Un objetivo clave es fortalecer las capacidades del Centro de Investigaciones Pesqueras (CIP) y los departamentos técnicos (buroes de captura) de empresas pesqueras, ubicadas en el Golfo de Guacanayabo, indicó aquí la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El Ministerio de la Industria Alimentaria de la nación caribeña impulsa la iniciativa, con la asistencia técnica de la FAO y financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), como parte del proyecto Conpescas Guacanayabo.
Para el estudio en curso, la isla recibe actualmente equipos de georeferenciación, posicionamiento y observación; medición de parámetros físicos-químicos y oceanográficos, así como herramientas de trabajo y medios de buceo, anunció la entidad de Naciones Unidas.
Los suministros, abundó, ayudarán a garantizar la evaluación periódica del hábitat y las poblaciones sometidas a explotación pesquera en el área.
Otros aportes incluyen tecnologías informáticas y vehículos que facilitan la gestión de los procesos vinculados a la Empresa Pesquera Industrial de Santa Cruz del Sur en Camagüey, la Empresa Pesquera Industrial de Granma y la Unidad Empresarial de Base de Guayabal, perteneciente a la Empresa Pesquera de Las Tunas, precisa el reporte.
Según recordó la FAO, para contribuir a la gestión y recuperación de las poblaciones marinas se requieren evaluaciones biológico-pesqueras con vistas a reconocer los límites sostenibles de explotación, el estado del hábitat, la abundancia de las especies y las fluctuaciones de su crecimiento e identificar las que puedan estar en peligro de extinción.
La investigación científica en materia biológica y ambiental, remarcó, asegura la correcta toma de decisiones en el sector productivo y ayuda a crear las condiciones para una industria pesquera rentable y sostenible en beneficio de las comunidades y el país.
En tal sentido, Conpescas Guacanayabo contribuye a la conservación de la biodiversidad marina mediante el manejo de los recursos pesqueros de la plataforma suroriental en los municipios de Amancio Rodríguez, en la provincia de Las Tunas; Manzanillo, en Granma, y Santa Cruz del Sur, en Camagüey, ejemplificó.
Con un monto de aproximadamente 1,3 millones de dólares, el proyecto es una contribución a distintas normativas del Estado cubano, entre ellas, la ley de Pesca (aprobada en 2019) y la relativa al Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, puesta en vigor en mayo de 2023, apreció la FAO.
