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La aguda crisis diplomática que enfrentan a monarquías del Golfo Pérsico y otros países árabes del Oriente Medio y África del Norte con el Estado de Catar, irrumpe en el convulso escenario de la región con la posible fractura del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y de la aparente cohesión de sus Gobiernos.
Considerada una de las naciones más ricas del mundo y miembro prominente del CCG (integrado por países ribereños del Golfo), Catar ha sido objeto del abrupto rompimiento de las relaciones diplomáticas por parte de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Bahrein, Jordania, Egipto, Libia, Mauritania y Maldiva. Lo acusan de promover y financiar el terrorismo, dar asilo a dirigentes de la proscripta Hermandad Musulmana, del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) y de respaldar el acuerdo nuclear con Irán y de favorecer las relaciones con la nación persa e Israel.
La ruptura de los vínculos con Doha fue acompañado de la suspensión de las comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas con ese Estado, que formaba parte de la coalición de países directamente involucrados en la guerra en Yemen y mantenía estrechas relaciones políticas y socioeconómicas con el Reino de Arabia Saudita.
El ministro de Exteriores catarí, jeque Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani en una entrevista a AFP ha declarado que Catar podría sobrevivir para siempre a pesar del bloqueo impuesto por Riad y sus aliados, e indicó que la República Islámica de Irán ha trasladado a Doha su disposición de garantizar el suministro de alimentos.
En previsión de una escalada del conflicto, Kuwait, Turquía y Rusia se han ofrecido como mediadores entre las partes en pugna.
Otro de los visibles protagonistas de este diferendo es el actual Gobierno de Estados Unidos. Recientes afirmaciones del presidente Donald Trump, en su cuenta de twitter, contradicen lo expresado anteriormente por él y su secretario de Estado, Rex Tillerson, acerca de las inmejorables relaciones norteamericanas con Doha, al indicar que en su visita a Arabia Saudita sugirió sacarla del CCG.
No es obvio recordar que en Catar se asienta una de las bases más poderosas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el Medio Oriente, que alberga a más de 11 mil soldados norteamericanos.
Por su parte, los gobernantes cataríes han rechazado todas las acusaciones y las injerencias extranjeras en su política interna. Han llamado a un diálogo abierto y honesto para resolver la crisis, cuyos antecedentes se ubican en el 2014, cuando las relaciones entre Catar y otros países del Golfo Pérsico sufrieron un período de tensiones y rupturas diplomáticas, por el supuesto de que Doha estaba brindando apoyo a los Hermanos Musulmanes.
Estas divergencias se acentuaron semanas atrás por supuestas declaraciones del jeque Tamim bin Al-Thani a la agencia de noticias oficial catarí QNA sobre la hostilidad norteamericana y el bloqueo árabe a Irán. Cuestiones desmentidas como falsas por el propio Emir y otras autoridades del Estado.
Analistas de la problemática regional estiman que el origen de la controversia tiene sus vertientes en las aspiraciones hegemónicas de monarquías y emiratos del Golfo, en sus intenciones de renovar y fortalecer sus lazos con la administración Trump y en determinadas presiones económicas ejercidas contra el Gobierno de Doha, en las que el gas natural desempeña un rol importante.
Catar es el mayor exportador mundial del gas licuado en contraposición a otros Estados miembros del CCG productores de petróleo, y comparte la producción del rico yacimiento marítimo de North Field con Irán.
Todas estas diferencias conforman la génesis de una crisis que pudiera transformar la estructura política y socio económica del CCG, y desembocar en mayores confrontaciones.
