El papel del Partido y los cuadros a todos los niveles para alcanzar un incremento sostenido en la producción de alimentos y que estén presentes en cada una de las comunidades del país, en cada mesa de las familias cubanas, a precios accesibles, centró las primeras horas de trabajo de la jornada sabatina del VIII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
El análisis de los resultados alcanzados en la producción de alimentos y la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ley SSAN), ocupó esta vez la sesión del órgano partidista.
El encuentro transcurrió desde el viernes en el Salón de los Plenos del Palacio de la Revolución, encabezado por su Primer Secretario y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y conducido por el miembro del Buró Político y Secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda.
El miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y Jefe del Departamento Agroalimentario, tuvo a cargo la presentación de un informe objetivo y crítico, que luego fue enriquecido por más de una docena de intervenciones.
En medio de la compleja situación económica, quedó evidenciado que «existe compromiso y disposición en los colectivos de trabajadores para avanzar, lo que se demuestra en múltiples ejemplos de productores destacados en cada territorio, en las diversas ramas del sector agropecuario, que se deben generalizar, porque constituyen la demostración del “Sí se puede”» del General de Ejército Raúl Castro Ruz, cuya máxima de que «¡hay que virarse para la tierra! ¡Hay que hacerla producir!», continúa siendo premisa.
La evaluación de lo alcanzado y lo mucho por lograr, reafirmó que el Partido mantiene su labor de vanguardia en todas las esferas, particularmente en las relacionadas con la producción de los alimentos, y que la participación de los militantes es decisiva.
Se ratificó, empero, que para alcanzar la soberanía alimentaria es indispensable incrementar los resultados de los diversos programas, a partir de una mayor integración y proactividad de todos los organismos con responsabilidad ante la Ley SSAN, no solo de los que están más vinculados a estas producciones, como los ministerios de Agricultura e Industria Alimentaria y el grupo Azcuba.
El Jefe del Departamento Agrolimentario del Comité Central del Partido (CC-PCC) recordó que el 8vo. Congreso de la organización aprobó el Lineamiento 138, «que concibe implementar el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, con la integración de los organismos y entidades del país, en articulación con los procesos de gestión del desarrollo territorial, aprovechando las potencialidades locales y los encadenamientos productivos»,
El Informe Central del principal cónclave del PCC, celebrado en abril de 2021, también precisaría, añadió Monteagudo Ruiz, «la necesidad de defender el incremento de la producción nacional, en especial de los alimentos, desterrar el dañino hábito de importarlos y generar exportaciones diversificadas y competitivas».
En este sentido, se enfatizó ahora, en el VIII Pleno, que le corresponde al Partido continuar desarrollando su labor para impregnar entre los militantes la necesidad de asumir el desafío de producir los alimentos que necesitamos, con la menor dependencia externa, avanzando con nuestros propios esfuerzos y con una utilización más eficiente de los recursos disponibles.
Se destacó, en este sentido, que la intensa labor desplegada por la máxima dirección del PCC, encabezada por su Primer Secretario, en los recorridos y visitas a los territorios durante este año, ha permitido fortalecer el trabajo de la organización en este sentido y confirma la voluntad de continuar atendiendo las principales inquietudes de nuestro pueblo de forma priorizada y personal.
Al análisis sobre la producción de alimentos y la implementación de la Ley SSAN presentado en el VIII Pleno, lo precedió un proceso de consulta en las estructuras de dirección y de base del Partido y la UJC relacionadas con el sector agroalimentario.
También se intercambió con organizaciones de masas, consejos de gobiernos provinciales, asambleas municipales del Poder Popular y consejos de la administración municipales. La consulta abarcó 10 mil 329 organizaciones de base y participaron 96 mil 789 militantes del Partido y la UJC, junto a 25 mil 269 trabajadores no militantes, lo que generó 62 mil 366 intervenciones.
En el proceso, explicó Monteagudo Ruiz, «fueron identificadas las causas que inciden desfavorablemente en la producción de alimentos y se realizaron propuestas encaminadas a la búsqueda de soluciones que nos permitan transformar los problemas y avanzar en el escenario actual».
Se realizaron, además, visitas especializadas de la Estructura Auxiliar del Comité Central del Partido a todas las provincias. Se interactuó en 50 municipios, así como empresas, unidades productoras, mercados y otras entidades del Minag, Azcuba y el Minal, con intercambios con más de dos mil 900 personas.
DE LA LEY SSAN Y OTRAS FORTALEZAS
La implementación de la Ley 148/2022, Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, su Reglamento y el Decreto 67, tienen como objetivo promover la movilización de los recursos de cada territorio y organizar los actores de los sistemas alimentarios locales.
La normativa otorga a los municipios la autonomía necesaria para impulsar la producción de alimentos, y uno de los elementos esenciales en su implementación es la creación, consolidación y desarrollo de los Sistemas Alimentarios Locales (SAL) y del Sistema Empresarial Agroindustrial Municipal.
Hasta la fecha, informó Monteagudo Ruiz, se han traspasado o autorizado, 111 empresas en 105 municipios y se identifican 21 programas que tributan al autoabastecimiento alimentario municipal.
«Estas empresas, explicó, están llamadas a desempeñar un papel fundamental en los sistemas productivos a nivel local; de ahí la necesidad de prestarle una atención priorizada en aspectos esenciales como la Política de Cuadros, el fortalecimiento de sus estructuras de dirección, el completamiento de la fuerza de trabajo, la situación económica financiera y la recuperación de su capacidad productiva».
Al mismo tiempo, en los últimos años se han adoptado otras decisiones para dinamizar el sector, como las 63 medidas de 2021, que propiciaron la eliminación de trabas y la flexibilización de procesos en beneficio de los productores agropecuarios con una participación activa de estos.
El país dispone de seis millones 400 mil 755 hectáreas de tierra agrícola, de las cuales el 79 por ciento es propiedad estatal, el 13 por ciento privada y el ocho por ciento propiedad cooperativa. Más del 80 por ciento de la producción de alimentos en Cuba proviene del sector cooperativo y campesino. Se cuenta con 128 mil 823 propietarios de tierra y más de 275 mil usufructuarios, que gestionan dos millones 871 mil 431 hectáreas (ha), el 31 por ciento del área agrícola.
Pero si bien se han entregado en usufructo más de dos millones 500 mil ha, principalmente para ganadería y cultivos varios, no se ha logrado aún el impacto que se demanda en los diferentes programas, subrayó el Jefe del Departamento Agroalimentario del CC-PCC.
También se reconoció que aunque en el país existen fortalezas para el desarrollo de la producción de alimentos, «en los últimos años, la crisis económica y el recrudecimiento del bloqueo han tenido un impacto significativo en el decrecimiento de las producciones agroalimentarias por déficit de financiamientos para adquirir insumos, combustibles, fertilizantes, productos fitosanitarios, medicamentos, materias primas para la alimentación animal, maquinarias y piezas de repuestos, entre otros».
Se han detectado, al mismo tiempo, deficiencias, indisciplinas e ilegalidades en la posesión, uso y explotación de la tierra y de la masa ganadera, que no se han enfrentado oportunamente por debilidades en la gestión estatal y empresarial del sistema de la agricultura, problema cuya solución es una prioridad para establecer el orden y la disciplina en esta importante actividad, se señaló críticamente en el VIII Pleno.