Cuando en este mes de septiembre, 30 días después de su publicación el 19 de julio en la Gaceta Oficial Ordinaria número 78, entren en vigor las nuevas disposiciones normativas para los actores económicos no estatales, la anhelada prosperidad en muchos de ellos comenzará a despojarse de distorsiones, en bien propio, de la economía y de la sociedad.
Porque como ha señalado Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, deberán prevalecer la ley y el orden si queremos que triunfen y se fortalezcan todas las formas de gestión de la economía.
Pero no son pocas las dudas y preocupaciones escuchadas en diversos escenarios en torno a los seis decretos leyes, dos decretos y resoluciones complementarias destinados al ordenamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), de las cooperativas no agropecuarias (CNA) y del trabajo por cuenta propia (TPC).
Como era de esperar, desde el exterior no han faltado los cuestionamientos y manipulaciones respecto al verdadero propósito de estas disposiciones, que antes de su aprobación fueron consultadas a gobiernos provinciales, organismos y actores económicos, en aras de perfeccionarlas.
Partiendo de lo orientado por la dirección del país de que las proyecciones del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, en la medida en que se anuncien tengan su aseguramiento político y comunicacional, se insiste en el alcance e importancia de las normativas, las modificaciones de anteriores decretos-leyes ahora actualizados.
Las comparecencias de funcionarios o expertos en la radio, la televisión y demás medios informativos, y los encuentros de preparación de los territorios, que una comisión integrada por representantes de varios organismos sostiene desde el 22 de agosto último, se insertan en las acciones concebidas con vistas a su cabal conocimiento y comprensión.
Uno de los decretos, el 107, se refiere a la creación del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, cuya principal misión es dirigir y controlar la política del Estado para el desarrollo y funcionamiento de esas formas de gestión.
«Las mipymes se concibieron como actores económicos que complementen al sector estatal, principalmente, desde la producción», recordó en julio pasado Miguel Díaz-Canel a los diputados.
Sin embargo, acotó, ahí hemos tenido una gran distorsión, buena parte de ellas se han dedicado a la comercialización de productos importados que, aunque resuelven carencias inmediatas de la ciudadanía, no aportan al desarrollo sostenible del país».
Y en tal sentido, el Doctor Agustín Lage, asesor del presidente del Grupo empresarial BioCubaFarma, reafirmó recientemente que la gran mayoría de las que han emergido en los últimos años “no son estatales, sino privadas; no son de alta tecnología, sino de bajo valor agregado; no son productivas, sino comerciales; no tienen orientación exportadora, sino importadora”.
Por tanto, el referido instituto deberá fomentar políticas e incentivos para el desarrollo de las Mipymes, CNA y TPC en función de la estrategia económica y social del país, y de conjunto con los organismos, entidades nacionales y administraciones locales del Poder Popular, promover encuentros con las empresas estatales, en aras de su encadenamiento productivo.
Aunque una de las acciones para corregir distorsiones consiste en la descentralización hacia los municipios de la aprobación de las solicitudes de nuevos actores económicos, en correspondencia con las prioridades y necesidades del desarrollo territorial, le corresponde dirigir este proceso desde el punto de vista metodológico.
En el centro de su quehacer estará el llamado de Miguel Díaz-Canel de que el enfrentamiento será contra el descontrol, las ilegalidades, las evasiones tributarias, la especulación y el fraude, vengan de donde vengan, sean no estatales o estatales las empresas.
«Esta es una batalla contra la ilegalidad y no contra las formas de propiedad y gestión», ha subrayado el Presidente cubano y esa es una de las esencias de la actualización de las disposiciones normativas destinadas a los actores económicos no estatales, y del papel del instituto nacional creado para atenderlos y acompañarlos.
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