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‘’Ahora tenemos que adaptarnos a las nuevas condiciones. Los tiempos han cambiado y necesitamos de esa Ley que adecue lo que hacemos a las exigencias del proceso de actualización del modelo económico”, dijo el ingeniero Valentín Reyes García, de la UEB Comercial, perteneciente a la Empresa Eléctrica de Las Tunas.
Su intervención fue respuesta al muy debatido tema relacionado con la prestación del servicio social y las garantías de plazas para los graduados de diferentes enseñanzas, pues “el Estado no obliga a nadie, dijo, sino que hace ofertas y las da en correspondencia con las demandas, y es ahí donde fallamos porque no sabemos planificar”, y reclamó: “Cada organismo debía ser dueño de las escuelas que preparan a sus obreros calificados.”
Y la situación actual le da la razón. “Los sectores olvidaron por mucho tiempo sus necesidades”, aseveró José Cabrera, secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Energía y Minas, quien acompañó en el análisis a los afiliados de esa sección sindical y la del Centro Integral de Atención al Cliente.
“Hoy, argumentó Cabrera, nos faltan técnicos de control, linieros…porque no se ha planificado la preparación en correspondencia con las prioridades de cada rama.”
Sin embargo, otros criterios como los de Elina Estrada y Magdelín López recordaron: “El Estado invierte finanzas y los estudiantes, los jóvenes tiempo, entonces merecen la oportunidad de poner en práctica lo aprendido. Qué se les dé trabajo”, insistieron.
Aunque este es un anteproyecto de ley que regula las relaciones entre el empleador y el empleado, el colectivo abogó por una mayor presencia del sindicato en la toma de decisiones, fundamentalmente en lo referido al otorgamiento de licencias no retribuidas a las que consideraron la obligatoriedad administrativa de darlas ante casos de necesidad demostrada.
Los afiliados de este sector como pocos, por el riesgo en el desempeño laboral, miraron atinadamente lo dispuesto en materia de capacitación y superación, examinaron los aspectos que las diferencian y clamaron porque el Ministerio de Educación atempere los horarios y frecuencias desplazándolos para las noches y los fines de semana, de manera que los intereses personales no pugnen con los empresariales.
Apoyada fue la intervención de Fraikel Parra cuando dijo: “Por qué retener por cuatro meses a un trabajador que solicita voluntariamente el cese de su relación laboral. Si ya no quiere estar más en esa actividad entonces se convierte en un freno que entorpece el normal desarrollo de los procesos.” Y con la anuencia de todos propuso reducir a 30 días ese compás de espera.
Después de esos y otros análisis, los trabajadores mostraron su convencimiento de que una ley con estas esencias es una mirada al futuro desde el presente que construimos, porque prevé las transformaciones por venir.
