Los republicanos frenan la reforma migratoria, una de las prioridades del presidente Barack Obama, quien atrajo el voto hispano en el 2008 con la promesa de resolver la situación de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos.
El respaldo de este grupo al Presidente estadounidense, que en el 2011 era del 70% y le permitió ser electo para un segundo mandato de cuatro años, actualmente se ha reducido a tan sólo el 47 por ciento.
El mandatario, al asumir en enero de ese año, hizo promesas de resolver la situación de los indocumentados y llamó a la unidad nacional. No obstante, el máximo órgano legislativo está dividido entre republicanos y demócratas que no se ponen de acuerdo para solucionar los grandes problemas de su país. No por casualidad la gestión del Congreso es aprobada sólo por el 9% de la población.
El proyecto de ley aprobado en junio por el Senado, con mayoría demócrata, si bien no cubre las aspiraciones de los inmigrantes, incluye una hoja de ruta hacia la naturalización, y un diseño para la seguridad fronteriza. Se comenta además, que si el proyecto se convierte en ley, la economía de Estados Unidos crecerá un 5 % en dos décadas.
Recientemente, Obama pidió a la Cámara de Representantes, dominada por republicanos, aprobar la reforma migratoria antes de concluir el año 2013, lo que parece que no sucederá, no obstante, no aprobarla puede dejar al Partido Republicano en una posición de debilidad para volver al control de la Casa Blanca en el 2016.
Muchos de los inmigrantes de Estados Unidos, en su mayoría latinoamericanos, viven en el país sin permiso ni documentos legales; se les dificulta aprender inglés y encontrar empleo excepto aquellos que los norteamericanos no quieren, con duras condiciones de pago y que atentan contra la salud.
El año pasado, Obama admitió que su mayor fracaso fue no haber logrado la reforma migratoria, sin embargo, bajo su administración iniciada en 2009, se han reportado cifras significativas de expulsiones, sólo en el 2012, se registraron 409 mil 849.
La deportación es una posibilidad para todos los indocumentados que viven en Estados Unidos, la tragedia es mayor para las familias que en muchas ocasiones supone la separación de padres inmigrantes e hijos ciudadanos estadounidenses. La orden puede estar acompañada de un brazalete electrónico que monitorea los movimientos, lo que impide trabajar aunque sea de manera ilegal.
La mayoría de los estadounidenses favorece la aprobación de una nueva reforma migratoria, la última se produjo en 1986, bajo el gobierno del republicano Ronald Reagan.
Crecen las presiones de organizaciones sindicales, empresariales y de líderes religiosos. Estados del país discrepan sobre el problema, y las comunidades de inmigrantes que recibieron la ciudadanía norteamericana defienden a los indocumentados.
Aunque se considera necesario adoptar una política a favor de los inmigrantes, ¿será acaso que los que viven en las sombras deben seguir navegando en las aguas del forcejeo entre republicanos y demócratas?, tal vez deban esperar hasta el 2017, para que el nuevo inquilino de la Casa Blanca apruebe una reforma migratoria que los legalice.