Donald Trump (Nueva York, 1946) sigue rompiendo récords, ahora es el primer expresidente de EE. UU. convicto por felonía, como denomina la justicia de ese país a los delitos graves. Así lo determinó el gran jurado del Tribunal Penal de Manhattan que lo encontró culpable de los 34 cargos asociados al caso Hush Money (dinero por silencio).
Además de esta, el magnate tiene pendientes varias causas civiles y tres penales, dos de ellas de competencia federal. No obstante, es muy probable que el único juicio que se realice antes de los comicios de noviembre próximo sea el que tuvo lugar en la ciudad que lo vio nacer.
Durante semanas el virtual candidato del Partido Republicano para ser la máxima autoridad del país en el ciclo 2025-2029 fue obligado por el juez Juan Merchán a asistir a cada una de las sesiones del juicio. El letrado también consiguió silenciar el desbocado verbo de Trump al multarle con 10 mil dólares por lanzar improperios contra el fiscal, jurados y testigos. Un desacato más e iría a prisión, le advirtió.
El fiscal Alvin Bragg basó su caso en declaraciones del exabogado de Trump, Michael Cohen. El polémico testigo pagó, por órdenes de su jefe, 130 mil dólares a la actriz porno Stormy Daniels (su nombre oficial es Stephanie Clifford) con el fin de que silenciara su encuentro sexual con Trump en el año 2006. Ellos suponían que el hecho podría haber afectado la campaña presidencial que el republicano finalmente ganó en noviembre del 2016, y que le permitió gobernar la Casa Blanca entre el 2017 y el 2021.
La acusación se centró en que las trampas realizadas por Trump en los registros comerciales internos de su empresa para ocultar el pago se tradujeron en mentiras y manipulación al electorado. A pesar de las evidencias, el magnate sigue proclamándose inocente y víctima de un “juicio amañado, vergonzoso y tercermundista”.
El juez Merchán anunció que dictará sentencia el 11 de julio. El delito de “falsificación de registros comerciales en primer grado” podría ser penado con multas de hasta 100 mil dólares por cargo, libertad condicional o supervisada, o una pena de prisión de hasta cuatro años. Adicionalmente, el convicto deberá abonar los costos del proceso judicial.
Pero en realidad pocos ven a Trump tras las rejas. Los directivos de las cárceles, por ejemplo, han alertado acerca de la incapacidad del sistema penal estadounidense para manejar ese tipo de recluso. Sería un enorme riesgo para la seguridad y muy costoso, entre otras razones, porque un expresidente de EE. UU. debe llevar consigo, de por vida, una escolta de agentes del Servicio Secreto.
Lo más probable es que el juez se decante por una pena menor cuya ejecución podría dilatarse con apelaciones de uno y otro bandos. Muchos quedarán entonces con las ganas de que se haga realidad el deseo de Daniels, quien sueña con ver a Trump “sentenciado a prisión, a realizar algún servicio comunitario, trabajando para los menos afortunados, o ser el saco de boxeo voluntario en un refugio para mujeres”.
Miénteme que me gusta
Tras conocerse el veredicto, Trump alzó su voz para defenderse atacando. Algunos medios estadounidenses como la CNN verificaron que mintió deliberadamente una vez más. Lo hizo, por ejemplo, cuando habló de un supuesto incremento del crimen en Nueva York debido a que los fiscales se concentraron en él y abandonaron “casos reales”.
También intentó desmarcarse de su examigo y cómplice, Michael Cohen, uno de los testigos principales del caso: “Se metió en problemas por una razón muy simple: porque estaba involucrado en pedir prestado mucho dinero e hizo algo con los bancos”, dijo Trump.
Pero Cohen ya fue enjuiciado y condenado en procesos que han expuesto sus relaciones con el exmandatario. La sentencia de tres años de prisión dictada contra él en el 2018 tuvo múltiples causas, varias directamente relacionadas con Trump, como los delitos de “violaciones de financiación de la campaña presidencial del 2016” y el de mentir al Congreso en el 2017 para encubrir proyectos del magnate en Rusia.
El exmandatario ha usado el juicio para victimizarse como “perseguido político”: “Está todo hecho por (Joe) Biden y su gente”, afirmó, “en total conjunción con la Casa Blanca y el Departamento de Justicia Federal”. Pero no hay pruebas de eso, asegura la CNN, pues “el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg es un funcionario elegido localmente que no depende del gobierno federal”.
El lodo lanzado por Trump alcanzó especialmente a uno de los abogados del equipo de Bragg, Matthew Colangelo. Ambos letrados, antes de trabajar en el Departamento de Justicia, fueron colegas en la Fiscalía General del Estado de Nueva York, desde donde ya venían investigando irregularidades en las prácticas financieras de Trump.
El magnate aprovechó la ocasión para criticar la política migratoria de Biden. Retomó el absurdo ejemplo de que “el Congo acaba de liberar a un montón de gente de la cárcel (…) y los ha traído a EE. UU.”. El asunto ya había sido desmentido desde marzo por el Gobierno de la nación africana y por las cifras federales que negaron la afluencia excesiva de migrantes congoleños, mucho menos de exconvictos.
A pesar de estas y otras falsedades, el equipo de campaña del republicano ha declarado que recibió donaciones que superan los 200 millones de dólares. Gran parte de esa cifra llegó en mayo, durante el juicio, o en las horas posteriores a la declaración de culpabilidad.
¿Culpable y candidato?
Si los líderes del Partido Republicano y la Convención Nacional Republicana (que se celebrará entre el 15 y el 18 de julio, en Milwaukee) ratifican el respaldo que hasta ahora han ofrecido a Trump, nada podrá impedir que este aspire a la presidencia, ni siquiera una sentencia de prisión. Lo ampara la Constitución de EE. UU.
Los únicos requisitos para ser presidenciable son tener al menos 35 años, ser ciudadano estadounidense de nacimiento y haber vivido en el país durante al menos 14 años. Ser convicto no invalida ninguna propuesta. Por eso, tal como ha dicho Biden “solo hay una manera de mantener a Donald Trump fuera del Despacho Oval: en las urnas”.
Si Trump gana los comicios, la Carta Magna pone en sus manos la potestad del indulto, pero solo para sentencias de tribunales federales, no así estatales, como es su caso. Para recibir el perdón tendría que apelar, como cualquier otro convicto, a la gobernadora del Estado, la demócrata Kathy Hochul, quien, al conocer el resultado del juicio, expresó: “El veredicto de hoy reafirma que nadie está por encima de la ley”.
Para no pocos observadores, el proceso desarrollado contra Donald Trump confirma la ética cuestionable de un sistema democrático en el que un ciudadano convicto de delitos graves e implicado en causas más cuestionables aún, puede llegar a convertirse en mandatario de la nación.
