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La determinación de la cúpula militar de utilizar la violencia y la represión masiva contra los partidarios del depuesto presidente constitucional, Mohamed Mursi, e incluso sobre quienes no han sido sus seguidores ha provocado en los últimos días centenares de víctimas fatales y miles de heridos y detenidos.
Los sucesos muestran la voluntad de las Fuerzas Armadas de mantenerse en el poder y de conservar las prerrogativas que disfrutaron durante el régimen dictatorial de Hosni Mubarak, derrocado en febrero del 2011 por una rebelión popular sin precedentes en la República Árabe de Egipto.
Las extremas acciones desatadas por los cuerpos represivos tras el golpe militar perpetrado el pasado 3 de julio, para detener las multitudinarias protestas en El Cairo y otras grandes ciudades, devinieron sangrientas jornadas y agravaron la situación de inestabilidad e inseguridad en que se encuentra sumido el país, afectado por una severa crisis económica, resultante en buena medida de la supresión de los altos ingresos provenientes del turismo.
Observadores políticos estiman que entre los factores originarios del conflicto se encuentran las divergencias de Mursi con los mandos castrenses, y el hecho de que en su primer y único año de gobierno, el líder de la islamista Hermandad Musulmana —prohibida durante varias décadas— y del partido Justicia y Libertad, comenzó a distanciarse de importantes instituciones y de otros sectores religiosos islámicos; demandó poderes omnímodos y no se empleó a fondo en resolver los males económicos y sociales que afectan a la mayoría de la población, y que tampoco habían sido solucionados en los largos años de la dictadura de Mubarak.
La sedición de la cúpula castrense dividió aún más a la mayor de las naciones árabes entre partidarios del depuesto mandatario y sus oponentes izquierdistas, liberales y seculares, y aquellos que apoyan el golpe, dando origen a enormes manifestaciones y violentos enfrentamientos, sujetos a una represión brutal.
Durante varias semanas los simpatizantes de Mursi colmaron las principales calles y plazas de El Cairo y otras ciudades exigiendo la restitución del mandatario y desafiando las amenazas del ejército.
El desalojo por las fuerzas de seguridad egipcias del principal campamento de protesta en la mezquita Rabaa al Adawiya, en El Cairo, utilizando helicópteros, vehículos blindados y gases lacrimógenos, y la imposición del estado de emergencia y el toque de queda, reafirman la negativa del gobierno de facto a la restitución de Mursi, mantenido bajo arresto y acusado supuestamente de espionaje, corrupción, pretender islamizar la sociedad y de otros severos cargos.
Medidas similares contra las manifestaciones antigubernamentales se llevaron a efecto en diversos campamentos y localidades en el interior del país. A consecuencia de estos actos de inusitada violencia el vicepresidente del gobierno interino, Mohamed El Baradei renunció a su cargo, alegando no apoyar tales excesos.
A pesar del rechazo de la comunidad internacional, los llamados de Naciones Unidas a la mesura y los pálidos intentos de Estados Unidos y la Unión Europea por mediar y aplicar medidas paliativas en un conflicto que escapa de sus manos y puede lesionar sus objetivos geopolíticos, son escasas las probabilidades de que la situación no se siga deteriorando, dado el grado de beligerancia entre los sectores que conforman el panorama político egipcio, que también mantiene al gobierno de Israel en ascuas, debido a sus estrechas relaciones con El Cairo.
Hasta el presente, prevalece la incertidumbre de lograr una inmediata solución a las pugnas entre el mando militar, la sociedad civil y el sector religioso, que posibilite el diálogo, el retorno a la legalidad y a las vías institucionales, en una nación con una situación geográfica privilegiada que constituye un importante factor para la estabilidad y la paz regional, tanto en el Oriente Medio como en África del Norte.
La espiral de violencia amenaza con desembocar en una guerra civil devastadora para el pueblo egipcio, que ha visto frustrada la rebelión iniciada contra un régimen tiránico, por libertades democráticas, el respeto a sus derechos y el retorno al gobierno civil.
