Los días 11 y 12 de enero la Corte Internacional de La Haya comenzó a evaluar la acusación de genocidio presentada por Sudáfrica contra Israel. El proceso, sin fecha de cierre aún, ha sido considerado por algunos expertos como el juicio del Siglo
Entre las múltiples iniciativas que buscan detener la masacre contra el pueblo palestino en Gaza, sobresale la acusación presentada por Sudáfrica el pasado 29 de diciembre del 2023 en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ).
El caso responsabiliza al Estado de Israel de cometer delito de genocidio luego de iniciar acciones militares el 7 de octubre del 2023 en la Franja de Gaza.
Las partes en litigio han nombrado jueces, quienes se sumarán al panel de magistrados que integran la CIJ. Sudáfrica escogió a Dikgang Moseneke, quien fuera la segunda máxima autoridad judicial del país. Israel ha llevado al expresidente del Supremo y superviviente del Holocausto, Aharon Barak.
La primera sesión tuvo lugar el 11 de enero con la presentación de los elementos acusatorios por parte de los abogados Tembeka Ngcukaitobi y Adila Hassim, miembro del Tribunal Supremo de Sudáfrica; así como por el legislador Alan Vaughan Lowe (Inglaterra, 1952), quien se ocupó de explicar por qué es preciso adoptar medidas provisionales urgentes. El prestigioso profesor de Derecho Internacional sudafricano John Dugard, conocedor del conflicto, lidera el equipo.
Al día siguiente (12 de enero) se escucharon los argumentos de las autoridades israelitas, cuya defensa ha quedado en manos de un grupo de magistrados encabezados por el abogado británico Malcolm Shaw.
A estas sesiones le seguirán al menos dos semanas de deliberaciones antes de que los jueces convoquen a una nueva sesión pública.
La acusación
A pesar de los más de 24 mil muertos tras algo más de tres meses de operaciones militares y de la destrucción casi total de la infraestructura civil de Gaza, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha dicho que Israel ha mantenido una “moralidad incuestionable” y responsabiliza al grupo palestino Hamas “por haber iniciado la guerra”.
El documento de 84 páginas presentado por Sudáfrica ante la CIJ explica que existe un “riesgo plausible de que se produzca un genocidio” en la Franja de Gaza, pero que en un primer momento no se trata de evaluar si se ha cometido o no, sino de adoptar medidas cautelares urgentes para que Israel detenga sus acciones militares y se pueda proteger a los palestinos que aún permanecen en los enclaves de Gaza y Cisjordania.
El proceso jurídico ha estado precedido por variaos intentos pacificadores en los que se reclama un alto al fuego, la liberación de rehenes y prisioneros, así como el establecimiento de corredores humanitarios que permitan hacer llegar alimentos y otros insumos imprescindibles, combustible para las plantas de los hospitales, así como evacuar enfermos y heridos.
As we lay Bra Peter to rest today, the International Court of Justice in The Hague will tomorrow begin hearings in the proceedings brought by South Africa against the State of Israel for its crimes committed against the Palestinian people.
Our opposition to the ongoing… https://t.co/pj3S0p0ZLc
— Cyril Ramaphosa 🇿🇦 (@CyrilRamaphosa) January 10, 2024
El presidente Ciril Ramaphosa tuiteó que “como pueblo que alguna vez probó los frutos amargos del despojo, la discriminación, el racismo y la violencia patrocinada por Estado, tenemos claro que estaremos en el lado correcto de la historia. Tenemos la ferviente esperanza de que, así como pudimos reconciliarnos y hacer la paz, los pueblos de Israel y Palestina encuentren una paz justa y duradera”.
La acusación de genocidio contiene varios argumentos, entre ellos que Israel “pretende provocar la destrucción de una parte sustancial” de los pobladores de la Franja mediante el asesinato o causándole, deliberadamente, graves daños físicos y mentales con el fin de “provocar su destrucción física como grupo”, propósitos que han sido reconocidos públicamente por Netanyahu y funcionarios de su gobierno.
El portavoz del ejército israelí Daniel Hagari, por ejemplo, declaró al comienzo de la ofensiva que “el énfasis está en el daño, no en la precisión”; mientras que el presidente israelí Isaac Herzog certificó sin ambages que “No hay inocentes en Gaza”, lo cual confirma la pertinencia, en su criterio, de la necesidad del castigo colectivo .
La guerra presenta una “oportunidad para concentrarse en alentar la migración de los residentes de Gaza”, subrayó el ministro de Seguridad Nacional y Finanzas Itamar Ben Gvir a periodistas y miembros de su grupo de extrema derecha Yehudit. El político calificó esa política como “una solución correcta, justa, moral y humana”, según declaraciones publicadas en el diario The Times of Israel.
La denuncia presentada por Sudáfrica sustenta que Israel ha recurrido al asesinato masivo de palestinos, particularmente niños; ha destruido la mayor parte de las viviendas de la Franja; ha obligado a casi toda la población salir del lugar en lo que se conoce como desplazamiento forzoso.
Además, se ha ensañado con el sistema sanitario de Gaza, y ha bloqueado la entrada de alimentos, agua y medicinas lo que, entre otras consecuencias, está provocando un escenario de hambruna. La estrategia de Israel ha hecho blanco, de manera deliberada, en los índices de natalidad y mortalidad infantil, según denuncian agencias de Naciones Unidas y observadores locales.
¿Qué es genocidio?
Uno de los referentes legales más socorridos sobre el tema es la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada en Naciones Unidas en el 1948. El instrumento jurídico ha sido ratificado por 153 Estados, entre ellos Sudáfrica, Israel y Estados Unidos. Cuba es Estado parte desde 1953.
El principal impulsor del tratado fue justamente un judío, el jurista polaco Raphael Lemkin, pionero en definir el término para denunciar los crímenes nazis cometidos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), donde murieron unos 6 millones de judíos.
Según Lemkin, genocidio es “la puesta en práctica de acciones coordinadas que tienden a la destrucción de los elementos decisivos de la vida de los grupos nacionales, con la finalidad del aniquilamiento”.
Genocidio es:
- Matar a miembros de un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
- Provocar daños corporales o psíquicos graves a los miembros del grupo.
- Obligar al grupo a vivir en condiciones de vida que provocarían su destrucción física.
- Imponer medidas destinadas a evitar nacimientos.
- Transferir por la fuerza a niños del grupo a otro grupo.
Corte supranacional para impartir justicia
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es la máxima instancia de las Naciones Unidas para dirimir disputas entre los Estados miembros, por lo que todas las naciones presentes en la ONU son, automáticamente, parte de la CIJ.
Vale aclarar que, además de la CIJ, existe la Corte Penal Internacional (CPI), fundada en el 2002, también con sede en La Haya. La CPI es jurídicamente independiente de Naciones Unidas y juzga a personas naturales acusadas de delitos establecidos en su instrumento constitutivo (Estatuto de Roma) como son los crímenes de guerra, contra la humanidad y el genocidio. No todos los países reconocen su competencia, algunos ni siquiera son miembros, entre ellos Estados Unidos, Rusia e Israel.
La CIJ, en cambio, es la herramienta jurídica por excelencia de Naciones Unidas. Su tribunal está compuesto por 15 jueces elegidos, para un período de nueve años, por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El actual tribunal está presidido por la estadounidense Joan Donoghue, secundada por el ruso Kirill Gevorgian. Lo integran además representantes de todos los continentes, entre ellos letrados de India, Somalia, Francia, Australia y Brasil. Todos ellos deben actuar de forma imparcial e independiente, sin subordinarse a las posiciones de sus respectivos países.
Cualquier Estado puede llevar un caso ante la CIJ y las disputas relacionadas con la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio son parte del mandato de este tribunal. Sudáfrica ha llevado el caso contra Israel a la CIJ a través de un proceso contencioso
La investigación acerca de si hubo crimen de genocidio o no puede tomar años, pues se trata de uno de los delitos más difíciles de probar porque, entre otras razones, los juristas de esa instancia han fijado “una vara muy alta para establecer la intención genocida de un Estado”, aseguró a BBC Mundo Michael Becker, quien trabajó como asistente legal en la CIJ.
Antecedentes
Expertos han comparado el proceso iniciado por Sudáfrica contra Israel con el de Gambia contra Myanmar. Los palestinos en Gaza y el pueblo de los rohingyas (de Myanmar) no pueden acceder a la CIJ porque no son Estados nacionales, por eso otros les representan.
Gambia, en nombre de los países musulmanes, acusó a Myanmar de cometer genocidio contra el pueblo rohingya cuando algo más de un millón de personas se vieron obligadas a huir a Bangladesh en 2017, explicó Becker a la BBC.
Cinco años después, a finales de 2023, Reino Unido, Dinamarca, Francia, Alemania y los Países Bajos, junto con Canadá, solicitaron unirse al caso contra Myanmar. En cambio, son muy escasas las esperanzas de que las autoridades del mundo occidental se sumen a Sudáfrica en su intento de condenar a Israel.
Supuestos
Sudáfrica e Israel son los oponentes en este caso, pero otros Estados podrían sumarse a uno u otro bando, todos los miembros de la CIJ tienen el derecho, aunque no la obligación de hacerlo. La preparación de cada uno para participar del juicio llevará tiempo y solo empezará a correr cuando se cierre la etapa primera en que se piden “medidas cautelares” para detener el “posible genocidio”.
Los fallos de la CIJ son vinculantes. De aprobarse la solicitud de Sudáfrica, Israel estaría obligada a detener sus acciones militares, aunque lo más probable es que ignore ese llamado, ante lo cual la CIJ podría recurrir al Consejo de Seguridad, al cual pertenece Estados Unidos con el “suprapoder” que le concede su derecho a veto. De darse el caso, es previsible que esta sea otra de las justas resoluciones que no prospera.
La negativa israelita a acatar la orden de la CIJ justificaría que los Estados le aplicaran acciones punitivas de manera independiente. También queda el recurso de apelar a la Asamblea General que, entre otras acciones, podría expulsar al Estado sionista del organigrama de la ONU, como hizo con la Sudáfrica del apartheid.
Todos estos procederes legales y “supuestos” escenarios toman demasiado tiempo o podrían no realizarse nunca; mientras tanto las bombas seguirán cayendo en Gaza y los palestinos pondrán la mayor parte de los muertos.
Corresponde a la opinión pública internacional, a los pueblos y sus diversas formas de organizarse, aumentar la presión contra Israel. Solo eso potenciaría el valor simbólico del proceso iniciado en la CIJ. La condena mundial por el crimen sistemático contra Palestina es la verdadera esperanza de ese pueblo.
Complicidad vs. Justicia
En América Latina, países como Colombia, Bolivia, Venezuela o Brasil han respaldado la demanda sudafricana. El gobierno de Gustavo Petro, por ejemplo, emitió un comunicado donde ratifica su voluntad de “acompañar esa acción judicial mediante recursos y herramientas procesales”.
Estados Unidos, por su parte, se ha pronunciado firmemente contra el caso. John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, declaró que se trata de acusaciones infundadas, “completamente sin base alguna”.
El primer ministro canadiense Justin Trudeau también ha negado la acusación de genocidio contra los palestinos en franco desafío a los cientos de miles de manifestantes que cada semana salen a protestar en las principales ciudades del país norteño para defender al pueblo palestino.
El recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores Stéphane Séjourné declaró que Francia no apoyaría una condena en la CIJ porque acusar a Israel de genocidio es “cruzar el umbral moral” en un juicio que está “explotando la noción de genocidio con fines políticos”.
Cuba siempre con Palestina
Justo al comenzar el juicio, el 11 de enero, Cuba hizo pública una Declaración donde reconoce que, como Estado parte de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, desde 1953 y, en correspondencia con los compromisos contraídos en ese marco, “tiene la obligación de prevenir y sancionar el genocidio”.
En ese contexto, expresó “su apoyo a la solicitud de la República de Sudáfrica de iniciar un procedimiento contra Israel en la Corte Internacional de Justicia” y pidió que sea “entendido y atendido como un llamado urgente a detener los horribles crímenes internacionales de genocidio, lesa humanidad y apartheid que se cometen contra el pueblo palestino”.
Más recientemente, durante la participación de Cuba en la XIX Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), que sesiona por estos días en Uganda, el vicepresidente Salvador Pérez Mesa y el canciller Bruno Rodríguez Parrilla reiteraron el llamado a “detener de inmediato masacre en Gaza y buscar solución definitiva al conflicto israelí-palestino, de conformidad con Derecho Internacional y Carta de ONU”.
El ministro de Relaciones Exteriores propuso al MNOAL realizar un pronunciamiento “con unidad y firmeza para exigir una solución justa” que se “apoye el envío urgente a la Franja de Gaza de una misión de protección internacional, autorizada por la Asamblea General de Naciones Unidas, con el mandato de garantizar la seguridad y la protección de la población civil y facilitar la entrega de ayuda humanitaria y alimentos”.
Cuba reconoce la pertinencia de iniciativas como esta de la CIJ para detener la masacre, y defiende que la real solución pasa por el reconocimiento de Israel del derecho de Palestina a existir como Estado independiente y soberano.
Más allá del veredicto de la CIJ, la humanidad ha hecho su propio juicio del siglo y nada justifica que el Estado hebreo inflija a los palestinos el sufrimiento que un día sufrieron los judíos.
