Los objetivos acordados en el XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, e implementados en el Plan y el Presupuesto de la Economía forman parte, además, de la estrategia nacional de crecimiento y desarrollo. De ahí su integralidad entre los Lineamientos y las metas de progresión hasta el 2030.
En el caso del plan, se aprueba en el Consejo de Ministros, en cambio el presupuesto es validado en la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde como acuerdo de esa instancia, se convierte en ley una vez emitido.
En este sentido, y para evaluar en cada colectivo laboral cómo garantizar el cumplimiento de ese plan, se realizan las asambleas de análisis e intercambios con los trabajadores. Desde las bases productivas, y en aras de buscar las reservas del sistema empresarial y presupuestado, disminuir gastos y producir más, estas asambleas son escenarios que refrendan la importancia de la gestión que involucra a los trabajadores en el desarrollo del país.
El Código de Trabajo vigente en la República de Cuba en su Capítulo VIII, referido a la Organización y Normación del Trabajo, explica que en la búsqueda de la productividad y la eficiencia, las entidades realizan estudios dirigidos a perfeccionar las condiciones, determinar los gastos, el estado de los equipos y herramientas, las características de las materias primas y otras.
También en ese proceso, y antes de implantar cualquiera de esas normas de trabajo o modificar las existentes, es obligatorio efectuar la discusión previa con los trabajadores.
De ahí se deriva entonces lo trascendental de las administraciones en sus argumentos y en la transparencia de estos, en función de que en esas reuniones los integrantes de los colectivos debatan las posibilidades reales, encuentren las alternativas de solución a los problemas, y defiendan con identidad y apropiación su desempeño en la concreción del plan.
Por su parte, el presupuesto se alude como equilibrio financiero entre los ingresos y los gastos públicos. Estos últimos están determinados por los servicios básicos de educación, salud, cultura, deportes, servicios comunales y la defensa del país, así como la implementación de políticas sociales aprobadas, tales como el salario al sector presupuestado y las pensiones de la seguridad social.
En correspondencia con lo anterior, la Carta Magna, en su Título II, Fundamentos Económicos, artículo 20, expresa que “los trabajadores participan en los procesos de planificación, regulación, gestión y control de la economía”; en tanto su Capítulo IV añade que “es deber de los ciudadanos contribuir a la financiación de gastos públicos en la forma establecida por la Ley”.
[accordion][spoiler title=»Plan realista y cercano a lo posible» open=»no» style=»default» icon=»plus» anchor=»» class=»»]“El aporte de los trabajadores define el desarrollo del país”, aseveró Miguel Díaz-Canel Bermúdez,Presidente de la República de Cuba, en un encuentro con los dirigentes principales del movimiento
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