Santiago de Chile.- El ministro chileno de Economía, Nicolás Grau, se reunirá hoy con las empresas contratistas de la siderúrgica de Huachipato para analizar el impacto del cierre de esa planta en los empleos indirectos.
El 7 de agosto el directorio de la fábrica anunció la suspensión de actividades, lo cual dejará en la calle a unos dos mil 500 operarios, pero también afectará a otros 20 mil trabajadores de firmas que prestaban servicios a la industria.
Porfirio Ochoa, dueño de la empresa constructora Imattex, declaró a la prensa que tras el desmantelamiento de Huachipato perdieron su principal cliente y por eso es necesario hacer alianzas con empresas del Estado para solucionar el problema de cesantía.
El cierre fue considerado como un duro golpe para la región del Biobío, e incluso, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, calificó como irresponsable la decisión tomada por la Compañía de Acero del Pacífico (CAP), propiedad de la planta.
La CAP había logrado este año que la Comisión Antidistorsiones impusiera sobretasas al acero chino bajo la supuesta competencia desleal.
Según denunció el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, David Acuña, la compañía utilizó a los operarios para conseguir los gravámenes y hoy día les dan la espalda. Recordó que desde los primeros indicios de la crisis, fueron las agrupaciones de empleados quienes llegaron a La Moneda e hicieron manifestaciones tanto a nivel regional como nacional para que se aprobaran los aranceles adicionales.
“Esto quiere decir que la Compañía de Acero del Pacífico nunca tuvo la intención de mantener el negocio, sino que, lamentablemente, era un plan para ver cómo cerraban de una mejor manera para ellos, no para los trabajadores”, dijo Acuña.
