Buscar soluciones al desabastecimiento
La necesidad de buscar soluciones al nivel de desabastecimiento que hoy afecta a la población fue destacada por el diputado Ulises Guilarte de Nacimiento, al intervenir en el debate sobre los resultados de la economía en el 2023 y el primer semestre de este año, en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento.
En presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba, el secretario general de la CTC puso como ejemplo la situación de la canasta básica familiar normada, de la inflación, y otros que impactan en la capacidad de compra de los salarios e ingresos de los trabajadores.
Mencionó en particular al millón 700 mil pensionados que existen en el país, así como el salario promedio en el sistema empresarial, que crece apenas mil pesos, lo cual resulta insuficiente ante los precios minoristas actuales.
Guilarte de Nacimiento destacó que como parte del proceso de discusiones del XXII Congreso de la CTC se ha estado discutiendo duro los incumplimientos reiterados en un grupo de exportaciones, la fuente principal para los ingresos que requiere el país.
Explicó además que todavía hay 319 empresas estatales con pérdidas económicas, 51 más que en igual periodo del año anterior, lo cual representa el 16% del total, y que además son del sector primario de la economía, agropecuarias, azucareras, alimentarias y de subordinación local, algunas de ellas con más de tres años sin ser rentables.
La fortaleza mayor para buscar más ofertas es aprovechar los más de dos millones de hectáreas de tierra entregada, las cuales no rinden lo suficiente y arrojan resultados muy dispares, a veces en igualdad de condiciones y con las mismas dificultades de insumos, razonó el máximo dirigente sindical.
Se refirió además a la importancia de las facultades otorgadas a los gobiernos municipales, entre ellas la posibilidad de concertar precios con los distintos actores económicos. “Hay que seguir peleando, porque esa es una de las medidas que pudieran hacer posible revertir de alguna manera el crecimiento de los precios”.
Previamente los diputados conocieron del informe sobre la gestión económica del país que expuso Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación, quien confirmó que en 2023 hubo un decrecimiento equivalente al 1,9% del PIB, con una incidencia negativa de la producción agropecuaria, y las industrias azucarera y manufacturera.
En cuanto al primer semestre de 2024, el ministro no anunció si hubo crecimiento o descenso del PIB como es usual en este ejercicio de mediados del año.
Apuntó que los ingresos en divisas por exportaciones crecieron en un 24% en relación con igual periodo del pasado año, pero solo fueron el 88% de lo planificado para la etapa, lo cual significa que se dejaron de ingresar 222 millones de dólares.
No se cumplieron los planes en la venta de níquel, azúcar y ron, ni por los servicios turísticos ni de telecomunicaciones. No obstante, la cantidad de visitantes internacionales creció casi un 2% en relación con igual periodo de 2023, pero aún está muy lejana de lo logrado en 2019, antes de la pandemia.
Un indicador muy representativo de lo difícil de la situación, es la restricción de las importaciones en este primer semestre, cuyo plan solo se cumplió al 58%, lo cual es una reducción del 22% en relación con el cierre de junio de 2023.
El incumplimiento del plan en la mayoría de las producciones agropecuarias complejiza aún más el panorama, que se intenta revertir con la creación de sistemas agroalimentarios municipales, a partir de la creación ya de 113 empresas en 107 municipios, que se integran a la labor de los distintos tipos de cooperativas.
El titular también expuso las estrategias para lo que resta del año, en materia de estabilización macroeconómica, producción de alimentos, racionalidad en el gasto, mejoramiento del sistema electroenergético, incremento de los ingresos en divisas del país y atención a las personas, familias y comunidades más vulnerables.
Sí puede hacerse un mejor comercio minorista en el país
Dijo el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz en Comisión de Atención a los Servicios del parlamento cubano
“A pesar de la compleja situación económica y financiera, sí puede hacerse en el país un mejor comercio, más para ello hay que eliminar las chapucería, el maltrato, mejorar la calidad, la inocuidad de los alimentos y la protección al consumidor”, dijo este lunes Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro cubano, al intervenir en el análisis del dictamen de la Comisión parlamentaria de Atención a los Servicios a propósito de la rendición de cuenta del Ministerio del Comercio Interior (Mincin) a la Asamblea Nacional.
El Primer Ministro precisó que hacer un mejor comercio precisa de más exigencia, control, disciplina y trabajar más con los trabajadores del sector, algo que hay que acercar cada vez más a la mejoría de sus condiciones de labor.
Los diputados a la citada Comisión conocieron detalles del informe que presentará el Mincin al Parlamento en el actual Período Ordinario de Sesiones, el cual reconoce las muchas insuficiencias presentes, de manera particular, en el programa de entrega de la canasta familiar normada, donde conviven problemas muy objetivos, en primer lugar las agudas carencias de la economía nacional y muchas subjetividades.
Al respecto Marrero Cruz enfatizó en la complejidad del tema de la entrega a la población de la canasta familiar normada, a la vez que calificó el debate como muy oportuno, dado su impacto directo en los problemas que día a día enfrenta nuestro pueblo.
“Aunque sabemos que es insuficiente, mantenemos esa canasta familiar como una conquista; es una ayuda a nuestro pueblo, mucho más en momentos de gran escasez.
“Casi todo hay que importarlo, en momentos de aumento de los costos de alimentos y fletes. Salen buques hacia Cuba, pero no tenemos la seguridad del respaldo financiero, lo que ha provocado en ocasiones que varios barcos estén en puerto con su carga encima, pero no hemos podido bajarla hasta no hacer efectivo el pago a la cuentas de los proveedores.
“Es un ejercicio muy complejo, dijo, pero tenemos la obligación de buscar alternativas para materializar el financiamiento y la distribución, que también ha estado permeada de temas objetivos y también subjetivos.
“Todo ello, subrayó, avala las intervenciones de los diputados en el sentido de que mientras más enredado sea el asunto, más comunicación hay que tener con el pueblo, de ahí que haya que buscar nuevas formas y vías para explicar oportunamente y con la mayor precisión al pueblo sobre los problemas sobre los problemas que lo afectan.
En tal sentido los diputados expresaron la necesidad de optimizar aún más la logística de distribución, dados los atrasos que se presentan, y criticaron las manchas que exhibe el proceso de bancarización, destacando las maldades que ponen en práctica muchos comerciantes, con prevalencia del sector no estatal.
Sobre ello Marrero Cruz dijo que es un tema donde falta exigencia, y ejemplificó con los mercados agropecuarios, “un punto clave donde no se ha avanzado lo necesario”, refirió.
Entre los aspectos que desde el comercio contribuyen a los precios especulativos están las políticas flexibles implementadas en el arrendamiento de instalaciones y en los encadenamientos.
Valdés Mesa participa en debates de Comisión Agroalimentaria
Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político y vicepresidente de la República, acompaña hoy, en esta capital los debates de la Comisión Agroalimentaria, como antesala del Tercer Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).
Desde el Palacio de Convenciones de La Habana, Alberto López Díaz, ministro de la Industria Alimentaria, dará a conocer el informe de la más alta fiscalización al Ministerio que encabeza.
Se expondrán los resultados de la zafra azucarera en el período 2023-2024 y la marcha del Plan de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en el sector.
Ramón Aguilar Betancourt, presidente de la Comisión Agroalimentaria, presentará un análisis a 10 empresas catalogadas como polos exportadores, mientras que Ydael Pérez Brito, titular de la Agricultura, abordará el comportamiento del acuerdo X/37 de la ANPP referido al sistema empresarial y su desarrollo económico al cierre de junio del presente año.
Los representantes de los ministerios involucrados y el Grupo Azucarero Azcuba abordarán el tratamiento a los procesos anteriores de rendición de cuentas y de despachos de los delegados a sus electores.
Participan también en los debates José Ramón Monteagudo Ruiz, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe del Departamento Agroalimentario.
Durante este lunes y hasta el 16 de julio sesionarán las Comisiones Permanentes de Trabajo del Parlamento cubano.
Los diputados de las comisiones de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer, y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, analizaron este lunes en sesión conjunta la implementación de la Política Integral de la Niñez, Adolescencia y Juventudes, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Arelys Santana Bello, presidenta de la primera comisión, afirmó que falta información entre los jóvenes sobre las peculiaridades de la política, lo que impacta negativamente su aplicación, a pesar del seguimiento sistemático del gobierno. Los diputados apostaron por consolidar las estrategias de comunicación y socialización, particularmente en los escenarios locales, que es donde se concretan las principales carencias en ese sentido.
No siempre se toman en cuenta la opinión de los jóvenes a la hora de articular acciones puntuales, trascendió en los debates. Varios diputados solicitaron de los organismos implicados en los planes de trabajo una mayor integración, a partir de indicadores que puedan ser analizados.
La academia tendría que participar más en la conformación de los métodos. La lógica, se planteó, no debe ser la de asumir a los jóvenes, adolescentes y niños como públicos de la política, sino como partícipes, protagonistas. Sucely Morfa, Jefa del Departamento de Atención al Sector Social del Comité Central del Partido, remarcó la necesidad de una atención integral, que abarque los ámbitos estudiantil, laboral y comunitario, con el objetivo de formar un buen ciudadano.
La política tiene que ser transversal, concluyó. El vice primer ministro Jorge Luis Perdomo Di-Lella consideró que el impacto de la política no es del todo tangible, y eso es más importante incluso que el hecho de conocerla o no. Perdomo enfatizó en que los análisis deben centrarse en los resultados de la aplicación concreta de la política. También instó a los gobiernos locales a implicarse más en el proceso.
En la Comisión de de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer se ofreció esta mañana información sobre el proyecto del nuevo Código de la Niñez y la Juventud, que se debe someter a la aprobación de la Asamblea en diciembre.
Los desafíos de la enseñanza artística
La comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente debatió este lunes sobre el desarrollo de la enseñanza artística, con la presencia de la vice primera ministra Inés María Chapman.
Los diputados debatieron un informe en el que se explicitaron realizaciones y problemas de un sistema que cubre todos los niveles de enseñanza, y que sufre el impacto de la actual crisis económica.
Pero más allá de los temas asociados al aseguramiento, se insistió en la necesidad de afianzar la calidad del proceso educativo.
Se resaltó el rol de la red de las instituciones de la enseñanza artística en el programa nacional dd enfrentamiento a la colonización cultural.
En la sesión de la tarde también se realizó el análisis de la propuesta de dictamen del proyecto de Ley de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública.
El ministerio de Cultura informó también sobre el proceso de reanimación del cine cubano, a partir de las acciones de Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (Icaic).
La energía renovable: un nuevo paso de avance para el país
Lograr la independencia energética y la reducción de combustible importado constituye uno de los objetivos principales del país como parte de la política de desarrollo de las fuentes renovables de energía.
Durante la reunión de comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular que sesionó hoy en el Palacio de Conversaciones de La Habana, correspondiente a la energía, industria y construcciones se analizó el cumplimiento de las inversiones para la construcción de parque solares fotovoltaicos en el país.
En medio de un contexto marcado por la falta de financiamiento, la pérdida de suministradores claves de combustible y una infraestructura de generación térmica con décadas de explotación, Cuba busca avanzar con nuestros propios recursos, ir hacia la sostenibilidad y soberanía energética con nuestro propio crudo, gas y las fuentes renovables de energía.
La tarea es respuesta a la política establecida por la dirección de la Revolución, lograr un cambio en la matriz energética que proporciona el uso mínimo de combustibles posibles y resaltar el empleo de nuevas formas de generación.
No obstante, existen algunos incumplimientos en las provincias de Ciego de Ávila, Guantánamo y Matanzas, relacionados por ejemplo, con la falta de contrato para la ejecución de la obra, las licencias de obras o el equipamiento necesario para lograrlo.
La reunión estuvo presidida por Ramiro Valdés Menéndez, Comandante de la Revolución, Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas, Alfredo López Valdés, director de la Unión Eléctrica (UNE), diputados y otros directivos.
Avances del uso de la FRE para la generación de electricidad
Durante el presente año se materializa un macroprograma para la instalación de 2 mil 12 MW en 92 parques fotovoltáicos y 200 MW de acumulación en baterías de 4 instalaciones (50 MW cada uno) que incluye a todas las provincias del país.
Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas explicó que para la implementación del programa se firmaron 2 contratos, los cuales darán inicio dentro de 14 meses uno y el otro en 7 años respectivamente, a partir de recursos nacionales.
Entre las acciones de ejecución de los programas están: el trabajo de forma continua de la Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (INOTU), el Ministerio de la Agricultura (MINAGRI) y la UNE, los cuales han evaluado y definido 53 áreas de las 92 para la instalación de los parques; se trabaja en la construcción civil de los primeros 19 parques donde se instalarán 415,5 MW; la aseguración de la transportación directa de los recursos desde los puertos hacia las áreas donde se construyen los parques solares.
Ya han arribado al país hasta el momento los primeros 71 contenedores, se encuentran navegando 186 y están en proceso de embarque otros 708.
Rosel Guerra, director de energía renovables en el ministerio de energía y minas aseguró que este macroprograma de parques solares de 2 mil 12 MW prevé la producción anual de 3400 GWh, además busca reducir el consumo de 890 mil toneladas de combustible todos los años y dejar de emitir a la atmósfera 2.8 toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año.
Asimismo precisó que se trabaja en otros proyectos como: la terminación de 9 parques fotovoltaicos (22MW), un proyecto de 120 MW donativo chino en 22 parques fotovoltaicos, el cual se ejecutará en 3 etapas, la primera concebida por la instalación de 35 MW en 7 parques cuyo recursos arribarán al país al cierre del 2024 para una puesta en vigor en el primer trimestre del año 2025; y los nueve parques del proyecto de 100 MW.
El uso de fuentes renovables es una estrategia que forma parte de la ley de Transición energética que busca consolidar no solo el ahorro energético a partir de los recursos y fuentes renovables, sino que garantiza un uso racional de la misma.
«Si no hay Cupet, no hay energía eléctrica», declaró el ministro de energía eléctrica. Los procesos inversionistas desplegados de Fuentes Renovables de energía garantizan el ahorro de combustible, en especial diésel y fuel, así como reanimación de la energía.
Lea más:
Farmacias y medicamentos a debate
Con la presencia del ministro de Salud Pública de Cuba José Ángel Portal Miranda, comenzó el trabajo en la Comisión de Salud y Deporte, en la previa al Tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su décima legislatura.
En un primer momento, la presidenta de la Comisión Cristina Luna expuso los resultados de la comprobación sobre el funcionamiento de las farmacias comunitarias y hospitalarias como parte del control a la política de medicamentos.
El déficit de medicinas es uno de los temas medulares que afecta a la población, lo cual se demuestra cuando de 651 productos que componen el cuadro básico de medicamentos, 292 son de venta en la red de farmacias.
Luna reafirmó la existencia de una tendencia hacia el incremento de la falta de medicamentos, debido a un contexto complejo marcado por el bloqueo y las dificultades para la importación de productos, materias primas e insumos, lo cual impacta directamente en los servicios del sistema nacional de salud.
Asimismo, como aspecto positivo, dio a conocer que, en este escenario, se incrementó a 179 el número de surtidos del cuadro básico de productos naturales como alternativa al déficit.
A raíz de todo el trabajo realizado mediante reuniones con directivos de la Dirección de Medicamentos y Tecnología del Minsap y Biocubafarma, la elaboración de guias con expertos del organismo, visitas, intercambios y recorridos; se identificaron múltiples deficiencias como la falta de personal en las plantillas de farmacias a causa de los bajos salarios, la disminución del personal especializado a causa principalmente de la migración, faltas y bajas coberturas de los medicamentos del cuadro básico, desorganización, presencia de problemas constructivos, ausencia de mensajeros, insatisfacciones de los trabajadores debido a las condiciones laborales, bajo impacto en los resultados financieros e incumplimiento del plan de producción de productos naturales tanto en volumen como en surtido, así como cuentas pendientes por pagar y dificultades con el transporte.
En este sentido Luna resaltó la importancia del trabajo de los gobiernos en la atención al sistema empresarial y las cuentas por pagar a nivel de empresas, hospitales y policlínicos y añadió que el Minsap tiene un sistema de trabajo para seguir de forma sistemática el cumplimiento de la política.
«El ochenta por ciento de esos medicamentos lo asegura la industria nacional, que en estos tiempos ha estado bastante deprimida con diferentes situaciones y aseguramiento de materias primas como también problemas tecnológicos que no se han podido solucionar a partir del tema de financiamiento y realmente ha habido un impacto grande en tener disponible en la farmacia medicamentos de uso común»
puntualizó, Cristina Lara, directora de Planificación y Análisis de Medicamentos del MINSAP, , quien resaltó que a pesar de las dificultades se hace todo lo posible para resolver las medicinas de quienes lo necesitan.
Sin embargo, los diputados aportaron iniciativas que puden servir para paliar las afectaciones. Por ejemplo, Caridad García, de Plaza de la Revolución, compartió su experiencia de cómo pueden los delegados contribuir a mitigar insatisfacciones.
«En el caso de la mensajería, a raíz de las visitas, sabemos que financieramente la farmacia no puede pagarle a un mensajero, pero sí se tienen bien identificadas las personas que necesitan ese servicio, se puede contar con mensajeros voluntarios para resolver cuestiones puntuales», argumentó García y destacó la necesidad de fortalecer la comunicación con los trabajadores para mejorar la organización del proceso de ventas.
A esto, Miriam Sotomayor, diputada de Camagüey, añadió la necesidad de que las farmacias extiendan el horario a la hora de las ventas y que se de una información anticipada sobre los medicamentos que se van a vender para evitar que las personas se trasladen al establecimiento sin necesidad.
Además, Julio Verdecia de Urbano Noris, Holguín, enfatizó en la necesidad de mejorar la apariencia y el marketing de los productos de medicina natural para que sean más conocidos y que puedan competir incluso a nivel internacional.
Otros aspectos que se tuvieron en cuenta en las intervenciones fueron la planificación de la demanda, ayuda en la organización, control en la prescripción, la necesidad de conocer a nivel local la cantidad de pacientes que realmente demandan un medicamento y como expresó Luna: «ajustar el traje a la medida según el territorio, pues es necesario actualizar procedimientos debido a la situación del país».
«Tenemos que lograr que los compañeros de farmacia vayan a los consejos populares y expongan las demandas para poder analizar y contribuir a tomar decisiones para acabar con insatisfacciones», manifestó la presidenta de la Comisión.
Por último, el ministro de Salud, José Ángel Portal resaltó que cada una de las intervenciones dejó clara la dificultad del asunto y enfatizó que todos los problemas subjetivos condicionan la situación y conlleva a distorsiones e ilegalidades que lastiman. «En medio de las condiciones el país no ha dejado de trabajar en la salud», concluyó el directivo, que aprovechó para reconocer a los trabajadores del sector.
Diputados analizan actualidad y retos en el proceso penal
Altos funcionarios del Minint, la Fiscalía y los tribunales abordaron este lunes junto a los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento las realidades y desafíos en la implementación de la Ley del Proceso Penal, promulgada en 2021 y otras cuestiones vinculadas con la instrucción, la interoperatividad entre los órganos involucrados, las garantías procesales y la celeridad de los procesos.
Entre los temas abordados estuvo el del completamiento y la superación del capital humano en las distintas instancias, de la instrucción a la finalización de los procesos, y la prioridad en la captación y superación profesional de las fuerzas.
Varios diputados intervinieron para exponer sus experiencias durante los intercambios y la verificación en la base.
La diputada Yenisei González, de Niquero, Granma, consideró que, aunque se aprecian indicadores de calidad con respecto a 2023, entre los retos están el cumplimiento de los términos, sobre todo en expedientes que llegan a plazo extraordinario y en la diligencia investigativa, así como la necesidad de seguir esclareciendo los hechos impunes, sobre todos los relacionados con hechos de violencia y delitos contra el patrimonio.
Se señaló, además, la importancia de optimizar los procesos con la incorporación de las TIC, vinculadas también con la mejora en el ámbito de los términos de los procesos.
Edelso Pérez, diputado por el municipio de Bolivia, provincia de Ciego de Ávila, mencionó condicionantes como el éxodo hacia el exterior y hacia otras actividades, recalcó la importancia del capital humano en el enfrentamiento, la investigación y el procesamiento de los casos, y subrayó que hay que enfocar la cuestión como una prioridad del Estado, no solo con la participación del Minint, la Fiscalía y los tribunales.
“Hay que buscar medidas audaces, serias, aun en un escenario de falta de recursos”, dijo. “Se requiere de capital humano, tecnología, más recursos, para no retroceder en el enfrentamiento y la investigación ante los retos actuales”, añadió, recalcando la importancia de la seguridad jurídica y ciudadana.
Ledys María Labrador, diputada por Puerto Padre, Las Tunas, habló del aumento de casos relacionados con el uso de la tecnología para cometer delitos. “Hay que conocer más el universo de la tecnología”, señaló, y llamó la atención sobre el hecho de que hoy hay muchos jóvenes que no son profesionales pero “tienen conocimientos profundos de las TIC”.
Ante esa realidad, opinó que es relevante lo que se pueda hacer en la educación, el trabajo con la familia y la prevención para el uso responsable de esas tecnologías.
“Creo que hay que mejorar la comunicación, llevar también a los medios casos de estafas digitales”, dijo, para que la población conozca lo que está sucediendo y tenga conciencia de los métodos.
La diputada Ana María Aparicio, de Cifuentes, Villa Clara, destacó la necesidad de asegurar la continuidad investigativa cuando se impone prisión provisional y evitar que se dilate la diligencia. “Hay relación consolidada entre la instrucción y la Fiscalía, pero hay que lograr estabilidad para asegurar las garantías”, dijo.
La primera coronel Moraima Bravet recordó que en un complejo panorama socioeconómico, con situaciones de escasez e inflación, ha habido un incremento del delito y quienes se involucran en este hacen más sofisticados sus modos de actuación, aumenta el uso de las TIC y se hace más compleja la detección.
Sin embargo −aclaró−, “no estamos atrás”, y coincidió en que se necesita una mayor presencia de casos en los medios para que la población conozca. “Tenemos que ir a una mayor comunicación social”, dijo, y añadió que, por ejemplo, en el programa televisivo Tras la huella “se están mostrando casos de distinta índole”.
La oficial informó sobre la situación en manifestaciones delictivas como el asesinato, los disparos con armas de fuego, homicidio y agresiones sexuales, en las que el índice de esclarecimiento está entre el 80 yy el 94%, pero reconoció la necesidad de elevar las tasas en otros como los relacionados con robo o el sacrificio de ganado.
“La investigación no se detiene en el esclarecimiento, hay que llegar a las causas, a las condiciones que generan y propician el delito”, apuntó.
Comentó que están trabajando para asegurar la retención del capital humano en una labor que requiere de mucho sacrificio. “Hay muchos jóvenes entre quienes trabajan en la investigación. También hay veteranos, que aportan su experiencia y pericia”, señaló.
Según la primera coronel, se está cumpliendo la política de severidad frente al delito, incluido el relativo a las drogas, “pero hay que lograr mayor prevención, detección temprana, y eso toca a todos, no solo al Minint. Hay que trabajar en la comunidad”.
A continuación, la fiscal general, Yamila Peña Ojeda, afirmó que con la Ley de Proceso Penal la Fiscalía adquiere mayor responsabilidad. Resaltó que se ha hecho hincapié en la preparación y la reorganización de la fuerza de esa institución.
Según Peña Ojeda, al cierre de junio pasado, el completamiento de la fuerza de la Fiscalía estaba al 74%, con varias provincias por encima de 80%.
Agregó que se ha puesto atención en el control de la investigación, se ha fortalecido la participación de la víctima y las garantías de sus derechos y se hicieron más de 39 000 controles a expedientes de fase preparatoria y más de 29 000 atestados. Además, se participó en 5 197 acciones de instrucción y en la autorización de 1 196 diligencias.
Informó que la medida de prisión provisional fue impuesta al 57% de imputados en atestados y al 84% en la fase preparatoria; fueron devueltos 17% de los atestados y 23% de expedientes de fase preparatoria por fiscales, que despacharon más de 9 800 expedientes, el 98% dentro del término.
“Todo lo que hagamos tiene que estar enfocado en organizar y optimizar los sistemas y procesos de trabajo”, dijo, y recalcó que se cumple la política de severidad, precisando que el 91% de las sanciones solicitadas implicaron el internamiento de los imputados.
“Estamos adoptando medidas, con atención diferenciada a los distintos territorios, en el ámbito de la celeridad de los procesos”, afirmó, y añadió que se avanza en la interoperatividad tecnológica de datos entre la Fiscalía y la instrucción en algunas manifestaciones delictivas.
En el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos trascendió que se aprecia mayor dominio de la ley procesal y el Código Penal, aunque se requiere seguir mejorando en la diligencia probatoria y la cadena de guarda y custodia de evidencias, así como en los términos del proceso legal.
El presidente de la comisión, José Luis Toledo Santander, destacó la necesidad de medidas y acciones para que no demore la respuesta penal, que es vital en el enfrentamiento. “Hay que dar prioridad a la continuidad investigativa, analizar qué causas retrasan el proceso investigativo”, apuntó.
Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, sostuvo que, a partir de la Constitución de 2019, “nos hemos dado leyes extremadamente garantistas, que son un desafío para los involucrados en el manejo procesal. Es un gran desafío optimizar sin afectar la calidad de los procesos, que sean consecuentes la investigación y la actuación de la Fiscalía controlando”.
Remigio Ferro, quien informó que el completamiento de los jueces está al 69% en el país, reiteró que las normativas aprobadas introducen elementos que hacen que sean más dilatados y complejos los procesos, a lo que se une la complejidad de los delitos.
“Tenemos el gran desafío de incorporar más calidad en el proceso penal”, afirmó, y señaló que se está aplicando la política de severidad “porque en juego la seguridad ciudadana”.
Al cierre del debate, Toledo Santander propuso que, con base en los resultados de un grupo de trabajo creado para abordar estos temas, se presente en octubre próximo una primera versión sobre cambios requeridos para la celeridad y calidad del proceso penal, “definir qué está entorpeciendo la marcha de la investigación”. La propuesta fue aprobada por los diputados. (Tomado de ACN)
La Asamblea Nacional del Popular (ANPP, Parlamento) de Cuba desplegará hoy y mañana el trabajo de sus comisiones permanentes previo al inicio, el miércoles, del Tercer Período Ordinario de Sesiones de su X Legislatura.
De acuerdo con el secretario de ese órgano, Homero Acosta, 11 Comisiones Permanentes de Trabajo (CPT) de la ANPP analizarán unos 90 temas de interés para la ciudadanía, luego de una etapa intensa de recorridos e intercambio de opiniones con colectivos laborales.
Más de mil centros de trabajo, instituciones y comunidades fueron visitados por los integrantes de las CPT junto a diputados por municipios y provincias, informó Acosta.
«No se llegará al miércoles 17 de julio con la distancia propia entre una sesión y otra del legislativo porque la ANPP y sus CPT chequean continuamente el cumplimiento de sus orientaciones y decisiones», agregó el secretario de ese órgano.
Aseguró que el Tercer Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura tendrá una agenda intensa en el ámbito legal, por la cantidad y calidad de las normas a debate y la trascendencia de los temas económicos para la vida nacional.
Mencionó, en tal sentido, el análisis de las propuestas de leyes de Ciudadanía, Migración y Extranjería, así como las de Procedimiento Administrativo, Transparencia y Acceso a la Información Pública, y del Sistema de Títulos Honoríficos y Condecoraciones.
Los parlamentarios emitirán juicios, además, sobre el anteproyecto de política para la ley de la empresa estatal socialista, que será debatida en otras convocatorias de la ANPP.
Asimismo, serán electos los jueces legos para el Tribunal Supremo Popular, rendirá cuentas el gobierno de la provincia Villa Clara (centro) y un grupo de nuevos diputados tomará sus escaños en el legislativo.
Aseguró el funcionario que también serán elegidos los miembros de la Comisión Electoral Nacional, creada para organizar dirigir y supervisar elecciones, consultas populares, plebiscitos y referendos.
El primer ministro Manuel Marrero explicará a los parlamentarios la marcha de la implementación de las medidas para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, informó Acosta.
Los diputados accederán a información sobre el desempeño económico del país en los primeros meses del año, así como una actualización de la ejecución del presupuesto y su liquidación de 2023, detalló.
El secretario de la ANPP aseguró a la opinión pública nacional que los asuntos a debate responden a problemáticas de la nación que interesan también al ente legislativo por sus funciones y competencias y la urgencia de encontrarles soluciones eficaces.
(Con información de ACN)
Material Relacionado
