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Firman Convenio para implementar la Ley de Comunicación Social

Bajo la premisa de desarrollar actividades de asesoramiento, docentes y de investigación científica para la implementación efectiva de la Ley de Comunicación Social y sus Reglamentos, se firmó este miércoles un Convenio de Colaboración entre la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto de Información y Comunicación Social (ICS).

Foto: ACN

Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, dijo a la prensa que la ley sostiene una relación directa con la misión institucional del órgano a partir de lo establecido por la Constitución, de ejercer el control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública y el control de la legalidad.

Precisamente, uno de los objetivos de la disposición es transparentar, brindar información y mediante un consenso vincular de manera permanente al pueblo con los procesos del país.

Desde el Palacio de Convenciones de La Habana, refirió que la ley se debe observar de manera conjunta con otras normativas pues la información y los procesos constitucionales no funcionan de manera aislada.

Alfonso Noya Martínez, presidente del ICS, calificó a la FGR como un referente importante en materia de comunicación dado su trabajo y experiencias de diálogo con los públicos internos y externos.

Noya Martínez reconoció que el Convenio es un proceso decisivo ante la necesidad de buscar alianzas para implementar la ley de forma adecuada y gradual.

Dicha ley por sí sola no resolverá el problema de la comunicación en Cuba, por lo cual, se deberá realizar un trabajo conjunto entre la sociedad y las instituciones, agregó.

La FGR se convirtió en el primer órgano en firmar un Convenio de Colaboración con el ICS para la preparación e implementación del instrumento jurídico, y se mantendrá vigente hasta que ambas partes designen lo contrario.

Aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en 2023, la Ley de Comunicación Social se publicó el 5 de junio último en la Gaceta Oficial de la República, y entrará en vigor el 3 de octubre próximo.

Tiene como misión regular el sistema para la gestión estratégica e integrada de los procesos de comunicación social en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario, y establecer los principios de funcionamiento para todos los medios.

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