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Como parte de la agenda de trabajo de esta décima sesión ordinaria de la VIII legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, hoy también el Tribunal Supremo Popular rindió cuenta de su gestión, desde que lo hiciera en diciembre del 2011 en este propio contexto.
A propósito de ello, el presidente del TSP, Rubén Remigio Ferro, caracterizó la actividad jurisdiccional antes del triunfo de la Revolución y brindó elementos importantes de su quehacer en el presente.
En el quinquenio 2012-2016 ingresaron en los tribunales populares en el país (en todas sus instancias y materias), un total de 949 mil 68 asuntos y en ese mismo período resultaron tramitados y resueltos por esos órganos 924 mil 685, lo que representa el 97.4 % de los recibidos, lo cual consideró como un “resultado satisfactorio”.
Apuntó que del total de los asuntos resueltos, el 84 % se tramitaron y concluyeron en los términos y plazos que para la actuación de los tribunales prevén los procedimientos legales establecidos, mientras que en los restantes se produjeron dilaciones, algunas por razones objetivas justificadas y otras por deficiencias e insuficiencias en el desempeño de jueces y el resto del personal judicial.
Al hacer una caracterización de los asuntos que se juzgan, aseveró que en la justicia penal continúan prevaleciendo en número los casos de tipicidades delictivas de robo con fuerza, hurto, lesiones, portación y tenencia ilegal de armas, entre otras.
En materia de derecho civil, aumentan las demandas de contenido económico y patrimonial. En tanto, en los procesos de jurisdicción administrativa sobresalen los vinculados con conflictos sobre la transmisión de propiedad de las viviendas.
En materia laboral —precisó— predominan los procesos por inconformidades de los trabajadores por medidas disciplinarias impuestas por los empleadores; las controversias sobre mejor derecho a ocupar puestos o condiciones de trabajo, y las reclamaciones relacionadas con la aplicación de sistemas de pagos o retribuciones salariales.
Remigio Ferro comentó que se continúa prestando particular atención al cumplimiento oportuno y efectivo de las sentencias y otras resoluciones judiciales dictadas en todos los procesos, bajo el principio de que la impartición de justicia no se concreta hasta que se cumpla debidamente lo que se dispone.
Dijo que en tal sentido todavía se presentan demoras en el cumplimiento de las sentencias, lo que puede resquebrajar la autoridad judicial y la confianza de la población en la capacidad de nuestros órganos para hacer cumplir sus decisiones.
Abogó por la necesidad de asegurar que el servicio judicial se preste con la mayor calidad posible y que en la labor de jueces y secretarios de los órganos que imparten justicia se cumplan los procedimientos legales establecidos y se actúe en correspondencia con las buenas prácticas estipuladas en las disposiciones internas del sistema de tribunales.
Al margen de los avances, reconoció deficiencias relacionadas con demoras injustificadas en la realización de trámites y acciones procesales; falta de profesionalidad y solemnidad en la celebración de juicios y comparecencias; decisiones adoptadas sin suficiente justificación, fundamentación y argumentación, y comportamientos inadecuados en el trato de algunos jueces y secretarios.
Brindó detalles sobre el personal de los tribunales, donde de mil 142 cargos, en la actualidad desempeñan esa función 927, siendo las mujeres mayoría (753), lo que representa el 81,2 %. Ello constituye una fortaleza para la judicatura del país.
De igual manera, el presidente del TSP resaltó que resulta notable la proporción de jóvenes (302), para un 32,5 %, quienes laboran junto a un número importante de jueces experimentados.
