El 28 de julio, justo cuando Hugo Chávez hubiera cumplido 70 años, “habrá elecciones en Venezuela, con o sin la derecha” ha dicho el mandatario Nicolás Maduro Moros. La frase contiene la certeza de que allí el camino de la independencia y la autodeterminación empieza en la política.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), encabezado actualmente por Elvis Amoroso, es el “ente rector y máxima autoridad del Poder Electoral”. Desde esa postura ejerce “la suprema dirección, conducción, supervisión, vigilancia y control de los procesos electorales directamente o a través de los órganos subordinados”, según establece la Ley de procesos electorales de Venezuela.
Tras el proceso de inscripciones (del 21 y al 25 de marzo), quedaron 13 candidatos a la presidencia con 37 organizaciones políticas acompañantes: “El CNE revisará minuciosamente la documentación y requisitos para verificar si los candidatos inscritos cumplen o no con ellos”, dijo Amoroso, quien tiene hasta hoy lunes (1.º de abril) para informar los resultados de esa gestión.
El mandatario Nicolás Maduro encabeza la lista de los presidenciables. Fue propuesto por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, integrado por 33 movimientos políticos y organizaciones chavistas, liderados por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la principal fuerza política del país.
Entre los aspirantes figuran también Javier Bertucci; Benjamín Rausseo, conocido por su personaje cómico de “el conde del Guácharo”; Enrique Márquez, exrector del CNE; Manuel Rosales, gobernador del estado de Zulia, y Edmundo González Urrutia, inscrito a última hora como candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
¿Boicot dentro de la ley?
La participación de la PUD es quizás uno de los puntos más polémicos de los comicios, ya que la organización deviene punta de lanza contra la Revolución Bolivariana y, desde ese rol, ha boicoteado de manera sistemática los procesos eleccionarios.
Esta vez jugaron a presentar un candidato imposible, pues más allá del apoyo recibido en las primarias, María Corina Machado estaba inhabilitada para ejercer funciones en la Administración Pública desde el año 2015.
La sanción es consecuencia de su participación en “la trama orquestada” por el exdiputado Juan Guaidó que “propició el bloqueo criminal” y “el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero con la complicidad de gobiernos corruptos”, según explicó la Contraloría General de la República en carta remitida al diputado José Brito.
El documento precisa que la medida fue aplicada “de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal del artículo 44 de la Ley Contra la Corrupción”.
La postura del CNE de respeto a la decisión de la Contraloría obligó a la PUD a buscar otro candidato, que finalmente inscribió a González Urrutia, periodista, diplomático, exembajador de Venezuela en Argentina y Argelia.
“Hemos decidido inscribir provisionalmente al presidente de la Directiva del Partido Mesa de la Unidad Democrática, ciudadano Edmundo González Urrutia, para preservar el ejercicio de los derechos políticos que le corresponden a nuestra organización política hasta que logremos inscribir nuestra candidatura unitaria”, posteó la PUD en X.
Varios analistas han interpretado esa declaración como el anuncio de que apelarán a los artículos de la Ley de procesos electorales (55- 57), que amparan la sustitución en las postulaciones. El código instituye que el cambio sería admitido “en caso de candidatas o candidatos ya postuladas o postulados, quienes, por renuncia, muerte, discapacidad física o mental o por cualquier otra causa derivada de la aplicación de normas constitucionales o legales, o por decisión de la organización postulante deban ser retiradas o retirados”.
Vale recordar que la citada legislación prohíbe, además, la “propaganda electoral que atente contra el honor y la privacidad de la gente, que desobedezcan las leyes, que se financien las campañas desde fondos desconocidos o ilícitos”.
Estados Unidos, que mueve los hilos de la guerra económica y polí- tica contra Venezuela, ha reactivado el sistema de sanciones contra la nación suramericana en respuesta a lo que ellos califican como violación del Acuerdo de Barbados, firmado el 15 de octubre del 2023 entre el Gobierno bolivariano y una parte de la oposición.
Muchos pensaron que ese pacto sería la sombrilla injerencista que cobijaría a Corina Machado, pero no resultó. En cambio, todo apunta a que, tal como ha reconocido la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBATCP) en un reciente comunicado, “el proceso electoral presidencial de Venezuela será crucial para el futuro de toda la región latinoamericana y caribeña”
