Las declaraciones del exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, de que la llamada “verdad histórica” sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sigue teniendo validez, confirma la impunidad con que cuenta, a pesar de las múltiples irregularidades en su proceder.
Tal afirmación fue sostenida este domingo por el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales, tras participar en la inauguración de la quinta Convención Nacional Popular efectuada el fin de semana en la capital del país.
El jurista subrayó que la responsabilidad de Zerón por sus “diligencias irregulares durante la investigación del caso”, ha quedado establecida de manera contundente.
Los padres y madres de los desaparecidos en septiembre del 2014, así como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que analizaron las indagatorias del Gobierno mexicano, acusan a Zerón de haber sembrado evidencias para así apuntalar la teoría oficial.
Un informe interno de la Procuraduría General de la República señaló la culpabilidad de Zerón, pero ese documento fue invalidado poco después por el Gobierno. Ahora está en manos de Arely Gómez, quien fuera jefa de Zerón, y actualmente se desempeña al frente de la Secretaría de la Función Pública.
Tal proceder ha puesto a prueba a las instituciones del Estado mexicano, enfatizó Rosales. Si el exjefe de la AIC es exculpado, ya no podemos esperar nada de las instancias de control interno de este país, cuya responsabilidad es que los funcionarios no incurran en irregularidades.
Respecto de la Convención Nacional Popular, el abogado explicó que el objetivo es unir diversas luchas populares para construir un frente común y evitar que los esfuerzos se dispersen. Al evento asistieron representantes de movimientos sociales y populares, entre ellos la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato Mexicano de Electricistas y los colectivos que se oponen al alza en los precios de las gasolinas.
Con información de prensa mexicana.