Cargando...La Ley de Movilidad Jubilatoria vetada recientemente por el mandatario Javier Milei establecía que la pensión mínima “no debía ser menor al valor de una canasta básica de adulto mayor”, equivalente hoy a 800 mil pesos, según estima la Defensoría de la Tercera Edad de Argentina.
La nación suramericana tiene hoy algo más de 7 millones 779 mil jubilados y pensionados, casi el doble de la existente dos decenios antes. En agosto de este año el monto de la jubilación mínima apenas alcanzó los 225 mil 497 pesos. Algunos casos recibirán en septiembre un bono adicional de 70 mil pesos, aún muy lejos de lo necesario para cubrir los gastos básicos. La situación ha colocado a más de 5 millones de jubilados y pensionados por debajo de la línea de pobreza.
A esta cifra se suman las 500 mil personas que cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam), que equivale al 80 % de la jubilación mínima, y un millón de personas con pensiones no contributivas que perciben solo 220 mil mensuales, refiere Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad.
Otro de los puntos de la vetada ley buscaba contrarrestar, ligeramente, el impacto de la subida de los precios, pues instauraba un “pago extra de 8 % para alcanzar el 20,6 % de la inflación de enero”; pero este tipo de beneficios, casi ridículos frente a la realidad en que vive esa población que ha aportado a la sociedad mucho más de lo que hoy recibe, no son parte del esquema libertario que ha propuesto Milei y quienes le secundan.
Al Gobierno no le importa que la actual crisis económica haya cercenado el 30 % del poder adquisitivo de los jubilados, prueba de ello es que en agosto modificaron el programa que les entregaba medicamentos de manera gratuita, el cual había sido implementado por la administración de Mauricio Macri y preservado por la de Alberto Fernández.
Los jubilados se han visto afectados también por el alza del costo de los servicios de transporte público, electricidad y gas: “Hablar de vejez en Argentina es hablar de un sector mayoritariamente pobre, en condiciones de extrema vulnerabilidad. El Estado, desde décadas y a través de los distintos gobiernos, declama una prioridad de los adultos mayores en la agenda pública, pero ha usurpado de forma permanente los fondos de los jubilados para pagar deuda”, ha denunciado el periodista Mario Hernández en el medio digital Rebelión.
Milei, con el veto que echó por tierra las ilusiones de los jubilados, asegura que “de dar cumplimiento a la medida sancionada por el Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos”.
¿Qué podría suceder?
El proceder legislativo en Argentina establece que cuando una ley resulta vetada por el poder ejecutivo, esta puede regresar al Congreso, donde volverá a ser evaluada en ambas cámaras. Si los diputados y senadores que la promueven alcanzan la mayoría calificada de dos tercios de los votos de los miembros presentes, el código puede ser reimpulsado y el presidente tendría que aceptarlo. Observadores locales aseguran que este escenario no es imposible, pero sí poco probable.
Si el respaldo no alcanza, la iniciativa quedaría “fuera del circuito parlamentario y no podría ser tratada de nuevo hasta las sesiones parlamentarias del 2025”.
Según el diputado de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy, citado por Página 12, la nación padece una crisis en la previsión social a raíz de distintos problemas organizativos como la elevada informalidad y una edad de retiro establecida que no es consistente con la esperanza de vida: “El ahorro para la vejez en la Argentina está estatizado y es la clave de muchos de los problemas de crecimiento”, dijo.
El veto de Milei ha revuelto el avispero de la inconformidad. Ya han ocurrido varios enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes. El miércoles 4 de septiembre, por ejemplo, más de 5 mil personas, mayormente jubilados y representantes de organizaciones sociales, se reunieron en los alrededores de la Casa Rosada para marchar hacia la Plaza de Mayo.
El Gobierno ordenó a militares de la Prefectura y de la Gendarmería acallar la protesta. De un lado hubo vallas de seguridad, golpes, escudos y gases; del otro, carteles, gritos, empujones y mucho coraje, lo único que hoy les sobra a los abuelos argentinos.
