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El nombre de Milagro Sala comenzó a ser noticia un tiempo después de creada la agrupación en la que logró reunir alrededor de 70 mil afiliados. Esta mujer de 52 años, perteneciente a lo que algunos denominan “pueblos originarios”, llegó a ser casi una leyenda en la provincia argentina de Jujuy, donde fundó la organización barrial con la que vinculó a miles de desempleados al trabajo, la Tupac Amaru. Sin embargo, fuera de su país, las primeras alusiones de los “grandes medios” a la líder social tuvieron que ver con una manifestación efectuada en el 2009 contra el entonces senador de su región, actual gobernador, Gerardo Morales, por quien Sala cumplió en enero un año de encarcelamiento.
Acusada de ocupación del espacio público, alteración del orden y obstrucción del tránsito por un acampe de 32 días frente a la Gobernación de su zona el pasado año, la activista fue arrestada de forma arbitraria, según afirma la ONU, en el Penal de Alto Comedero, en el departamento jujeño. Por esta causa, deberá pagar una multa de 18 mil 900 pesos (alrededor de mil 800 dólares) y quedará inhabilitada por tres años para ocupar cargos en organizaciones sociales.
Si bien cada vez son más los movimientos y personalidades que exigen su inmediata liberación, y aun cuando el tribunal no pudo probar su participación en los sucesos del 2009 ni dio fundamento a las penas que deben ser aplicadas por ellos, la también parlamentaria de Mercosur fue sancionada a tres años de prisión en suspenso.
Según ese concepto, su condena es condicional y le posibilita al juez, por tratarse de un primer veredicto por un plazo no mayor a tres años, no hacer efectiva su reclusión. No obstante, Sala continúa en la cárcel por otros procesos abiertos en su contra.
Al respecto, la dirigente popular declaró que siente “mucho dolor interno por la injusticia que estamos viviendo porque no hemos robado nada, hemos trabajado, hemos dignificado a miles de compañeros, ese fue nuestro pecado”.
El Gobierno de Mauricio Macri parece ignorar el caso y ha dejado la responsabilidad en manos del órgano judicial de Jujuy, sin importar que Morales, el principal rector de esa provincia, sea quien acuse a Sala. En tanto, la pasada semana el Ministerio Público de la Acusación de esa zona realizó nuevas imputaciones a varios directivos de la Tupac y a dos hijos de su fundadora; esta vez, bajo el supuesto delito de “encubrimiento agravado por aseguramiento y provecho de bienes de origen ilícito, en concurso real y en coautoría”. Sin embargo, algunos simplifican los hechos a una cacería contra la agrupación.
La lucha social no es un crimen
A pesar de que las autoridades se han empeñado en negarlo, el arresto de la activista indígena y sus seguidores tiene fines políticos.
En una de sus audiencias en diciembre, la líder señaló que la indignación de quien la incrimina es por ella ser peronista y defender las banderas de la dignidad.
Para Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero de la nación andina, su reclusión “se enmarca en la ofensiva de Morales para tenerla ilegalmente en prisión mientras avanza con la cooptación de los restos de la Tupac Amaru”, una organización que cada vez adquiría mayor relevancia y capacidad de movilización.
Extendida por 17 provincias, la agrupación que comenzó con la provisión de alimentos para niños y niñas de familias con pocos recursos, abrió un espacio tanto a indígenas como a antiguos reclusos, transformó a toda la comunidad y se convirtió en el segundo empleador de Jujuy, después del Ingenio Ledesma, y el tercero si se tiene en cuenta al estado provincial. Con su acciones , obligó al Estado a atender sus reclamos.
Quizás por ello varios analistas coinciden en señalar el proceso legal contra Sala como un claro ejemplo de criminalización de las luchas populares.
Desde su reclusión hasta la fecha, organismos internacionales como el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas, el Parlamento de Mercosur (Parlasur) y la Organización de Estados Americanos, han reclamado su libertad. Sin duda, su encierro rebasa las fronteras de Argentina, pues como afirmó el presidente boliviano Evo Morales en Twitter: “No se puede silenciar la voz de los humildes. Milagro Sala representa la lucha de todos los movimientos sociales”.
