Damos prioridad en nuestro sistema penitenciario a la rehabilitación del sancionado, posibilitando su incorporación al trabajo en las mismas condiciones salariales de cualquier otro individuo por un trabajo similar, a fin de que pueda ofrecer a su familia la atención y la ayuda necesarias, y facilitándoles posteriormente su reinserción social.
Fidel Castro Ruz
La vulneración de los derechos laborales de personas por el solo hecho de tener antecedentes penales ha sido motivo, en reiteradas ocasiones, de quejas ante la Oficina de Atención a Trabajadores, de la CTC.
En un reciente análisis del secretariado nacional de la organización salió a relucir el caso de Arístides Domínguez, quien acudió a la Oficina en busca de orientación. Había cumplido una larga sanción por un hecho de suma gravedad, y no obstante su insistencia por incorporarse al empleo, los centros que visitó con ese fin no lo aceptaron, aunque él contaba con los oficios de pailero y soldador adquiridos en prisión y debidamente avalados.
Al profundizar en el análisis del caso se constató que había estado trabajando en la unidad de aceites comestibles de La Habana y después de tres meses le cancelaron el contrato. También se había presentado en la termoeléctrica Otto Parellada buscando empleo como pailero y le fue negado.
Finalmente, con la ayuda de la CTC logró incorporarse a una empresa de transporte, apoyo que Arístides agradeció.
Aunque este caso concluyó felizmente persisten dificultades e incomprensiones por parte de las administraciones para garantizar la materialización de un derecho consagrado en la Constitución de la República. Hacia estas personas, por lo general, imperan criterios discriminatorios.
Con semejante actitud violan lo establecido en la Carta Magna, en cuyo artículo 60 se se- ñala que el Estado favorece en su política penitenciaria la reinserción social de las personas privadas de libertad…, las que extinguen sanciones penales no detentivas o cumplen otros tipos de medidas impuestas por los tribunales.
Las experiencias de Yamilé y Dennis
Yamilé Smith Medina se detuvo por unos instantes ante el gran portón de entrada a la recapadora de la ciudad de Santiago de Cuba. Imposible disimular los nervios, el frío en el estómago, aquel temblor de piernas. Los últimos seis años de su vida les pasaron a ráfagas por la mente. El juicio, el veredicto, la prisión…
Sacudió la cabeza para alejar los malos recuerdos, se arregló la ropa y dio los primeros pasos al interior de la fábrica, el lugar asignado por el Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba para insertarse laboralmente por cuatro años, el tiempo que le resta para que extinga la sanción impuesta.
Volver a estar en libertad le daba sensación de plenitud, no obstante, a ratos la inquietaban muchas interrogantes: “¿Con cuánto recelo me mirarían? ¿Tendría que soportar murmuraciones y desconfianzas? ¿Me echarían a un lado? Y a eso súmele que ocuparía el puesto de auxiliar de limpieza y ella era licenciada en Economía. Una experiencia tremenda, pero nada comparado con estar en prisión.
“Bastaron unos pocos días para sentirme como una más del colectivo, respetada, incluida en los mismos procesos que los demás trabajadores, sin distinción de ningún tipo, incluso a seis meses de estar allí me han propuesto ser activista sindical y con placer acepté y apoyo en lo que sea necesario.
“Lo primero es una misma asumir el error cometido en el pasado, arrepentirse desde el corazón y proponerse el cambio. Me caí, sí, pero me levanté. Ahora soy más fuerte como ser humano; una parte se lo debo al refugio que encontré en el arte, porque desde la prisión comencé a escribir poesías, y la otra al centro laboral donde estoy insertada”.
Para Dennis Ramírez Sánchez estar hace dos años integrado como operario en el círculo infantil Mi barquito, en el distrito José Martí de la ciudad santiaguera, ha sido bálsamo que sirve de alivio a las desgarraduras del alma luego de un tiempo privado de libertad.
“Estar rodeado de niños, y sentir el cariño sincero que saben dar a todos es bien especial, igual la directora y las educadoras me muestran respeto en todo momento, nunca me he sentido menospreciado, maltratado, qué va, al contrario, y en esa misma medida correspondo; de mi buena conducta nadie tiene duda alguna”.
Resultados alentadores
En esta provincia algo más de 2 mil personas son beneficiadas por la ley en cuanto a insertarse en la vida laboral para terminar de cumplir las sanciones impuestas por los tribunales competentes.
“Tienen presencia en todos los sectores de la economía y en todas las formas de gestión, siempre velando porque la ubicación no riña con el delito cometido, es decir, que existe una coherencia entre el tipo de pena impuesta y el lugar hacia donde se decide vayan a trabajar”, comenta Yoannis Chávez Llópiz, presidente de la Sala Tercera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba.
“La reinserción en la vida útil –agrega– tiene dos sustentos, buena conducta social y la realización de alguna actividad. Debemos garantizar que el sancionado vaya al mejor escenario laboral.
“Tienen el derecho también de buscar empleo por su propia gestión aprobada por nosotros, o indicado por el Tribunal y el juez de ejecución.
“Tenemos vínculos con todos los organismos, los niveles de integración son vitales, en especial entre las direcciones de Trabajo y los jueces de ejecución encargados de coordinar y controlar el debido cumplimiento de la pena y de presentar a los sancionados en los centros donde son ubicados.
“Contamos con muy buenas experiencias en mipymes, por ejemplo en el restaurante El Marichi, aunque todos los sectores los acogen, sea una entidad estatal o privada. Al cierre de marzo, los que tenían mayor presencia de sancionados eran Educación, Salud, Agricultura y Comunales”.
Cumplieron y se ganaron la plaza
Sus expectativas eran similares a las de otros sancionados: “Vine con un poquito de miedo a ser rechazado y tenía dudas de cómo me iban a acoger por mi condición”, así recuerda Jorge Luis Blanco Rodríguez sus emociones cuando decidió ir hasta el Complejo Ferrómnibus y Privados en la ciudad de Las Tunas para optar por una plaza.
Cuenta que hacía solo cuatro días le habían comunicado la condena de un año de trabajo correccional sin internamiento, y no esperó la oferta que por ley les hacen a las personas acogidas a este sistema que les abre nuevas oportunidades a la reinserción social y laboral tras la comisión de algún delito.
Se enteró de la existencia de esa plaza por la emisora provincial Radio Victoria, “no lo pensé mucho, aunque salí de la casa con bastantes preocupaciones; y para mi sorpresa me recibieron George Leyva Caballero, el director, y todos los factores del centro, quienes me infundieron mucha confianza y seguridad”.
Y a partir de ese momento Jorge Luis venció sus miedos, “porque ellos me explicaron los detalles de mi nuevo oficio: expedidor de boletines para ómnibus y camiones; y me pidieron que dejara a un lado las dudas, que yo era un trabajador más y con todos los derechos. En realidad me hicieron sentir muy bien y hasta los primeros uniformes me los obsequiaron mis nuevos compañeros de trabajo, también este que todavía visto”.
En diciembre cumplió la sanción y desde el mes de enero ocupa oficialmente esa misma plaza. Jorge Luis agradece mucho la manera en que lo acogieron y “las atenciones recibidas por el juez de ejecución del Tribunal Municipal y los trabajadores sociales. Ellos, cada vez que íbamos a firmar –se refiere a otros en similar situación– nos daban consejos, orientaciones y la confianza que nos expresaban sobre las posibilidades de reinserción social y laboral que todos teníamos”.
George Leyva Caballero, el director del complejo adscripto a la unidad empresarial de base (UEB) Tunas, de la Dirección de Transporte, comenta que acogidos a ese programa de justicia social han recibido a cinco personas y todas, después del cumplimiento de la medida, se han hecho acreedores por su conducta del puesto de trabajo, “siguen con nosotros tres, pues una compañera pidió la baja por problemas familiares y otro se fue a un puesto laboral mejor remunerado”.
Seguimiento sin acoso…
Valentina Aguilera Puig, especialista principal de la Dirección Provincial de Trabajo, explica que en el territorio hay estrecha coordinación entre los organismos relacionados con este proceso, los cuales trabajan integrados a un sistema que facilita la atención personalizada y el seguimiento de cada uno de los beneficiados por esta medida.
“El Órgano de Prisiones nos entrega con 90 días de antelación los reportes previos de todas aquellas personas que van a egresar de establecimientos penitenciarios y nosotros les enviamos a los municipios la relación nominal de los que van a salir, y cuando ellos comparecen ante el juez de ejecución correspondiente, ya tienen una propuesta de empleo. Cada uno tiene la posibilidad de autogestionárselo, con la anuencia del juez de instrucción.
“Esa relación de trabajo nos permite cumplir las acciones de seguimiento y control de estas personas y de aquellas cuya sanción es trabajo correccional sin internamiento. Todas son atendidas en sus circunscripciones por el grupo de prevención de conjunto con los trabajadores sociales, el delegado del Poder Popular y otros factores, un seguimiento que no es acoso, es la forma establecida para conducirlos, el objetivo de lograr su reinserción social.
“Durante los años 2020, 2021 y 2022 como consecuencia del impacto de la pandemia de COVID-19, se afectó la realización de las comparecencias, el seguimiento establecido, y como consecuencia se perdió en cierta medida el control exacto, una situación ya vencida y hoy la provincia no tiene casos pendientes de incorporación por falta de ofertas de empleo.
“Trimestralmente valoramos la situación de cada una de estas personas. La Orden Ministerial 050 establece que los consejos de la administración de todos los municipios tienen que hacer evaluaciones de este programa”.
La especialista asegura que hasta el momento y en los más de dos años al frente de esta actividad no ha recibido inconformidades de estas personas relacionadas con la manera en que son recibidos y tratados en los centros laborales a los cuales son asignados. “Por el contrario, comenta, se sienten satisfechas con la atención que se les brinda en los colectivos, y por parte del Tribunal y de todos los factores de relación.
“Cerramos marzo con 31 egresados pendientes de ubicación por diferentes causas como acreditación de empleo, pendientes de paso por comisión de peritaje médico, porque se encuentran en trámite de revocación generalmente por incumplimiento de los deberes, que es facultad del juez de ejecución; y traslado de provincia, pero por no existir ofertas de empleo no tenemos ninguno”.
Dagmara Peña Sánchez, miembro del Secretariado Provincial de la CTC de Las Tunas, explica que la organización es parte del sistema de atención a sancionados a medidas no privativas de libertad e insertados en colectivos laborales o en otro sector de la conomía, a quienes brindan atención sistemática y diferenciada.
La CTC y sus sindicatos en el territorio centran la atención en el trabajo de seguimiento y
orientación para prever indisciplinas que pueden provocar la revocación de esa medida, entre las que sobresalen las ausencias injustificadas, el desaprovechamiento de la jornada laboral, la violación del horario de trabajo y los cambios de ubicación laboral y de empleo sin informarlos a las autoridades pertinentes.
Considera como muestras de avances la sistematización que de forma paulatina han logrado en lo referido a la conciliación mensual entre la CTC, los tribunales y las direcciones de Trabajo en cada municipio, lo que les permite en las visitas
que efectúan evaluar las especificidades del sistema y adoptar las medidas oportunas que cada caso requiera.
Lo que falta por hacer
Las buenas experiencias sindicales en esta labor no están generalizadas. En el referido aná- lisis del Secretariado Nacional de la CTC se señalaron deficiencias en la implementación de las orientaciones sobre las personas que extinguen sanción en libertad, y se requiere acometer su solución sin pérdida de tiempo.
Existe falta de preparación de los cuadros sindicales de base y de los empleadores en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones en este sentido, pues no se realizan evaluaciones ni se tienen evidencias escritas sobre su actuación en estos casos.
Hay falta de coordinación con los factores que intervienen en el sistema de trabajo para la atención a los sancionados, en particular con el juez de ejecución, lo que conspira contra la información necesaria para garantizar, siempre que sea posible, la ubicación de ellos en actividades a tono con las habilidades adquiridas.
No siempre participa el dirigente sindical de base en la presentación de estas personas ante los factores del centro cuando son ubicadas, ni propicia un encuentro donde se les den a conocer sus deberes y derechos, ni el activista sindical o el trabajador que los atenderá de manera directa.
Resulta insuficiente la labor que se realiza para la sindicalización de estos trabajadores y no se cuenta con un sistema en el sector privado que permita atenderlos.
Además de la deficiente comunicación entre el empleador, la sección sindical y el juez de ejecución, no se informa oportunamente al Tribunal y a las direcciones de Trabajo municipales cuando se presentan irregularidades en el comportamiento de los sancionados.
Un elemento que puede influir en su trato discriminatorio a la hora de solicitar empleo es el incumplimiento de la Resolución Conjunta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Justicia acerca de los antecedentes penales, donde se precisa si es necesario un requisito previo para acceder a un puesto de trabajo ni permanecer en una ocupación determinada.
A pesar de ello continúa siendo alto el nú- mero de personas que solicitan este tipo de certificaciones en el Registro Central de Sancionados a los efectos de su vinculación laboral, cuando corresponde a los órganos y organismos estatales y las entidades nacionales, de acuerdo con las direcciones de los sindicatos nacionales, proponer los cargos u ocupaciones en que resulta estrictamente indispensable esta solicitud, que no se realiza a título personal, sino institucionalmente.
El conocimiento de la legislación vinculada a este tema es fundamental para garantizar el acceso al empleo de las personas privadas de libertad, y la importancia de que los factores implicados actúen coordinadamente en su incorporación y posterior atención es decisiva para que se haga realidad este derecho humano que le otorga, a los que han delinquido, una segunda oportunidad.
