Ciego de Ávila.— Amanece despejado el clima laboral. Una brisa refresca la jornada. Al final de la tarde se acalora el ambiente. “Salida antes de tiempo, abandono de la guardia ¡hay que tomar medidas!”, exclama quien acaba de llegar al puesto de vigilancia, en una de las grandes industrias del municipio de Ciro Redondo, en esta provincia.
Allí, como en otros centros, muchos tropiezan con la misma piedra, pero pocos hablan de evitar los traspiés. “Todo bien”, suelen expresar los agentes de seguridad y protección (ASP), acostumbrados a trabajar en algunos lugares sin garita, baño sanitario y demás condiciones indispensables para proteger también la salud.
Un caso ejemplarizante
Cerca de la posición 3 de la bioeléctrica, perteneciente a la empresa mixta Biopower S. A., encuentra Oneida Vega Santo a Fidel Hernández Castellanos, quien, dispuesto a efectuar el relevo, recibe el equipo de comunicación walkie-talkie, y afirma: “Todo en orden”.
En cambio, Yamilia Brito Castellanos, jefa de objetivo, estima que algo anda mal y no tarda en notificar una indisciplina en el servicio de guardia de la planta energética. Tampoco demora en registrar el incidente la administración de la unidad empresarial de base (UEB) de Seguridad y Protección (Seproc) en Morón, la cual brinda este tipo de servicio al mencionado municipio.
Y veloz llega la sentencia: el órgano de justicia laboral (OJL) de Seproc ratifica la medida administrativa de descuento del 25 % del salario básico mensual y acuerda establecer la etapa de rehabilitación durante un año, al dar por hecho que Vega Santo abandona la posición a las seis y treinta de la tarde, 10 minutos antes de la hora establecida.
¡Orden en la sala!
Oneida apela. El abogado que la representa considera severa la sanción aplicada por la dirección administrativa. El caso arriba a proceso judicial, durante el cual la trabajadora no cuenta con el acompañamiento del sindicato, no obstante el diseño de la CTC de un sistema de trabajo para la atención y seguimiento a cada queja.
Durante las comprobaciones y en la audiencia, el Tribunal Municipal Popular (TMP) de Morón se demostró que la agente de seguridad no abandona el puesto de trabajo, sino que entrega el walkie-talkie en posición contigua a su objetivo de guardia, sin ocurrir incidente que afectara la imagen de la bioeléctrica ni la misión social de la UEB.
Incluso, “el expediente de la trabajadora no contiene correcciones ni evaluaciones deficientes. De haberse amonestado se hubiese alcanzado el fin reeducativo, no es justo haberla privado de un porcentaje de su salario”, refleja el dictamen del TMP.
Por tanto, se decide: Revocar el acuerdo del OJL, acoger la demanda de Oneida Vega, aplicarle a ella amonestación pública “con derecho a la reparación de daños y perjuicios sufridos”, refleja el documento.
Por fin, la justicia desata la madeja enredada desde diciembre del año 2023. “Cuando me quejé porque no pude descansar como estaba planificado el 31 de diciembre y el primero de enero pasados, empecé a enfrentar un conflicto laboral”, afirma Oneida y enseña las tirillas de papel que conserva como evidencia de las guardias asignadas, más nocturnas que diurnas, después de sus reclamaciones.
En realidad, el caso queda inconcluso. La trabajadora argumenta: “Después de la sentencia del Tribunal me devolvieron solo quinientos y pico de pesos correspondientes a la multa del 25 % del salario, tal parece que sigo sin derecho al pago por resultados de diciembre, enero y mayo, y a las utilidades del primer trimestre del presente año.
“Cuando le pregunté a la compañera de Recursos Humanos me dijo: ‘no siga quejándose, el Tribunal lo que hizo fue cambiarle la medida, usted continúa sancionada…’, ¿hasta cuándo?”.
Es cierto, la trabajadora sigue castigada. Tras concluir sus vacaciones, la ubican en la unidad polivalente del hospital de la ciudad de Morón (ella vive en el municipio de Ciro Redondo), en la etapa más tensa de la transportación de pasajeros.
Sentencia número 11 del 2024 en mano, Trabajadores indaga por qué si la indisciplina ocurre en la bioeléctrica hace ocho meses, la sancionada no puede reincorporarse a ese centro y asumir la amonestación pública sin aplicarse aún, sin embargo perdura tal incumplimiento de Seproc.
Guillermo Alfaro Rodríguez, director de la UEB, considera que “así evito un problema entre la agente y la jefa de objetivo al reencontrarse en el puesto de trabajo, estoy actuando consecuentemente”, y ¿humanamente se procede?
La desobediencia versus la ley
No es regla el litigio en cuestión. Sí deviene tema recurrente el tratamiento a las quejas, denuncias y reclamaciones de los trabajadores en los debates del actual proceso del 22 Congreso de la CTC.
En las Conferencias Municipales sale a relucir que se convierte en una tendencia de las administraciones la aplicación de medidas disciplinarias excesivas sin los fundamentos legales que las sustenten ante los OJL y los TMP.
El problema peina canas. Por ejemplo, el informe al cónclave sindical en el año 2019 corrobora que no está resuelto el principal objetivo para la atención relacionado con la solución o respuesta con claridad y celeridad que merece cada caso, y ejemplifica: el promedio de reclamaciones atendidas por año rebasa las 30 mil, en el período 2014-2018; las más reiteradas son las de mejor derecho y de contenido económico; en el 61% de estas los OJL ratificaron la decisión administrativa inicial.
De vuelta al hecho de la injusticia laboral es evidente que el TMP de Morón dicta sentencia el 24 de mayo del 2024. Queda inconclusa para obediencia la actitud de la dirección de la UEB Seproc, violatoria de la ley que protege y aboga por un ambiente laboral justo, inclusivo y respetuoso.
Desprotección
“No lo autorizo a grabar ni puedo mostrarle documentos, anote lo necesario”, así comienza el diálogo Guillermo Alfaro Rodríguez, director de la UEB Seproc en el avileño municipio de Morón.
“Que por qué hay éxodo masivo de custodios en el municipio de Ciro Redondo, pues por diferentes causas. El pasado año ocurrieron 81 bajas y hoy tenemos personal nuestro solo en la bioeléctrica.
“Cerramos las posiciones de forma temporal de las demás entidades por falta de garitas, iluminación y baños; impagos del servicio prestado; solicitudes de baja por enfermedad, mejoría de salario y otros motivos”.
Grupos de vigilancia se constituyeron en más de 10 centros en inconformidad con los servicios de Seproc, según expresaron sus directivos. En tanto, Trabajadores evidenció que varias de las entidades que les retiraron el personal cuentan con las condiciones necesarias para la seguridad y protección.
