Venezuela: finanzas bajo asedio

Venezuela: finanzas bajo asedio

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Por Walter Frieiro, estudiante de Periodismo, y Yimel Díaz Malmierca

El llamado “socialismo del siglo XXI” se consolidó como proceso en Venezuela durante los años de Hugo Chávez Frías en la presidencia, entre el 2/02/1999 y el 5/03/2013. La muerte del líder ofreció al Gobierno de Estados Unidos la coyuntura perfecta para lanzar una ofensiva en varios frentes en pos de derrocar a Nicolás Maduro Moros, relevo político encargado de darle continuidad al proyecto bolivariano.

Foto: Russia Today
Foto: Russia Today

Una de las primeras medidas para afectar la economía del país fue accionar sobre la producción de petróleo mundial con el propósito de reducir los precios, de paso se afectaban también Rusia e Irán, viejos enemigos de EE.UU.

En el caso de Venezuela, la reducción de las ganancias del sector energético impactó fuertemente en el producto interno bruto (pib), contrayéndolo hasta cifras históricas y sacando a la luz la fragilidad del sistema económico monoproductor heredado de la IV República.

Datos publicados recientemente por el Banco Central de Venezuela corroboran la caída del pib en más del 47 %  entre el 2013 y el 2018. La inflación alcanzó el año pasado la cifra histórica de 130 mil 60 %, según la misma fuente.

El 8 de marzo de 2015 el entonces presidente Barack Obama había firmado una orden ejecutiva en la que calificaba a Venezuela de “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de EE.UU”, ese fue el preámbulo del complejo escenario que vendría después pues concedió poderes excepcionales al mandatario para imponer sanciones, congelar bienes y arrebatar inmuebles.

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, en enero del 2017, reforzó esa hostilidad hacia Caracas.

Mientras tanto, también en el 2017, varias ciudades fueron asoladas por las llamadas guarimbas, revueltas callejeras con las que la oposición pretendió sembrar terror político. Además de los perjuicios a los servicios públicos y a las propiedades, tanto estatales como privadas, hubo al menos 29 personas incendiadas, 9 de ellos fallecidas, según Jorge Arreaza, canciller venezolano.

La contestación de Maduro fue convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, la cual fue electa, por voto popular, el 30 de julio de 2017.  El gobierno estadounidense respondió a ello con nueva y severas sanciones que contemplaban la prohibición de negociar emisiones de deuda y bonos con la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).

Salud, ¿víctima colateral?

La salud pública, uno de los pilares de la Revolución Bolivariana, ha sido atacada con saña. En el 2017 el banco suizo UBS negó el dinero necesario para la compra de vacunas, mientras la banca internacional bloqueaba 8 millones de euros destinados a insumos para diálisis, acción que afectó el tratamiento a no menos de 15 mil pacientes.

Infografía: Telesur

El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos venezolano, Larry Devoe, aseguró que cinco millones, de los mil 567 millones de euros retenidos por el Novo Banco de Portugal, estaban destinados a costear el tratamiento de una veintena de enfermos de leucemia.

“El bloqueo económico y financiero ha impedido asegurar un suministro continuo de medicamentos especializados. Se embargan los pagos a proveedores y se congelan recursos destinados para tal fin”, subrayó Davoe.

En noviembre del propio 2017 también fueron rechazadas al menos 23 operaciones financieras destinadas a la compra de alimentos, insumos básicos y medicamentos por 39 millones de dólares. Además fueron cerradas 19 cuentas bancarias venezolanas en el extranjero, hecho que dificultó aún más el pago a acreedores.

2018, ¿año de la escalada financiera?

El cerco económico y financiero contra Venezuela se reforzó durante el 2018. El Departamento del Tesoro de EE.UU. decidió ampliar las sanciones y ratificó su prohibición de renegociar la deuda de Pdvsa, ampliándola esta vez hasta la emitida antes del 25 de agosto de 2017.

Infografía: Telesur

En febrero, Maduro anuncia el Petro, moneda virtual respaldada por las reservas de petróleo, oro, gas y diamantes de Venezuela. El propósito era, entre otros, restablecer el equilibrio económico y reducir la dependencia del dólar.

Al mes siguiente ya les habían impuesto seis medidas coercitivas para vetar el uso de la criptomoneda a nivel ciudadano; y, sobre todo, impedir su empleo en la reestructuración de la deuda y en la repatriación de las ganancias generadas por Citgo Petroleum, empresa del Estado venezolano, filial de Pdvsa, afincada en el corredor energético de Houston.​

En su obsesiva persecución, EE.UU. vetó además a sus nacionales la posibilidad de emplear el oro venezolano en cualquier transacción económica o comercial.

2019: la guerra sigue

La reelección de Maduro como presidente para el período 2019-2025, así como la autoproclamación de Juan Guaidó, dibujaron un nuevo pico en la conflictiva relación entre los dos Estados.

El mismo día que Guaidó llevaba su personaje al proscenio, el 23 de enero del 2019, se rompieron las relaciones diplomáticas con EE.UU.

Días después, la Administración Trump aprobó nuevas sanciones contra Pdvsa, entre ellas el congelamiento de 7 mil millones de dólares en activos, pertenecientes a Citgo. A ello habría que sumar 11 mil millones de dólares que dejarán de recibir debido a las afectaciones sufridas por las exportaciones del sector petrolero. O sea, el Gobierno Bolivariano ha sido privado del activo económico más importante de la nación.

Como si no bastara, el Departamento del Tesoro de EE.UU. prohibió las operaciones del Banco Central de Venezuela (BCV) y la utilización del dólar como divisa de cambio en el extranjero para la compra de medicinas, alimentos e insumos básicos para la población.

El Banco de Inglaterra, por su parte, anunció la confiscación de mil 359 millones de dólares en oro que Venezuela  tenía en sus fondos.

¿Cómo responde Venezuela?

El Ejecutivo venezolano ha anunciado la implementación de un Plan Integral de Atención a Víctimas de la Guerra Económica destinado a  los sectores vulnerables de la sociedad.

Según el vicepresidente de Planificación y Desarrollo, Ricardo Menéndez, la iniciativa prevé reforzar las políticas sociales comunitarias, defender el modelo de desarrollo impulsado por el Estado, adecuar métodos de trabajo y gestión estatal, y revisar el funcionamiento integral de las instituciones para lograr una mayor coordinación y eficiencia.

En paralelo, Maduro convocó al pueblo a sumarse a las Jornadas Nacionales de Diálogo y Rectificación para formular propuestas que permitan profundizar los cambios que demanda la Revolución Bolivariana y darle cabida al ejercicio del verdadero poder ciudadano.

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