La regulación temporal de los precios máximos de venta para seis productos de alta demanda, que comenzó la pasada semana, constituye una medida gubernamental con el propósito de proteger a la ciudadanía ante el aumento incontrolado de la inflación, aunque es una decisión no exenta de polémica y riesgos.
No es la primera vez y posiblemente no será la última en que es preciso acudir al tope de precios como medida administrativa extrema para intentar regular el mercado de bienes o servicios de primera necesidad que brinda el sector privado.
Recordemos, por ejemplo, las reiteradas ocasiones en que los gobiernos locales han tratado de contener las tarifas del transporte particular con medidas similares, sin que fuera posible conseguir ese objetivo de una forma efectiva y duradera.
No obstante, el pollo, el aceite, la leche en polvo, las pastas alimenticias, las salchichas y el detergente son seis “joyas” del consumo popular sobre cuyos precios vale la pena pretender incidir, si tenemos en cuenta que, como informó Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, la inflación en el país al cierre de mayo ya acumula un 15 por ciento.
Lo más novedoso en esta oportunidad resulta la combinación de ese límite temporal a los precios minoristas de tales renglones con la exoneración del pago del impuesto aduanero a su importación, un estímulo financiero al “buen comportamiento” de los actores económicos que trasiegan con esas mercancías.
Para que se tenga una idea, los aranceles o tributos por este concepto pueden representar un promedio del 5 % del valor de las importaciones, monto que no resulta nada despreciable cuando se facturan grandes volúmenes de mercancía.
Sin embargo, en la cadena de importación, distribución y comercialización de estos productos entran a jugar otros muchos factores e intereses que pudieran afectar la eficacia de ese beneficio fiscal, lo cual incluye las “tentaciones” especulativas en que cualquiera de sus eslabones puede —y suele— caer.
En este punto resulta loable el esfuerzo negociador del Estado con las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que concentran hoy la oferta de estos productos en el mercado liberado, para evaluar de modo realista las condiciones en que realizan sus operaciones y procurar un consenso mínimo que contenga la espiral ascendente de los precios en favor de los consumidores.
Se dijo que se realizaron encuentros con más de 50 mil actores de la economía. Habría sido interesante conocer los argumentos y posiciones de todas las partes. No hay dudas de que el bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba también perjudica seriamente a este sector no estatal, obligado a hacer malabares para cerrar sus ciclos de aprovisionamiento en el exterior. Eso no quita que se les pida, sin dañar su negocio particular, jamás perder de vista el bienestar e interés superior del pueblo al que pertenecen.
Porque el control y la exigencia para que se cumpla lo normado es tal vez la preocupación más recurrente entre la ciudadanía desde que hace semanas, incluso antes de su entrada en vigor, comenzara a circular la información sobre estos topes temporales de precios.
Habrá entonces que prestar mucha atención a la presencia y el comportamiento de estos seis productos líderes en los mercados de oferta y demanda a partir de este momento, y no solo por las autoridades administrativas y de gobierno, sino por todas las organizaciones políticas y de masas.
La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y los sindicatos también deben tomar cartas en el asunto, con una implicación directa de sus estructuras de base y territoriales del comercio, aunque no solo esas.
Tal vez sea la ocasión para rescatar, junto con la inspección estatal (cuyas dificultades con el completamiento de sus fuerzas y su profesionalidad no son un secreto para nadie), aquel movimiento de inspectores populares que durante algún tiempo propició una amplia participación no profesional en esa actividad de control, quizás ahora con otros matices y formas de organización.
Se trata, en fin, de no solamente ponerles un tope a los precios, sino también a cualquier posibilidad de que las medidas adoptadas para defender a los trabajadores y sus familias no surtan el efecto deseado.
