De dilaciones y evasivas está cansada la bayamesa María de los Ángeles Hechavarría Cruz, quien se confiesa desesperada por el estado constructivo de su domicilio y las desagradables situaciones derivadas de ello.
“Vivo en una casa edificada por el Estado, de las llamadas de bajo costo. Me la asignó el Ministerio del Azúcar (MINAZ) en 1996, como parte de un plan de la Central de Trabajadores de Cuba para estimular a los mejores obreros”, comenta.
“Por desgracia comenzó a presentar problemas desde los tres meses de entregada. Carece de dados y columnas. Apenas le quedan paredes. El techo, el baño, toda la estructura se halla en muy mal estado”, pormenoriza en la carta escrita a esta sección.
Expone que el dilema por la reparación surgió en el 2004. Las responsabilidades se las pasaban entre el sistema de la vivienda y la entidad que la edificó.
“Yo parecía una pelota de pimpón. Pasé tiempo escuchando: ahora no hay materiales, te vamos a poner en el plan del año que viene. En esos trajines llegó el 2010 y nada”.
Por eso se dirigió a la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV), cuyo director le manifestó que el caso “no tenía solución, porque eso no estaba en los Lineamientos del Partido Comunista de Cuba”. También conversó en vano con el jurídico y el delegado del Grupo AzCuba.
Como si fuera poco, el expediente de construcción del inmueble nunca apareció. “¿Será que la casa cayó del cielo? ¿De dónde salieron los materiales? ¿Cómo se justificó el presupuesto para pagar el salario a la brigada que la hizo?”.
Muchas interrogantes agobian a la remitente que continúa su extensa carta narrando “la batalla más dura y dolorosa” con las oficinas de Atención a la Población de las Asambleas Municipal y Provincial del Poder Popular.
“Escribí a otras instancias y nada”, confiesa. En cambio —agrega— a sus compañeros les entregaron viviendas del mismo tipo después que a ella y se las repararon o sustituyeron por otras.
Hace dos años, como no llegaba la solución a sus males, decidió solicitar un subsidio, aunque se lo denegaron con la argumentación de que no existen documentos de la casa en las oficinas de la DMV. Sin embargo, el dictamen técnico indicó demolición total o de emergencia por peligro de derrumbe.
La bayamesa pidió un despacho con el presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular y del encuentro emanó el acuerdo de legalizarle el terreno mediante el pago al banco para obtener el derecho perpetuo de superficie. Conformaron un expediente a fin de priorizarla. Desde entonces, en el municipio le piden que aguarde su turno.
“Puedo esperar todo el tiempo, pero la casa no aguantará mucho. Sigo quejándome, las visitas van y vienen. Me dan muchas justificaciones, pero la solución no aparece”, expresa María de los Ángeles, que actualmente trabaja en la Dirección Provincial de Deportes.
Para hacer más dramática su situación, cuenta que durante los temblores de tierra de enero del 2016 la vivienda sufrió serias afectaciones. Su desánimo no le impide reconocer que desde que se inició su bregar habitacional ha visto crecer otros repartos cercanos a donde reside. Las pocas esperanzas de ver su caso resuelto las vuelca en el final de la carta como en una tragicomedia: “Será que como mi casa cayó del cielo, la solución la tienen que traer los marcianos”.
es muy dificil que le asignen una casa por mejor trabajador y que este en esas condiciones se hace necesario que los responsables aparezcan y6 le den una solucion como lleva dicho caso.