Publicada este jueves, la Gaceta Oficial de la República (Ordinaria No.57) contiene la resolución del MFP, la cual responde a las proyecciones del Gobierno para corregir distorsiones e impulsar la economía del país, y tiene en cuenta el alto nivel de inflación alcanzado en los últimos años, explicó el organismo.
En el proceso de contratación económica con las formas de gestión no estatal para adquirir bienes y servicios, las entidades estatales conciertan precios y tarifas cuya tasa de utilidad máxima no exceda de 30 por ciento sobre el total de los costos y gastos, así como la cuantía que corresponda por la aplicación de los impuestos sobre las Ventas y los Servicios, indica la disposición.
La norma precisa la facultad de los consejos provinciales y de las administraciones municipales para aprobar los precios y tarifas máximas de los bienes y servicios que seleccionen, de entre aquellos que adquieren las entidades estatales provenientes del sector no estatal, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.
Dicha regulación entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio, precisó la cartera de Finanzas y Precios.
