Una investigación, divulgada en la televisión nacional, reveló que individuos a través de redes sociales promocionaban servicios para la realización de documentos asociados con procesos migratorios e incursionaban en negocios ilegales.
Dicho grupo, compuesto por cinco hombres y dos mujeres, estaba involucrado en el tráfico de personas, la falsificación de documentos y robo con violencia.
Con el objetivo de incrementar ilícitamente su patrimonio personal, los individuos utilizaban como método la intimidación con armas blancas y en algunos casos de fuego, logrando despojar a la persona de grandes sumas de efectivo.
Precisa la información que los delitos con empleo de la violencia son investigados con profundidad y severamente sancionados por el sistema de justicia de Cuba.
Los implicados en este caso recibieron penas máximas entre cinco y 28 años de privación de libertad.