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Por Yimel Díaz Malmierca, Amalia Ramos Ivisate y Adislenes Ruenes César
Construir la paz significa un desafío mayor que hacer la guerra. Colombia es un buen ejemplo de ello. No bastan el tiempo y los esfuerzos entregados por el Gobierno y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-Ep) para poner fin al conflicto en la nación suramericana.
Luego de más de 50 años de confrontación armada en esa nación, las estadísticas revelan cerca de 300 mil muertes —civiles en un elevado por ciento—, casi siete millones de desplazados, y unos 45 mil desaparecidos.
Frente a tales cifras y con la certeza de que la guerra significa un freno al desarrollo económico, se iniciaron hace unos 4 años los diálogos de paz que permitieron concretar, en agosto pasado, una primera propuesta de Acuerdo.
El texto contenía seis temas principales: reforma rural integral; participación política; cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo; solución al problema de las drogas ilícitas; víctimas; y mecanismos de implementación y verificación.
El mecanismo de refrendación acordado entonces fue un plebiscito efectuado el pasado 2 de octubre del que resultó ganador, por estrecho margen, la postura contraria al Acuerdo. Ese día solo acudieron a las urnas el 38 % de los ciudadanos habilitados, una de las tasas de abstención más elevada en las elecciones de ese país en las últimas décadas.
¿Qué significado tuvo la victoria del No?
Los colombianos desean la paz. Tal verdad no es posible cuestionarla ni siquiera a partir de un referéndum al que, como hemos dicho, solo acudió poco más de la tercera parte de la sociedad. Pero a ese anhelo no se llega por decreto y el documento firmado en Cartagena de Indias el 26 de septiembre no satisfizo a todos. El No reveló la necesidad de una negociación más inclusiva y participativa.
¿Cuáles fueron los principales reclamos al primer Acuerdo?
Varias fuentes denunciaron que hubo manipulación a la hora de divulgar el texto original. Se difundió, por ejemplo, la idea de que se aplicarían nuevos y elevados impuestos; y que los guerrilleros gozarían de impunidad.
En contraste, el Acuerdo planteaba adecuar los impuestos en cada municipio según el “principio de progresividad: el que más tiene más paga, fundamentado en la equidad y la justicia social”, lo cual se preservó en el nuevo texto, como también las sanciones a los responsables de crímenes de lesa humanidad.
También hubo otras preocupaciones, entre ellas el respeto a la propiedad privada, sobre todo a los grandes latifundios, y acerca del tránsito de las Farc-Ep hacia un partido político que ahora tendría participación en el Senado y la Cámara de Representantes.
¿Quiénes propusieron cambios al Acuerdo?
Fundamentalmente los defensores del No, entre ellos el expresidente Andrés Pastrana, la Corte Suprema de Justicia, y el Centro Democrático (lidereado por el expresidente Álvaro Uribe).
Se tomaron en cuenta además las propuestas de Marta Lucía Ramírez, excandidata a la presidencia; de Alejandro Ordóñez, exprocurador general de la nación; de Sofía Gaviria, senadora y codirectora nacional del Partido Liberal Colombiano, cuyas posturas son cercanas a la Federación de Víctimas de las Farc (Fevcol), también escuchados.
Asimismo fueron tomados en cuenta los criterios de la senadora Viviane Morales, de empresarios, de centros de investigación de las universidades, y de algunos de los líderes de organizaciones civiles y de las iglesias católicas y cristianas, así como de la comunidad LGBTI.
¿Qué cambios introdujo el nuevo documento?
Luego de varias consultas efectuadas en Bogotá, por el equipo negociador del Gobierno, y en La Habana, por el de la Farc-Ep, se redactó un nuevo Acuerdo de 310 páginas, una decena más que su precedente, con modificaciones en 56 de los 57 asuntos examinados, según aseguró el presidente colombiano Juan Manuel Santos.
Entre las propuestas del acuerdo primario referidas a la reforma rural integral, por ejemplo, se hablaba de crear un fondo de tierras con 3 millones de hectáreas que serían entregadas en 10 años y que cuyo origen estaría en la extinción de dominio, baldíos recuperados, actualización de la reserva forestal, tierras inexploradas, expropiadas o donadas.
Además proyectaba erradicar la pobreza extrema en la zona rural en un plazo máximo de 10 años.
El nuevo Acuerdo precisa que la extinción de dominio y la recuperación de baldíos indebidamente apropiados se haría en “conformidad con la Constitución y la legislación vigente”, protegiendo así el derecho a la propiedad privada.
Detalla además que la distribución del fondo de tierras tendría en cuenta, primeramente, a las víctimas del conflicto, y no solo a los campesinos desposeídos. El plazo para reducir la pobreza extrema en el campo colombiano se amplió a 15 años.
Este es uno de los temas neurálgicos para el futuro de Colombia, pues el 1% de las familias ricas en el campo concentran aproximadamente el 60% de la tierra apta para producir, asunto directamente asociado a la desigualdad.
Otro dato revelador es que 40 % de la tierra colombiana no aparece registrada, y se explota a partir de una figura ambigua llamada posesión, lo cual no deja claro quién es su dueño, y ha sido el detonante de la violencia en varios lugares.
Todo esto podría darnos una idea del desafío que significará implementar una reforma rural en escenarios que fueron claves durante la guerra, y que han suscitado el apetito de compañías privadas y del Gobierno por las materias primas que poseen y por la ubicación estratégica de muchas de ellas.
¿Cómo quedó el tema de la reparación de las víctimas y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?
En el acápite de la reparación a las víctimas, el manuscrito más reciente aclara que durante el término de la dejación de armas, las Farc-Ep deberán presentar un inventario total de sus bienes y activos, el cual será empleado en la indemnización. La no entrega de estos recursos llevaría a la exclusión de los beneficios que otorga la JEP.
Se estima que el Gobierno empleará unos 60 mil millones de pesos colombianos para la reparación y la implementación del Acuerdo en general.
Atendiendo a una de las solicitudes de la Corte Suprema de Justicia, el nuevo texto corrobora el carácter transitorio y transicional de la JEP y aclara que esa instancia funcionará hasta por 10 años y sólo recibirá solicitudes de investigación en los primeros dos, con posibilidad de prorrogar a un tercero. El tribunal creado para la ocasión tiene hasta 15 años para solucionar los casos.
Solo sus jueces, 38 y 13 suplentes, todos colombianos, podrán determinar la conexidad, o no, del narcotráfico con el delito político de rebelión. La propuesta anterior de contar con hasta 24 jueces extranjeros quedó descalificada, aunque sí podrán tener amicus curiae (expertos extranjeros) para opinar sobre los casos que se tramiten. A las ONG´s se les retiró la capacidad para actuar como fiscales y acusar, solo podrán presentar informes que serán valorados y contrastados por los jueces y magistrados del Tribunal.
Para dar respuesta a la supuesta impunidad de los máximos líderes guerrilleros, tema muy llevado y traído por los medios, el texto ratifica, entre otros elementos, que “la responsabilidad de los mandos de las Farc-Ep por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo (…) y en el conocimiento (…) antes, durante y después (…), así como en los medios a su alcance para prevenirla (…). La responsabilidad del mando no podrá fundarse exclusivamente en el rango o la jerarquía”.
También detalla que los agentes del Estado que hayan cometido delitos con ánimo de enriquecimiento personal, podrían quedar fuera de la JEP, y serían sometidos a la justicia regular.
¿Qué cambios introdujeron el acápite de la participación política?
El partido que se forme a partir de las Farc-Ep solo recibirá, hasta el 2026, “una suma equivalente al promedio que recibieron los partidos o movimientos políticos con personería jurídica” en las elecciones previas al Acuerdo. Con esto se resolvió el supuesto favoritismo formulado en el primer texto.
En el nuevo documento se prohíbe, a cualquiera de los partidos que cuente con personalidad jurídica ante el Congreso, incluido el que se derive de la guerrilla, la posibilidad de inscribir candidatos para ocupar alguna de las 16 curules asignadas a las circunscripciones especiales de paz creadas en las zonas afectadas por la guerra.
Una de las conquistas de las organizaciones de víctimas fue la adjudicación de radios comunitarias: “Se establecerán 20 emisoras en FM, de interés público, clase C, en las zonas más afectadas “ —dice el texto más reciente— las cuales “serán asignadas a Radio Televisión Nacional de Colombia ( RTVC), con el objetivo de hacer pedagogía de los contenidos e informar sobre los avances de la implementación del Acuerdo Final”.
El primer manuscrito consideraba que el Acuerdo Final debía anexarse a la Constitución de Colombia, pero el asunto generó malas interpretaciones, por lo que “sólo quedarán los temas de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario, que ya de por sí hacen parte de ella”, explicó Santos.
No obstante, ahora se ha pactado incorporarlo como artículo transitorio a la Carta magna donde se esclarece que «las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final», el cual estará vigente hasta tres períodos presidenciales posteriores a su implementación.
¿Qué sucedió con el enfoque de género?
Todo el Acuerdo estaba signado por un enfoque diferencial y de género, considerado por expertos internacionales como uno de los puntos más progresistas, pero sectores de la sociedad civil, especialmente de las iglesias católicas y cristianas, así como defensores del No, entre ellos Ordóñez y Morales, consideraron el término como un ataque al modelo de familia tradicional.
En respuesta, el nuevo texto declara que “enfoque de género únicamente significa reconocer a mujeres como víctimas para garantizarles derechos”, según explicó Santos en su cuenta de Twitter. También el documento reafirma “la igualdad de derechos entre hombres y mujeres”, así como las “circunstancias especiales de cada uno” y reconoce que el conflicto ha impactado de manera diferenciada a las féminas, por lo que se requieren acciones distintas y específicas para restablecer sus potestades.
Entre los empresarios hubo preocupación por el impacto del posconflicto en la estabilidad macroeconómica, lo que condujo a que el nuevo Acuerdo incluyera la salvedad de que la implementación se hará con respeto a la sostenibilidad fiscal.
Finalmente, y una vez que el texto sea refrendado, previsiblemente por el Congreso de la República, se convocará todas fuerzas políticas de la nación para concertar un Acuerdo Político Nacional que definirá las reformas y ajustes institucionales necesarios con vistas a atender los retos que la paz demande.
El proceso será largo y estará cargado de dificultades. Esa será la prueba definitoria a la voluntad de paz de los colombianos .
