Argentina y el coraje de los jubilados

Argentina y el coraje de los jubilados

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La Ley de Movilidad Jubilatoria vetada recientemente por el manda­tario Javier Milei establecía que la pensión mínima “no debía ser menor al valor de una canasta básica de adulto mayor”, equivalente hoy a 800 mil pesos, según estima la Defensoría de la Tercera Edad de Argentina.

Foto: Federico Imaz/ Prensa Obrera

La nación suramericana tiene hoy algo más de 7 millones 779 mil jubilados y pensionados, casi el do­ble de la existente dos decenios an­tes. En agosto de este año el monto de la jubilación mínima apenas al­canzó los 225 mil 497 pesos. Algu­nos casos recibirán en septiembre un bono adicional de 70 mil pesos, aún muy lejos de lo necesario para cubrir los gastos básicos. La situa­ción ha colocado a más de 5 millones de jubilados y pensionados por de­bajo de la línea de pobreza.

A esta cifra se suman las 500 mil personas que cobran la Pen­sión Universal para el Adulto Ma­yor (Puam), que equivale al 80 % de la jubilación mínima, y un millón de personas con pensiones no con­tributivas que perciben solo 220 mil mensuales, refiere Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad.

Otro de los puntos de la vetada ley buscaba contrarrestar, ligera­mente, el impacto de la subida de los precios, pues instauraba un “pago extra de 8 % para alcan­zar el 20,6 % de la inflación de enero”; pero este tipo de beneficios, casi ridículos frente a la realidad en que vive esa población que ha apor­tado a la sociedad mucho más de lo que hoy recibe, no son parte del es­quema libertario que ha propuesto Milei y quienes le secundan.

Al Gobierno no le importa que la actual crisis económica haya cercenado el 30 % del poder ad­quisitivo de los jubilados, prueba de ello es que en agosto modifica­ron el programa que les entregaba medicamentos de manera gratui­ta, el cual había sido implementa­do por la administración de Mau­ricio Macri y preservado por la de Alberto Fernández.

Los jubilados se han visto afec­tados también por el alza del costo de los servicios de transporte pú­blico, electricidad y gas: “Hablar de vejez en Argentina es hablar de un sector mayoritariamente pobre, en condiciones de extrema vulnerabi­lidad. El Estado, desde décadas y a través de los distintos gobiernos, de­clama una prioridad de los adultos mayores en la agenda pública, pero ha usurpado de forma permanente los fondos de los jubilados para pa­gar deuda”, ha denunciado el perio­dista Mario Hernández en el medio digital Rebelión.

Milei, con el veto que echó por tierra las ilusiones de los jubilados, asegura que “de dar cumplimien­to a la medida sancionada por el Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la Repúbli­ca Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos”.

 

¿Qué podría suceder?

El proceder legislativo en Argen­tina establece que cuando una ley resulta vetada por el poder ejecutivo, esta puede regresar al Congreso, donde volverá a ser evaluada en ambas cámaras. Si los diputados y senadores que la promueven alcanzan la mayoría calificada de dos tercios de los vo­tos de los miembros presentes, el código puede ser reimpulsado y el presidente tendría que aceptarlo. Observadores locales aseguran que este escenario no es imposible, pero sí poco probable.

Si el respaldo no alcanza, la iniciativa quedaría “fuera del cir­cuito parlamentario y no podría ser tratada de nuevo hasta las se­siones parlamentarias del 2025”.

Según el diputado de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy, citado por Página 12, la nación pa­dece una crisis en la previsión social a raíz de distintos problemas orga­nizativos como la elevada informa­lidad y una edad de retiro estable­cida que no es consistente con la esperanza de vida: “El ahorro para la vejez en la Argentina está estati­zado y es la clave de muchos de los problemas de crecimiento”, dijo.

El veto de Milei ha revuelto el avispero de la inconformidad. Ya han ocurrido varios enfrentamien­tos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes. El miércoles 4 de sep­tiembre, por ejemplo, más de 5 mil personas, mayormente jubilados y re­presentantes de organizaciones socia­les, se reunieron en los alrededores de la Casa Rosada para marchar hacia la Plaza de Mayo.

El Gobierno or­denó a militares de la Prefectura y de la Gendarmería aca­llar la protesta. De un lado hubo vallas de seguridad, golpes, escudos y gases; del otro, carteles, gritos, empujones y mucho coraje, lo único que hoy les sobra a los abuelos argentinos.

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