Cargando...Este lunes y mañana martes Cuba presentará en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, un informe ante el Comité contra la Desaparición Forzada, integrado por 10 expertos independientes en derechos humanos, encargados de supervisar el cumplimiento de la Convención sobre este tema, aprobada hace 10 años por la ONU.
Cuba participó activamente en las negociaciones que condujeron a la adopción de la Convención y fue uno de los copatrocinadores principales de la resolución de la Asamblea General que aprobó este instrumento. Figuramos entre los países que la firmaron el 6 de febrero del 2007 en la ceremonia solemne realizada en París y el 2 de febrero del 2009 procedimos al depósito del instrumento de ratificación.
Nuestro país llega a este ejercicio respaldado por un ordenamiento jurídico que regula y garantiza los derechos del individuo desde la Ley primera, la Constitución de la República, que protege la dignidad humana como el principal valor de la nación, tal como reclamó José Martí.
Como se ha reiterado, los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de las personas han sido siempre pilares en la actuación del Gobierno cubano y del desenvolvimiento de la sociedad.
A partir de 1959 los cubanos desterramos la imagen de la víctima de desaparición forzada, que atormenta también a sus familiares, quienes buscan desesperadamente información, aunque solo sea un indicio, que les permita encontrar a sus seres queridos.
Así ocurría durante la tiranía machadista, en la que se produjo, entre otros trágicos sucesos, la desaparición de dos militantes comunistas, Claudio Bouzón y Noske Yalob, cuyos cuerpos fueron lanzados al mar para alimento de tiburones, lo que se supo cuando apareció en el vientre de un escualo el brazo del primero; y las desapariciones durante la tiranía batistiana, después de ser detenidos y torturados, del dirigente de los trabajadores del transporte José María Pérez y de las luchadoras Lidia Doce y Clodomira Acosta, por solo mencionar algunos casos.
Es oportuno recordarlos, porque tales hechos erradicados en el entorno nacional siguen siendo un flagelo en diversas partes del mundo contra políticos progresistas y activistas sociales. Y es que aquí existe la voluntad política del Estado de evitar estas brutales prácticas.
En nuestro país están garantizadas la libertad e inviolabilidad de las personas, la ley sanciona severamente las conductas atentatorias contra la vida, integridad física y la libertad de los ciudadanos y se actúa con mayor rigor si las víctimas son menores.
Este comportamiento con sus nacionales y la protección priorizada de la infancia Cuba lo ha extendido fuera de sus fronteras a través de programas de colaboración de hondo contenido humanista, a favor de la salud y la educación de los más desfavorecidos.
Cuando es necesario realizar detenciones, se procede conforme al procedimiento penal y cumpliendo las garantías del debido proceso. Los detenidos cuentan con asistencia letrada y en los establecimientos penintenciarios se garantiza un tratamiento digno y justo. Los reclusos tienen la posibilidad de incorporarse al trabajo, socialmente útil y remunerado, a programas educativos, la práctica de la cultura y el deporte. El sistema penitenciario se rige por las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.
Por estas y otras razones, en este nuevo ejercicio en el ámbito de los derechos humanos en Ginebra, Cuba tiene mucho que mostrar gracias a su inalterable postura basada en valores humanistas, éticos y morales.
Acerca del autor
Graduada de Periodismo. Subdirector Editorial del Periódico Trabajadores desde el …
