El debate en la sede legislativa comenzó a las 12:00, hora local, y organizaciones como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores de Argentina-Autónoma (CTA-A) confirmaron su participación en una movilización y otras acciones en esta capital y las provincias.
Es básicamente la cesión del poder público al mandatario para que siga gobernando por decreto y reforzando los aspectos represivos de control social, de flexibilización laboral y de entrega del patrimonio nacional y los bienes comunes, destruyendo la industria y favoreciendo a las grandes empresas trasnacionales, señaló el secretario general de la CTA-A, Hugo Godoy.
Rechazamos ese proyecto y reclamamos la inmediata derogación del decreto de necesidad y urgencia 70/23 para impedir que se siga reformando la Constitución por esa vía. Es una decisión de nuestra central continuar en estado de lucha y movilización. Por eso, marcharemos al Congreso y articularemos todas las acciones en unidad con los diversos sectores del campo popular, añadió.
Por su parte, ATE precisó que la medida de fuerza tendrá lugar para oponerse a una “ley que plantea un profundo desguace del Estado y a la amenaza de más de 50 mil despidos en la administración pública nacional para fin de mes”.
El secretario general de esa agrupación, Rodolfo Aguiar, acusó al Ejecutivo de dejar sin puestos de trabajo a los ciudadanos y condenarlos a su muerte civil.
“La reforma laboral incorporada en la norma es absolutamente regresiva y no contribuirá a crear más empleo ni tampoco a mejorar los actuales indicadores económicos y sociales. Nos negamos a ser ratas de laboratorio y que experimenten con nosotros teorías dañinas y delirantes que ya fracasaron en todo el mundo”, dijo.
