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Acá esperaremos hasta que lleguen los representantes del nuevo Gobierno, declaró este jueves en La Habana el Comandante Pablo Beltrán, jefe de la delegación de Diálogos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, quien reiteró la disposición a seguir trabajando por la paz junto al equipo que sea designado por el mandatario Iván Duque quien asumirá la presidencia del país el venidero 7 de agosto.
Durante una conferencia de prensa ofrecida por los representantes del ELN para abordar el cierre del sexto ciclo de las negociaciones, reiteraron su interés en pactar un alto al fuego que incluya “alivios humanitarios” para los habitantes de las comunidades implicadas en un conflicto armado que lleva más de 6 décadas y ha costado más de 260 mil víctimas, la mayor parte, civiles.
“El cese al fuego que estamos negociando y del cual ya tenemos avanzado hasta un 80 % — dijo el Comandante Bernardo Téllez— debe ir más allá de la suspensión de las operaciones armadas, debe representar un alivio en las condiciones humanitarias que vive el país, las cuales se han agravado en regiones como el Chocó, Catatumbo, Cauca y en las serranías de San Lucas”, territorios donde la matanza de líderes sociales y medioambientalistas supera las 400 víctimas desde noviembre de 2016 a la fecha.
Lo más difícil ya lo hemos compartido con Naciones Unidas, declaró Beltrán en días pasados, es la indignación y rechazo que hay en la sociedad colombiana por el asesinato creciente de líderes comunitarios y activistas de izquierda; esto le preocupa a la ONU (que participa en la negociación) y esperamos a que tan grave problema lo pueda aliviar un futuro cese al fuego bilateral entre el Gobierno y el ELN.
También se comentaron las labores vinculadas a la búsqueda de un marco legal de referencia común para pactar un cese al fuego “robusto” que incluya los principios del derecho internacional humanitario y la desactivación de las minas sembradas en la zona del conflicto.
Por el momento se negocia el desminado en tres veredas en el municipio de Nariño, dijo Téllez quien desde su cuenta en Twitter señaló que “un cese de acciones bélicas debe propiciar nuevos acuerdos humanitarios”.
El jefe del equipo negociador del ELN que aborda el punto de la participación social en la construcción de la paz, encabezado por el Comandante Aureliano Carbonell, explicó que este asunto se ha evaluado desde la perspectiva territorial y la temático-sectorial-poblacional, para incluir los reclamos sociales y de paz de los trabajadores minero-energéticos, los agrarios-campesinos, las mujeres y las minorías étnicas, entre otros.
Los acercamientos entre el gobierno y el ELN comenzaron de forma discreta en el 2012. Se hicieron públicos en febrero de 2017, en Quito, Ecuador. Desde allí anunciaron más tarde un histórico cese al fuego (bilateral, temporal y nacional) que duró desde octubre de ese año hasta enero del 2018.
Posteriormente, cuando ya se había iniciado el quinto ciclo de negociaciones, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno decidió suspender a su país como sede, condición que asumió La Habana, que ya tenía la experiencia de haber hospedado el largo proceso entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep) y el Gobierno, que culminó con la firma en Cartagena de Indias del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
A finales de julio de este año la canciller colombiana María Ángela Holguín viajó a La Habana acompañada por el alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera y otras personalidades de su país. Fue recibida por el ministro de Relaciones Exteriores cubano Bruno Rodríguez Parrilla y abordaron asuntos relacionados con los diálogos de paz en un clima de cordial camaradería, según afirmó la página web institucional.
Colombia: Estadísticas de muerte
Un informe oficial sobre el conflicto armado en Colombia divulgado este jueves en Bogotá asegura que la guerra ha dejado 262 mil 197 muertos en seis décadas, el 82% de ellos civiles.
“La gran mayoría de víctimas fatales que dejó la guerra eran miembros de la población civil: 215 mil 5 civiles frente a 46 mil 813 combatientes”, indicó el estatal Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), según cable de la agencia AFP.
Entre 1996 y 2004 ocurrieron más de 200 mil muertes, explicó a medios radiales el sociólogo Andrés Suárez, quien lideró la investigación.
Los paramilitares de extrema derecha, con 94 mil 754 homicidios, fueron los mayores presuntos responsables; mientras que a las guerrillas (Farc y ELN) se les responsabiliza de 36 mil 683; y a los agentes estatales 9 mil 804, apuntó el informe.
El resto de los asesinatos son achacados a grupos derivados de los procesos de desmovilización de las milicias de extrema derecha que tuvieron lugar en el 2006, así como a actores no identificados y desconocidos.
El CNMH publicó hace seis años el primer informe oficial de este tipo, titulado ‘Basta ya, en el que daba cuenta de 220 mil muertos entre 1958 y 2012.
El reporte divulgado este jueves amplía el rango de 1958, cuando finalizó la violencia entre liberales y conservadores que dejó cientos de miles de muertos, a 2018, e integró nuevas fuentes, por lo que el número de asesinatos aumentó.
El organismo reveló nuevas cifras de secuestros, uno de los crímenes más repudiados por los colombianos, delito pasó de tener 27 mil 23 víctimas a 37 mil 94, la gran mayoría imputada a las Farc y el ELN. También se incrementaron los afectados por violencia sexual: 15 mil 687 entre 1958 y 2018, frente a los mil 754 reportados en el informe de hace seis años.
La entidad también documentó los casos de los llamados ‘falsos positivos’, un eufemismo condenado internacionalmente para referirse a las ejecuciones de civiles cometidas por la fuerza pública entre 2002 y 2008, en medio de la feroz persecución liderada por el expresidente Álvaro Uribe: 2 mil 292 casos, precisó Suárez.
La cifra de desaparecidos se mantuvo en 80 mil 514, la cual casi triplica la de dictaduras como la de Argentina, Brasil y Chile en el siglo XX (unas 32.300 según datos oficiales en esos países).
El informe será entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, entidades creadas tras el pacto suscrito a finales de 2016 por el gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc-EP.
