Cargando...Recientemente son frecuentes en los medios de comunicación y redes sociales las protestas de brasileños por el descontento popular contra el presidente Michel Temer, las cuales no han surtido efecto para frenar el plan de privatizaciones que mantiene el gobierno interino en el país suramericano.
Si bien las movilizaciones son cada vez más numerosas debido a estas medidas neoliberales, no han sido escuchadas por ningún juzgado brasileño. Un claro ejemplo fue este lunes con la aprobación de la privatización de la Compañía Regional de Agua y Alcantarillado (Cedae), de Río de Janeiro, por parte de la Asamblea Legislativa de ese estado.
Con 41 votos a favor y 28 en contra fue vendido el control de la empresa, en medio de protestas de funcionarios públicos frente a la sede del palacio legislativo y de la propia Cedae. Desde el 20 de febrero los empleados anunciaron una huelga hasta el próximo jueves.
De este modo quedó resuelta la condición social de una de las mayores abastecedoras de agua en la ciudad homónima, ubicada en el suroeste del país. La decisión encarecerá los servicios hidráulicos de la compañía, la cual alcanzaba tanto a zonas residenciales como a las más humildes.
Los empleados de la CEDE, y el Sindicato de los Trabajadores de Saneamiento Básico de Río de Janeiro son algunos de los protagonistas de las huelgas contra la decisión del edificio legislativo.
Sus organizadores aclararon que pese a que reducirán las actividades, mantendrán el servicio básico de suministro de agua para no afectar a la población. Continuarán trabajando a pesar de la situación, y con un ritmo del 30 %, aludiendo que “el pueblo no tiene por qué pagar”.
A pesar de las protestas, los diputados oficialistas de la Asamblea legislativa de Río de Janeiro afirmaron que la medida es necesaria para que la gobernación consiga sanear sus cuentas y pagar los salarios.
Planes del Gobierno de Temer
La administración de Michel Temer no ha vacilado en poner en manos de la oligarquía nacional y las grandes transnacionales foráneas, empresas de servicios de infraestructura, industrias y recursos hídricos.
Pese a los escándalos de corrupción que involucran a su gabinete y otros funcionarios, y el descontento popular que ha provocado su llegada al gobierno, el militante del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, continúa cumpliendo el plan de concesiones y privatizaciones que anunció desde su inicio de gestión en abril de 2016.
Desde entonces ha justificado que las medidas solo buscan abrir y universalizar el mercado brasileño, combatir el desempleo y hacer que el país crezca con el incentivo de la industria, los servicios, el agronegocio, según publicó Telesur.
Las relaciones el Estado con las empresas privadas fueron tratadas con mucho énfasis en La Travesía Social, informe de 17 páginas anunciado al asumir la presidencia de Brasil luego del golpe parlamentario a la ex mandataria Dilma Rousseff. Busca realizar concesiones y establecer colaboraciones público-privadas, como iniciativa básica para salir «de la mayor crisis de la Historia», según el texto.
Con más de 30 medidas, a su juicio “indispensables”, buscan reformar el sistema de pensiones y de las leyes laborales, establecer mecanismos de control del gasto público y acelerar el proceso de privatizaciones en el sector del petróleo y el gas.
Los aeropuertos de Florianópolis, Salvador, Fortaleza y Porto Alegre fueron los primeros de este paquete de medidas, y a estas le siguieron otras en la sedición de carreteras, puertos; así como la venta de activos de Eletrobras y Petrobras.
Sin embargo, la privatización de estas 34 empresas estatales en áreas estratégicas del país, no han sido bien recibidas por el pueblo brasileño que se ha lanzado a las calles. Los trabajadores y las organizaciones sindicales —como la Central Única de los Trabajadores (CUT), la Central de Trabajadores de Brasil (CTB) y otras— han denunciado las consecuencias de estas medidas para el pago salarial y las condiciones laborales.
Lo cierto es que Brasil vive hoy un proceso de sedición que promete ser extenso y poco fortuito para el país suramericano. Las medidas neoliberales han privatizado servicios esenciales para población, situación que despoja cada vez más al pueblo brasileño de su soberanía y sustento económico, las que están cada vez más en manos privadas.
