Cargando...Algunos especialistas dudan sobre la efectividad de las normas que rigen la flexibilización del objeto social de las empresas en el país, mientras otros —y me incluyo entre ellos— consideran la falta de agresividad de empresarios, su poco dominio sobre cómo acometer producciones y servicios secundarios y el temor a arriesgarse en empeños atractivos, pero desconocidos, como razones que explican los mínimos resultados obtenidos hasta ahora.
En forma unánime los expertos batieron palmas al comprobar que el propósito esencial de tal decisión conducía al despliegue de todas las potencialidades empresariales, en contraposición con la evidente tozudez de no soltarle amarras en su accionar diario.
El objeto social es el conjunto de las principales actividades productivas, comerciales y de servicio de las entidades, y se aprobó que a partir de ahí —y sin deprimir su encargo estatal y la misión a estas asignada— las direcciones podrían realizar diversas acciones secundarias y determinar qué hacer, por ejemplo, con los materiales de desecho durante el proceso de producción.
No absolutizo el criterio, pero lo cierto es que tras la aprobación del objeto social por su organismo superior, no pocas entidades se limitan, no ya a enfrentarse a lo desconocido, sino a lo novedoso, y más bien esperan por “instrucciones de arriba”, algo que en ocasiones nunca llega o no contempla todas las peculiaridades del centro de que se trate.
Es menester aclarar que ni las unidades presupuestadas que no realizan actividades económicas ni las organizaciones políticas y de masas, asumen un objeto social, aunque si cumplen alguna función empresarial también les será aplicable el concepto, como es el caso de algún centro educacional que pueda prestar servicios de capacitación.
Entre otros propósitos, el pasado VII Congreso del Partido refrendó la necesidad de desterrar la rigidez en que funcionaban las empresas, fenómeno que condicionaba, por ejemplo, la existencia de almacenes congestionados con los llamados “picos” de papel en las bobinas, pero que a pesar de la necesidad de ese producto en otro centro o forma productiva no estatal, no podían hacer nada con esa materia prima, pues no estaban autorizados para ello.
Los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución definen claramente las facultades e instrumentos financieros para dirigir la producción de bienes y servicios, en clara alusión a la descabellada realidad de que un taller no podía prestar servicios a un centro perteneciente a otro organismo, aun cuando este estuviera realmente necesitado.
Lo cierto es que solo a través de la transformación del sistema empresarial será posible el desarrollo económico sostenible a que aspira el país. Ello únicamente se alcanza cuando cada entidad despliegue totalmente su potencial, lo que no será posible mientras el obrero, el técnico, el funcionario y los directivos no comprendan plenamente su condición de propietarios.
