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Francisco Navarro Gourage*
En la actividad educacional, la relación entre esta y el entorno económico en general es una temática que ha sido poco estudiada. Sin embargo, en las Ciencias de la Educación, de la Economía y la Sociología, entre otras, existe consenso en cuanto a la importancia —por sus propias funciones sociales— de la educación para la economía y viceversa.
Es decir, lo puramente educativo no podría existir al margen de los recursos materiales y financieros que, por ejemplo, permiten llevar adelante acciones constructivas en beneficio de la transformación y el acondicionamiento de los centros escolares.
Esto constituye una permanente prioridad para el Ministerio de Educación y a ello se han dedicado en los últimos años cuantiosos recursos. Vale mencionar que en el año 2015 el 37.5 % de las escuelas (3 mil 772) se encontraban evaluadas de regular y mal; en tanto a comienzos del presente año tal cifra disminuyó hasta un 25.1 % (2 mil 532).
Ahora bien, lo anterior no significa que tengamos los problemas resueltos. Hoy, en medio de una situación financiera difícil, resulta necesario continuar trabajando en la elevación de la cultura económica de nuestros cuadros, profesores y alumnos para lograr un mayor cuidado de las instalaciones, el mobiliario y demás medios destinados al aseguramiento del proceso docente- educativo.
De ahí que sea un imperativo cumplir estrictamente lo establecido (norma 5392/1983) en cuanto a los requisitos para la explotación y conservación de los edificios educacionales, los tipos de trabajo para este fin, los períodos en que se realizarán y el control de su estado técnico.
Se deben promover tareas que contribuyan al ahorro, aspecto sobre el cual es imprescindible desarrollar de forma permanente un proceso de análisis, a partir de las deficiencias que aún persisten con relación al uso irracional de los recursos materiales y financieros, la falta de cuidado y control de los medios que están bajo la custodia de los trabajadores, fundamentalmente las instalaciones docentes.
El debate sobre el tema podría centrarse en aquellas acciones que van dirigidas al cuidado de la propiedad social por parte de los directivos y colectivos pedagógicos; los alumnos y las organizaciones estudiantiles, tales como la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) y la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (Feem).
En esa reflexión sobre la administración de los recursos, el ahorro, la eficiencia, entre otros aspectos de carácter económico, es oportuno no separar lo administrativo, lo metodológico y lo formativo.
De tal manera que el protagonismo sea no solo de las personas que están directamente vinculadas a esta actividad en la institución educativa —por lo general el director y el personal administrativo— sino de todos los miembros del colectivo pedagógico y estudiantil. La familia merece un punto y aparte, y no puede, ni debe, verse alejada del cuidado de los bienes materiales que el Estado pone a disposición de los educandos para hacer de la escuela un lugar especial.
En ese sentido, la institución escolar, los cuadros y profesores tienen una alta responsabilidad, pues son los encargados de llevar adelante la política educacional considerando el contexto educativo, social, cultural y económico de los territorios. De su actuación consciente dependerán los resultados que se obtendrán.
* Director de inversiones del Ministerio de Educación
