Este domingo una mujer se ha sumado a la lista de algo más de una decena de ellas que han sido electas por voto popular para ocupar la presidencia de sus respectivos países en Latinoamérica. La primera fue la nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997); mientras que la argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y la chilena Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) son las que más años permanecieron en el cargo, tras dos mandatos cada una.
Sin embargo, es bueno aclarar, que la primera en ejercer el cargo de presidenta de un país de nuestra región fue María Estela Martínez de Perón (1974-1976), pero lo hizo desde la vicepresidencia por sucesión al fallecer el presidente, su esposo, Juan Domingo Perón.
La singularidad de llegar al final de la lid presidencial con dos mujeres como punteras —Claudia Sheinbaum, del partido Morena, y Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón— es un signo inequívoco de consolidación de la presencia femenina en la vida política de México, que este domingo efectuó las elecciones más grandes de su historia: unos 20 mil cargos en disputa y más de 100 millones de electores.
¿Retrato de un país?
El escenario podría entenderse como hito significativo en una nación en la que, más allá de machismo y violencia de género, ellas son mayoría entre la militancia partidista y en los actos de campaña.
De manera similar a lo que sucede en otros países de la región, la tasa de natalidad y el número promedio de hijos han decrecido de manera constante en las últimas décadas. Los niveles de escolaridad, en cambio, han ido en aumento, aunque las mujeres aún tienen tasas de analfabetismo mayores que los hombres.
En México ellas representan el 52 % de la población y el 40 % de los graduados universitarios, aunque el empleo femenino tiende a concentrarse en áreas profesionales como educación, enfermería y trabajo social. También en comercio e industrias manufactureras, según informe del 2023 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de ese país.
Los precedentes de la presencia femenina en la política mexicana se remiten al año 1923 cuando Elvia Carrillo Puerto ocupó una diputación estatal. Desde entonces el avance en ese ámbito ha sido progresivo, pero no estable pues hubo momentos de gran impulso y otros en los que los cambios se ralentizaron.
El derecho de las mexicanas a votar y ser votadas para algunas instancias del poder político data de 1953, pero no fue hasta 1979 que hubo una mujer gobernadora (Griselda Álvarez, estado de Colima). La primera en postularse a la presidencia fue Rosario Ibarra de Piedra, quien compitió, sin éxito, en los comicios de 1982 y 1988.
En 1993 se impuso el consenso de que los partidos políticos promovieran la participación femenina, idea incluida en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). La ley recomendaba establecer cuotas de participación. La Reforma Electoral del año 2014, por su parte, instituyó la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales. La Reforma Constitucional del 2019 completó ese propósito y fijó que las listas de candidatos a cargos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial debían ser integrados por igual cantidad de hombres y mujeres.
Esa decisión allanó el camino para que en el 2023 la jurista Norma Lucía Piña Hernández se convirtiera en la primera mujer electa presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; y que una decena de mexicanas alcanzaran la gobernatura de igual número de estados.
Hoy las mexicanas ocupan el 44 % de los cargos públicos en gabinetes ministeriales y de Gobierno, cifra que las coloca en el quinto puesto de ese rubro en la zona iberoamericana, según el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Pero tener más mujeres en el poder político no es garantía de legislaciones que hagan efectivas la igualdad y la justicia. Prueba de ello son las desventajas que persisten en ese sector poblacional en torno a salarios, protección ante la violencia y acceso a los sistemas de salud.
Uno de los desafíos de la nueva presidenta será incorporar la perspectiva de género en su agenda como estadista, lo cual contribuirá a superar obstáculos culturales, políticos, mediáticos y socioeconómicos en una sociedad patriarcal en la que el empleo formal es menor para ellas, la brecha salarial promedio hace que ganen un 16 % menos que los hombres, y más del 70 % de las mayores de 15 años es víctima de algún tipo de violencia.
