Cargando...El año 1960 fue de definiciones precisas en la política de los Estados Unidos frente a la Revolución Cubana. Si bien se aprobó un plan de acción encubierta en marzo, era imprescindible para los grupos decisores en el vecino país definir la manera en que habrían de llevar a cabo ese plan, para lo cual fueron varios los caminos –internos y externos– que diseñaron. Entre ellos se encontraba la utilización de la Organización de Estados Americanos (OEA), nacida en 1948 como parte del reajuste del sistema panamericano de posguerra y que ya había tenido alguna actuación en correspondencia con los intereses estadounidenses.
Los hacedores de política exterior en los Estados Unidos dedicaron atención particular, entre otros asuntos, a buscar mecanismos que posibilitaran ganar apoyo dentro de la OEA para condenar a la Revolución Cubana, pero había un inconveniente: los países latinoamericanos no parecían estar dispuestos a mostrarse hostiles ante el proceso cubano que había despertado muchas y amplias simpatías populares en el continente. Para los gobiernos de nuestros países podía ser conflictivo alinearse en una postura enemiga en aquel contexto, independientemente de las disímiles posiciones que tuvieran. Por tanto, esa era una dificultad que había que resolver.
En los primeros meses de 1960, en las discusiones dentro del establishment, con frecuencia se puso de manifiesto la situación apuntada, sobre todo después de aprobado el “Plan de acción encubierta contra el régimen de Castro” el 17 de marzo, en el cual se decía que inevitablemente habría una crisis vinculada a las acciones drásticas en o alrededor de Cuba que pudiera provocarse por circunstancias más allá del control de los Estados Unidos, por lo que se debía proceder para mejorar su capacidad de actuar en tal crisis.[1] Como parte de la preparación para la ejecución del plan, se contempló la necesidad de utilizar a la OEA, pero el reto era cómo hacer para ganar su apoyo.
El 16 de marzo, cuando se estaba analizando el plan, Samuel E. Belk, del Consejo de Seguridad Nacional, ya pensó en el involucramiento de la OEA cuando planteó en un Memorándum sobre Cuba dirigido al asistente especial de Seguridad Nacional, la posibilidad de un conflicto por el territorio de la base naval de Guantánamo y preguntaba, entre otras posibilidades, si se podía solicitar la asistencia de representativos de la OEA en Cuba en apoyo a los ciudadanos de los Estados Unidos o procurar su parecer; mas el 17 de marzo ya el secretario de Estado, Christian Herter, decía al presidente Dwight Eisenhower en Memorándum sobre “Status de posible acción de la OEA en Cuba”, que el Departamento, la CIA y la USIA trabajaban en un programa acelerado de preparación de la opinión pública y gubernamental en América Latina, para apoyar una acción de los Estados Unidos bajo la Resolución anticomunista de Caracas y abrir otras vías a través de la OEA, aunque reconocía la dificultad por no tener evidencias claras para convencer a los “escépticos” gobiernos latinoamericanos y la opinión pública sobre ello. Así respondía a una interrogante presidencial sobre el asunto. El tema estaba planteado.
Ese día 17 de marzo, en la conferencia con Eisenhower donde este aprobó el plan –pero que todos debían afirmar que él no lo había oído– y dijo que se debía “socavar el prestigio y la posición de Castro”, Herter comentó sobre el uso de la OEA en la situación cubana y el Presidente expresó que le gustaría hacer algún trabajo para que los países de América Latina conocieran que los cubanos estaban iniciando ataques al pueblo estadounidense, lo que obligaría a tomar acciones. Este asunto se valoró en esa reunión y a la pregunta del vicepresidente, Richard Nixon, acerca del apoyo posible en la OEA, la respuesta fue que eso no estaba claro y el propio Eisenhower señaló que los gobiernos no podían oponerse con suficiente fuerza porque estaban debilitados por “la potencialidad de las acciones del populacho en sus propios países a quienes marca Castro con su llamado demagógico.” Al margen de la manipulación de la información que se evidencia en ese debate, Eisenhower planteaba algo clave: el trabajo estaba en “obtener el apoyo de la OEA”. Este era un objetivo claro, pero había que encontrar las vías para lograrlo. En las evaluaciones que se hicieron en aquella reunión, se consideró que la vía era utilizar la amenaza del “comunismo internacional” plasmada en la Resolución de Caracas, adoptada en 1954 como parte de la preparación del golpe de Estado en Guatemala, asunto que resultó reiterativo en esos primeros tiempos.
El tema de Cuba, la amenaza del comunismo internacional, de la Unión Soviética, y la atracción de los gobiernos latinoamericanos para apoyar la condena a Cuba en la OEA pasarían a formar parte importante de los análisis y discusiones en diferentes instancias de la formulación de política en los Estados Unidos entre los meses de mayo y julio. Para los dirigentes estadounidenses este fue un tema de primera importancia en su política anticubana, pero la interrogante se mantenía: ¿cómo lograrlo? Había que trabajar en ese sentido.
En los intercambios acerca del tema planteado, se hizo mucho énfasis en los intentos de expansión del “comunismo internacional” en el continente, sobre lo cual hubo informes también desde la CIA, donde se planteaba que esos intentos utilizaban la “lucha de liberación” como vía para atraer partidarios. Es decir, que los movimientos nacional liberadores que emergían en aquel tiempo eran clasificados como comunistas o influidos por el comunismo soviético, lo que permitía demonizarlos en el contexto de la Guerra Fría. No obstante, esto no era suficiente para decidir el apoyo latinoamericano a los Estados Unidos en la OEA, había que hacer más.
La continuidad en el tratamiento de la atracción de la OEA llevó a consideraciones diversas. El 23 de abril, el secretario de Estado, Herter, en un memorándum sobre el estado de la posible acción de la OEA en Cuba, planteaba la necesidad de llevar la visión del asunto más allá de una controversia bilateral Estrados Unidos-Cuba, para mostrarla como de interés internacional por la penetración comunista. El 11 de mayo, en Memorándum donde se analizaba una legislación azucarera como acción económica contra Cuba, el subsecretario de Estado para asuntos interamericanos, Roy Rubboton, hablaba de estar en una fase donde se utilizarían presiones económicas para engendrar inconformidad y descontento público y presentarlo a “las masas cubanas como responsabilidad de Castro”. Había que trabajar en todos los frentes, evidentemente.
El 1º de junio, Rubotton escribió al embajador en Cuba, Philip Bonsal, que en las discusiones en el Consejo de Seguridad Nacional y con algunos secretarios, había quedado clara la “firme decisión” del Gobierno de hacer todo lo posible para desacreditar los hechos sobre el régimen de Castro en los medios de información pública en las repúblicas americanas y ante los gobiernos latinoamericanos. Consideraba que esos servicios no habían hecho un trabajo suficiente para influenciar en la opinión latinoamericana, ni se había trabajado en ese sentido por los equipos diplomáticos en La Habana hacia sus gobiernos, por lo que era necesario trabajar, con discreción, pero con un papel más activo con el resto del hemisferio, pues no podían esperar que las demás repúblicas americanas vieran la situación igual que los norteamericanos. A partir de esta consideración, le exponía las acciones que se estaban tomando en esa dirección. Rubotton insistió en la importancia de esto para disminuir los “sentimientos pro-Castro” en el continente y lo que debía hacerse a través de la Embajada en ese sentido.
El 10 de junio ya se vio la posibilidad de emprender la acción, pues se llevaría a la OEA el tema de Rafael Leónidas Trujillo, el dictador dominicano, y podía aprovecharse ese momento para incluir el tema cubano y del comunismo, de acuerdo con una conversación de Herter con Eisenhower, al tiempo que ya aparecía la posibilidad de que el primer ministro de Perú apoyara a los Estados Unidos en ese propósito. No obstante estas señales, no había certeza del apoyo necesario. En una reunión especial del Consejo de Seguridad Nacional del 22 de junio, todavía esa era la impresión dominante, que se acompañaba de la valoración de que la situación económica de Cuba no se había deteriorado de manera significativa, por lo que Nixon preguntó sobre medidas específicas que debían tomarse. El subsecretario Dillon mencionó tres: la primera era la reducción de la cuota azucarera y su redistribución en América Latina, la aplicación de la Ley de comercio con el enemigo donde habló del rechazo a refinar petróleo soviético en las refinerías y el boicot al uso de petróleo de esa procedencia. En este asunto se presentó cierta duda por los artículos 15 y 16 de la Carta de la OEA que condenaban tales acciones, por lo que había que trabajar con sumo cuidado en ese campo, según acotó el secretario del Tesoro, Robert Anderson. También se habló de incrementar la mutua asistencia con algunos países de América Latina, particularmente con los que fueran más cooperativos. Ese día ya se utilizó un lenguaje de mayor fuerza para llegar a decisiones, pues Nixon dijo que, de lo contrario, serían rotulados como “Uncle Stucker”. Las aproximaciones que habían hecho a gobiernos latinoamericanos no arrojaban un buen escenario para los propósitos en la OEA, por lo que se planteaba actuar con más energía.
En los espacios decisores se insistió en lograr la acción concertada con los gobiernos latinoamericanos contra el “régimen de Castro”. A partir de esta convicción y la búsqueda de mecanismos para atraer el apoyo necesario, se tomaron medidas como: en mayo se iniciaron las trasmisiones radiales desde Radio Swam, el 6 de julio se rebajaron 700 000 toneladas de la cuota cubana de azúcar y se dieron aumentos a otros países del área como Costa Rica y otros, y el 11 de julio Eisenhower anunció la concesión de un empréstito de $500 000 000 para “el desarrollo” en América Latina exceptuando a Cuba. Se habían dado pasos fuertes para llegar a la OEA.
Con este escenario preparado, entre el 16 y el 29 de agosto se celebraron la VI y VII conferencias de Cancilleres en Costa Rica. La VI estaba referida a República Dominicana y Trujillo, pero en la VII Conferencia se aprobó por mayoría la “Declaración de San José de Costa Rica” que condenaba la intervención de una potencia extracontinental en los asuntos hemisféricos y mencionaba, específicamente a “las potencias sino soviéticas”. No pudieron imponer una condena a Cuba de manera directa, pero lograron el primer paso en la utilización de la OEA. Era un triunfo parcial; pero que abría el camino para involucrar a la OEA en la política anticubana.
.[1] Todos los documentos citados están tomados de Foreign Relations of the United States, 1958-1960, Vol VI, Washington, 1991.
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Profesora titular
