La respuesta es la Ley

Familiarizarse con la historia de ocho trabajado­res de una empresa estatal socialista cubana que per­manecieron desde hace dos años sin percibir salario, aun cuando mantenían un vínculo contractual con ella, nos parece un hecho tre­mendo y hasta inverosímil. Las primeras noticias nos llegaron en una misiva que los afectados en­viaron a nuestra sección Buzón abierto.

De acuerdo con sus opiniones, tal situación desfavorable pare­cía no importarles a los directivos de la unidad empresarial de base (UEB) Servicios Técnicos, a la que se deben, ni mucho menos a los que están al mando de la entidad a la que pertenecen: la Empresa Agro­industrial de Granos (EAIG) José Manuel Capote Sosa.

Se trata de los operadores de equipos del pelotón de preparación de suelo en seco, que radican hoy en Guamo, municipio de Río Cauto, provincia de Granma, y cesaron sus labores en el terreno debido a que no se les suministraban recursos, prin­cipalmente baterías y lubricantes, para los medios YTO 1804, de los que disponían para sus funciones.

Sin una respuesta clara y oportuna se fue distendiendo esa posibilidad de buscar soluciones, negociar, evitar malos entendidos y, sobre todas las cosas, no afectar a quienes por muchos años aporta­ron, desde sus responsabilidades, al desarrollo de una empresa que por sus dimensiones y objeto so­cial es medular en la economía de la provincia.

Sobre la mesa

Directivos de la EAIG corrobo­ran que desde el 2022 el pelotón se encuentra interrupto debido a la afectación de las maquinarias por falta de piezas, lo cual es produc­to de la situación financiera que atraviesa el país, un argumento incuestionable.

Según el informe presentado con un inventario, de 20 tractores que hay en la mencionada UEB, solamente se encuentran funcio­nando seis, los que operan en áreas agrícolas cercanas a la entidad a fin de protegerlos, evitar deterio­ros y ahorrar combustible.

Ángel Luis Tamayo Yero, di­rector general de la EAIG, descri­bió que en dos ocasiones se reunie­ron con todos los trabajadores de la agroindustria para explicarles el difícil contexto y sus conse­cuencias, al tiempo, que trataron de buscar una solución que consis­tía, esencialmente, en reubicacio­nes en diferentes sectores.

“En el caso especial de es­tos ocho compañeros les hicimos ofertas de empleo. Se les propu­so, entre otras alternativas, hacer carbón, no estuvieron de acuerdo; luego reubicarlos en el área de cul­tivos varios de la cooperativa de créditos y servicios (CCS) Manuel Fajardo, que está enclavada ahí en Guamo, y tampoco aceptaron.

“El interés primario de ellos fue siempre echar a andar las maquinarias, e incluso intenta­ron hacerlo por sus medios, cuan­do estaban bajo su custodia, pero tampoco les fue posible por el altí­simo costo de los lubricantes, pie­zas y baterías.

“Para entonces la dirección de la UEB recogió los tractores y los depositó en sus instalaciones, por indicaciones de la empresa, en función de ordenar la discipli­na del equipamiento teniendo en cuenta que había muchos de estos en las casas de los productores y operadores sin la correspondiente vigilancia por parte nuestra.

“Otro asunto que cabe desta­car es que los compañeros viven a 37 kilómetros de distancia y los caminos están en muy malas con­diciones, por lo que trasladarlos diariamente, ida y regreso, genera un significativo gasto de combus­tible del que actualmente no dis­ponemos”.

Como conclusión el máximo directivo de la entidad reconoce en primera instancia que lo que no se materializó fue aplicar la ley en cuestión. Debe añadirse que en esa ocasión había otra persona al fren­te de la EAIG.

“En estos casos cuando se le imposibilita a la empresa mantener el empleo, por una causa o por otra, nuestra obligación es buscarles re­ubicación a los trabajadores: esto lo hicimos, lo que nos faltó fue aplicar lo que regula el Código de Trabajo que es darles un tiempo pagándoles los porcientos de salarios que están establecidos y si el trabajador deci­de no reubicarse, pues se sale de la relación laboral con la entidad.

“Lo que ocurrió fue que se es­tuvo todo el tiempo pensando en ellos y en la posibilidad de echar a andar los equipos, pero hasta el momento no ha sido posible, y es ahí de donde surge esta lamentable queja por parte de esos operadores.

“Es nuestro empeño una solu­ción en cuanto la economía nos lo permita, sobre todo porque la em­presa necesita tener la maquinaria trabajando en Guamo, donde hay un macizo arrocero que depende de ese servicio y lo más factible es tener allí ese pelotón funcionan­do”, explicó.

Es ley cumplir la ley

El pasado 11 de diciembre se efectuó la última reunión con los trabajadores de la UEB Servicios Técnicos, en la que participaron miembros del consejo de direc­ción de la EAIG y representantes de la Oficina Nacional de Inspec­ción del Trabajo y de la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia.

Según describen los asisten­tes, nuevamente se les explicó la coyuntura actual y la imposibili­dad, por tanto, de recuperar aho­ra los deseados medios YTO 1804.

“Les hemos dado seguimiento a los acuerdos adoptados. De los ocho compañeros, cuatro fueron reubicados en otras plazas dentro de la propia empresa, dos laboran ya en la Camaronera Calisur, de esta localidad, una compañera se trasladó para el policlínico de Guamo como auxiliar de limpie­za y uno se someterá a un proceso de peritaje médico. Todos están percibiendo salario y en aparen­te conformidad”, informó Karel Leyva Trinchet, secretario ge­neral del Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuarios y Forestales en Granma.

Ciertamente lo que faltó, y podemos afirmar incluso que por buenas intenciones de la entidad, fue aplicar la Ley no. 116, Códi­go de Trabajo como corresponde, específicamente los artículos 57 y 58 para trabajadores interruptos, en este caso al validarse que el colectivo presentaba una parali­zación temporal de los equipos en el proceso productivo debido a las limitantes de recursos expuestas.

“En consonancia con el De­creto 326, Reglamento de la nor­ma, la UEB debió aplicar el ar­tículo 80 que establece dar por terminada la relación de traba­jo una vez que los empleados no aceptan la reubicación, como fue el caso.

“El bienestar de los trabaja­dores va a ser invariablemente de interés para todos nosotros, po­demos equivocarnos, pero siem­pre hay modo de corregir y es eso justamente lo que hemos hecho”, concluyó el dirigente sindical.