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Cuando el pasado año una Resolución del Ministerio de Finanzas y Precios impuso precios máximos minoristas a productos agrícolas seleccionados, literalmente numerosos ciudadanos vieron “los cielos abiertos” y la posible solución al implacable robo de que era objeto la población a la hora de comprar viandas, vegetales y frutas en cualquiera de las unidades de venta minorista, independientemente de la forma de gestión a la que estuviera adscrita.
Incluso expresé mi beneplácito, pero hoy, a poco más de un año de la entrada en vigor de la medida, tengo la certeza de que podrá haber no una, sino muchas resoluciones, pero mientras no se les controle y el “violador” de precios no sienta con todo rigor la fuerza de la justicia; mientras los inspectores se alejen más y más de su responsabilidad, y la desidia —en este caso el dejar hacer hasta que explote el lío— campee por su respeto, mientras eso y otras cosas ocurran, tendrán muy poco valor las normas jurídicas.
Preguntemos por el número de “infractores de precios” o inspectores incumplidores sancionados, por cuantos de los sorprendidos infraganti tienen hoy igual puesto de labor que entonces, y lo que es peor: tratemos de averiguar la cantidad de dirigentes administrativos sancionados. Adelanto la respuesta: cifras insignificantes al compararlas con la dimensión de las violaciones.
¿Quién recuerda que esos precios máximos se corresponden con los productos de primera calidad, de acuerdo con las regulaciones vigentes y que a los de segunda se les impone un descuento del 20 % y a los de tercera un 40 %? ¿Dónde se aplican tales descuentos?
¿Sabemos que las normativas se establecieron para todo tipo de mercado, excepto los de oferta y demanda y en el caso de la provincia de La Habana, además, para los trabajadores por cuenta propia autorizados a ejercer esta actividad?
Parecería que los encargados de hacer cumplir la Resolución dejaron sola a la población en su defensa contra los infractores; de ahí que para mí, y también para otros muchos, la tan llevada y traída protección al consumidor es más que todo una entelequia. He clamado porque en cada unidad, a la vista de todos y con letras de alto puntaje, se exhiba el tipo de gestión comercial y la lista oficial de precios. Pero al parecer no he tenido el menor éxito, pues solo he observado tal lista en el llamado mercado del EJT en Tulipán.
He abogado de mil maneras diferentes que los directivos permanezcan en sus unidades y velen por el accionar de sus subalternos. Pero en lo que he podido constatar, tampoco he tenido el menor éxito.
Es cierto que el factor primordial en el aumento de los precios está en los niveles de producción que no satisfacen la demanda, pero no dejo de preguntarme si será verdad que es imposible darle solución a la violación de precios agropecuarios.
Será imposible mientras cada cual incumpla su responsabilidad, y cuando digo cada cual pienso en la cadena de jefes vinculados al asunto —a todos los niveles— y en los órganos y entidades que deben hacer cumplir lo establecido, y también en el tarimero, aunque ese —seguro estoy— hace lo que le permiten que haga.
