El pasado jueves 14 de diciembre la filial argentina de Shell anunció el alza de un 37 % en el precio de sus combustibles. Horas después le imitaron YPF y Axion con tarifas similares. Si a ese incremento sumamos el registrado el viernes 8, veremos que el monto del combustible creció allí entre el 52 % y el 67 % en poco más de una semana.
Dos días antes (martes 12) el nuevo ministro de Economía, Luis Caputo, había presentado un programa de medidas que muchos calificaron como “un verdadero plan de guerra contra el pueblo trabajador” e incluía una devaluación de la moneda que favorece, entre otras entidades, a las grandes empresas importadoras y exportadoras.
A ellas también beneficia el reciente anuncio de emisión de Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), que en lenguaje técnico se define como “Notas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en dólares estadounidenses con opción de rescate para importadores de bienes y servicios pendientes de pago”.
La decisión disparó las alertas acerca de un proceder ya conocido por los argentinos: el de asumir deudas privadas para que pague el pueblo trabajador. Así opina Claudio R. Lozano, presidente nacional de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, quien estimó que se trata de unos 37 mil millones de dólares de deuda que ahora son del Banco Central.
El 54 % de esa cifra correspondería a pagos “intrafirma”, es decir, “el acreedor es una empresa del mismo Conglomerado Empresario que el deudor”, denunció Lozano en la red social X. Este tipo de deudas resultan opacas en lo relativo a sus montos y verdadero significado. Encubren maniobras de sobrefacturación para declarar menos ganancias. A la vez, muchos de estos conglomerados han protagonizado procesos recientes de fuga de divisas, por lo cual disponen de dólares suficientes para resolver sus compromisos.
Todas estas razones hacen aún más inexplicable que el BCRA asuma deudas privadas que, además, en su mayoría, pueden ser ficticias, sostuvo.
Esas medidas de “terrorismo económico” llegaron acompañadas por amenazas de reprimir la protesta pública lanzadas por el presidente Javier Milei y respaldadas por su titular de Seguridad, Patricia Bullrich.
La respuesta no se hizo esperar. La primera gran manifestación antigubernamental ha sido convocada para el 20 de diciembre: “Vamos a estar en la calle una vez más, acompañando todos los reclamos, ejerciendo el derecho a manifestarnos y mostrando que somos miles los que no aceptamos que este ajuste brutal lo pague el pueblo trabajador», señaló Myriam Bregman, del Frente de Izquierda.
El llamado cuenta con el apoyo de organizaciones políticas, cívicas y sindicales, así como de intelectuales y personalidades para quienes está cada vez más claro contra quiénes empuñará Milei la motosierra de sus mítines de campaña.
