Los Gobiernos deben hacer más para utilizar la protección social universal con el propósito de adaptarse y mitigar el negativo impacto que ocasiona el cambio climático en la población mundial y en sus condiciones de vida, revela un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Según afirma el organismo especializado de las Naciones Unidas, los Gobiernos no están aprovechando plenamente el potencial de la protección social para contrarrestar los efectos de la crisis climática y apoyar una transición justa hacia un futuro sostenible.
El documento, que lleva por título “Informe Mundial sobre la Protección Social 2024-2026: Protección social universal para la acción climática y una transición justa”, también destaca que son los países más vulnerables a los efectos del cambio climático los que suelen tener los niveles más bajos de protección social, vale decir, los menos preparados ante los perjuicios que ocasiona el grave trastorno global.
El informe destaca que, por primera vez, más de la mitad de la población mundial (52,4%) tiene algún tipo de cobertura de protección social, una cifra superior al 42,8% del 2015, año en que se adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
No obstante lo anterior, en los 20 países más vulnerables a la crisis climática, el 91,3% de las personas (364 millones) aún carecen de algún tipo de protección social; y en términos más generales, en los 50 países más vulnerables al clima, el 75% de la población (2 mil100 millones) carece de cualquier cobertura de protección social.
A nivel mundial, la mayoría de los niños (76,1%) carecen aún de cobertura de protección social efectiva; y también existe una amplia brecha de género, ya que la cobertura efectiva de las mujeres va a la zaga de la de los hombres (50,1% y 54,6%, respectivamente).
Especialmente significativas son estas brechas, dado el papel potencial de la protección social para suavizar el impacto del cambio climático, ayudar a las personas y a las sociedades a adaptarse a una nueva realidad climáticamente volátil, y facilitar la transición justa.
En relación con este vital asunto, el Director General de la OIT, Gilbert F. Houngbo, afirma: “Muchos de los países que están sufriendo las consecuencias más brutales de esta crisis están especialmente mal equipados para hacer frente a sus consecuencias medioambientales y sobre los medios de vida. Debemos reconocer que lo que les ocurra a las comunidades afectadas nos afectará a todos…”
De acuerdo con el informe, la protección social puede ayudar a las personas a adaptarse y hacer frente a las crisis relacionadas con el clima proporcionándoles prestaciones de protección social, como la seguridad de los ingresos y el acceso a la atención sanitaria.
El organismo de la ONU también apunta que la protección social puede amortiguar a las familias, los trabajadores y las empresas durante la transición ecológica y permitir prácticas económicas más sostenibles. Esto incluye apoyar a los trabajadores con formación y mejora de sus cualificaciones, de modo que estén equipados con conocimientos y habilidades para el empleo en sectores verdes y con bajas emisiones de carbono.
La protección social también garantiza que todos los empleos sean decentes, con protección y prestaciones adecuadas, asevera la OIT.
“La protección social es esencial para garantizar que la actual transición energética verde y baja en carbono no deja a nadie atrás” destaca Houngbo, tras lo cual añade: “Y el imperativo de hacer universal la protección social no es sólo ético, sino también práctico: apoyando y protegiendo a los trabajadores en todas partes, podemos ayudar a aliviar los temores sobre la transición, lo que es esencial para movilizar el apoyo popular a una transición sostenible y justa”.
Pero a pesar de su papel como catalizador y facilitador de una acción climática positiva, los Gobiernos no aprovechan al máximo el potencial de la protección social, en gran parte debido a las persistentes lagunas en la cobertura y a una importante falta de inversión.
Por término medio, los países gastan el 12,9% de su producto interno bruto (PIB) en protección social (excluida la sanidad). Sin embargo, mientras que los países de renta alta gastan una media del 16,2%, los países de renta baja sólo destinan el 0,8% de su PIB a la protección social, por lo que requieren del apoyo económico internacional.
Finalmente, el informe reclama una actuación política decidida e integrada para colmar las lagunas de protección e invertir significativamente en protección social; y en esta dirección ofrece las siguientes importantes recomendaciones para ayudar a orientar las políticas y garantizar resultados eficaces y sostenibles:
-Prepararse para los riesgos “rutinarios” del ciclo vital y para los impactos climáticos estableciendo sistemas de protección social antes de que esos eventos adversos ocurran, a fin de garantizar que todos disfruten de una protección social adecuada.
-Utilizar la protección social para apoyar los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático y garantizar la aceptación pública de estas medidas.
-Dar prioridad a la inversión en protección social, incluido el apoyo externo a los países con un espacio fiscal limitado.
Implementar estas acciones será la plena comprensión de lo afirmado por el Director General de la OIT, Gilbert F. Houngbo: “El cambio climático no reconoce fronteras, y no podemos construir un muro para mantener la crisis fuera. La crisis climática nos afecta a todos y representa la amenaza más grave para la justicia social hoy en día”.
(Con información de sitio web de la OIT y Noticias ONU)
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