente censurada en todos los ámbitos y que hizo dar un paso atrás a algunos de los congresistas hasta entonces favorables a la destitución.
Mientras esto sucede, Perú aparece entre los tres países de la región que más empleos ha perdido desde marzo hasta la fecha producto de la pandemia, con el 39 por ciento. Completan la lista Chile y Costa Rica.
La nación pluricultural, pluriétnica, multilingüe, heredera del grandioso imperio inca, encabeza además, la relación de los de mayor mortalidad por cada 100 mil habitantes debido al SARS-Cov 2. En la región solo es superada por México en cantidad total de enfermos y muertes.
A pesar de la cuarentena nacional decretada desde el 16 de marzo, Perú tiene la escalofriante cifra de 750 mil contagiados y más de 31 mil fallecidos, del total de 32, 5 millones de habitantes. Las causas del descalabro están, entre otras razones, en el precario sistema sanitario, la baja inversión en salud, la pobreza, la alta informalidad laboral y el hacinamiento en los hogares, temas que merecerían una gestión mucho más eficiente por parte del Gobierno si este pudiera concentrarse y superara las luchas intestinas por el poder.
