Por Orlando Oramas León
El bloqueo económico, financiero y comercial más largo de la historia contra nación alguna se confirmó como tal, al cumplirse 57 años de la aplicación oficial de esta política criminal del gobierno de Estados Unidos contra Cuba y su pueblo.
Tal aniversario sucede cuando la administración del presidente Donald Trump le da nuevos apretones de tuerca al cerco contra la isla, que ha resistido a pie firme la obstinación de Washington de rendir por hambre, enfermedades y necesidades a millones de cubanos, sostenes del proceso revolucionario.
El bloqueo cumple otro año más a despecho del repudio de la comunidad internacional, que por vigésimo sexta ocasión votó abrumadoramente por el fin de esta práctica violatoria de los derechos humanos y de los principios en que se basa el sistema de relaciones internacionales.
Ocurrió el 1 de noviembre último en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde 189 de los 193 estados miembros de la ONU votaron a favor de una resolución presentada por Cuba al respecto.
En la ocasión el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, expuso las consecuencias de tal asedio para su pueblo y ejemplificó con hechos concretos que ponen en peligro la vida de niños gravemente enfermos y a quienes Washington niega el acceso fármacos que comercializan compañías estadounidenses.
Refirió además los orígenes del acoso a la mayor de las Antillas, en particular el “infame memorándum” del entonces subsecretario de Estado, Lester Mallory, con fecha tan temprana como el 6 de abril de 1960, en el que descarnadamente propone medidas para hacer víctimas a los cubanos de todo tipo de penurias.
Ello resultó el prólogo de la Proclama Presidencial 3447 (27 FR 1085) que firmara, según datos históricos, el presidente John F. Kennedy el 3 de febrero de 1962 y por la cual se impusieron sanciones y prohibiciones contra La Habana, pero también contra compañías de Estados Unidos, que luego se ampliaron a aquellas de terceros países que realicen negocios o transacciones con Cuba
Desde entonces el comercio, las finanzas y la economía resultaron armas para la guerra contra Cuba, complementarias a la agresión armada, léase la invasión de Playa Girón, y el apoyo a bandas armadas y grupos terroristas que tuvieron el respaldo de la Agencia Central de Inteligencia y otros organismos oficiales estadounidenses.
Tales acciones cobraron la vida a unos tres mil cubanos y dejaron lesiones y discapacidades a otros tres mil.
Las perdidas para el país suman más de 134 mil millones de dólares a precios corrientes, aunque la cifra sube anualmente en la medida en que la Casa Blanca, y el Departamento del Tesoro, en particular, se empeñan en reforzar el castigo a los cubanos, pues tal proceder impacta en todos los ámbitos de la vida nacional.
Expresión de ello es la decisión del presidente Trump de suspender por sólo 45 días la aplicación del título III de la Ley Helms-Burton, que marca la extraterritorialidad del bloqueo a Cuba y afecta a otros países, incluso aliados de Estados Unidos, y sus empresas.
Tal disposición provocó el rechazo del gobierno británico, que además reiteró que las compañías del Reino Unido tienen prohibido obedecer las sanciones extraterritoriales dispuestas por la Helms-Burton.
Así lo subrayó el ministro de Estado para Europa y América Latina, Sir Alan Duncan, al ser interpelado al respecto en la Cámara de los Comunes, donde recordó que las empresas británicas están amparadas por la Ley de Protección de los Intereses Comerciales aprobada en 1980.
Son los gajes del bloqueo, cuyo aniversario subraya la criminalidad de tal política, su repudio mundial y, a su vez, la resistencia de los cubanos, que se aprestan a aprobar una nueva carta magna, la cual refrenda el socialismo como el modelo socio-económico y político de Cuba, a apenas 90 millas de la mayor potencia mundial.