Los decretos leyes «Del Régimen Especial de Seguridad Social del Sector Agropecuario y Forestal» y «Del Régimen Laboral Especial de las Personas Privadas de Libertad que trabajan dentro o fuera de los Establecimientos Penitenciarios» fueron aprobados por el Consejo de Estado en su sesión ordinaria de este lunes, encabezada por el Presidente de este órgano, Esteban Lazo Hernández.
La primera de estas disposiciones normativas amplía la cobertura de la protección por la seguridad social al sector agropecuario y forestal, mediante un régimen especial único, de carácter contributivo, que cubre de manera coherente y uniforme, todas las contingencias que reconoce el régimen general de seguridad social vigente en el país.
«Tiene el objetivo de agrupar en un solo cuerpo legal, a todos los sujetos del sector agropecuario y forestal, protegiendo a aquellos que no reciben los beneficios del régimen especial de la seguridad social, ampliando la cobertura de los riesgos y homologando el tratamiento con el sector estatal», señaló en su exposición Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social. Con la adopción de esta norma se alcanza la cobertura universal de la seguridad social a todos los trabajadores del país.
En tanto, el segundo decreto ley emitido establece el régimen laboral especial aplicable a las personas naturales cubanas o extranjeras, que cumplen sanciones penales en los establecimientos penitenciarios, que se incorporan al trabajo dentro o fuera de dichos establecimientos durante la sanción penal o medida cautelar de prisión provisional impuesta.
En tal sentido, esta norma «regula la relación jurídica de trabajo que se establece entre la persona privada de libertad apta y en disposición de trabajar y la autoridad penitenciaria para el desarrollo de una prestación laboral subordinada por cuenta ajena y remunerada; se aplica también a los que cumplen medida cautelar de prisión provisional en el sistema penitenciario cubano; y se excluyen las actividades que forman parte del proceso educativo en el establecimiento penitenciario», recoge el texto.
Homero Acosta Álvarez, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, puntualizó que esta última disposición resulta profundamente avanzada y revolucionaria, respetuosa del trabajo como derecho constitucional de todas las personas en condiciones de trabajar, de gran alcance humanista y con una jerarquía normativa superior; así como está acorde con las normas internacionales que regulan esta materia.
En la agenda de la sesión de este órgano también se examinaron las medidas aprobadas como resultado del ejercicio de la más alta fiscalización al Ministerio de Energía y Minas (Minem), desarrollado por la Asamblea Nacional del Poder Popular de enero a junio de 2022 que derivó en 13 recomendaciones asociadas al cumplimiento de sus funciones estatales y políticas públicas.
«El organismo, para dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas, aprobó un plan de acción con 28 medidas, de las cuales 12 están cumplidas, dos están en proceso de cumplimiento y 14 se chequean periódicamente como parte de los sistemas de trabajo del Minem», aseguró Vicente de la O Levy, titular de Energía y Minas, al inicio de su detallada presentación respecto a la implementación de cada una de las recomendaciones emitidas por el Parlamento cubano; así como de las acciones diseñadas para cumplir las políticas, programas y proyectos que tributan al cumplimiento de las funciones estatales del Ministerio.
Con especial detenimiento se evaluó por el Consejo de Estado la información relacionada con la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional, los planes de mantenimiento y reparaciones, la producción de petróleo y gas, el proceso inversionista, la situación de la fuerza de trabajo en este decisivo sector, la política para el desarrollo perspectivo de las fuentes renovables y el uso eficiente de la energía, entre otros aspectos de máximo interés para la población cubana por su incidencia directa en el bienestar de nuestra ciudadanía y en el desarrollo económico-social del país.
¿Cómo marcha la implementación del Código de las Familias y el perfeccionamiento de la actividad de la atención a la población en los órganos del Poder Popular?
El ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez –conjuntamente con ponentes del Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República, la Organización Nacional de Bufetes Colectivos y las comisiones de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer de la Asamblea Nacional del Poder Popular– presentó un vasto informe sobre los resultados de la implementación del Código de las Familias, en la etapa comprendida de septiembre de 2022 a octubre de 2023.
Profundizó en las acciones principales desarrolladas, con vistas a la ampliación de la capacidad de respuesta de la demanda de los servicios notariales y registrales; la capacitación; la comunicación hacia los públicos interno y externo; el control y las relaciones de coordinación y cooperación con otros órganos, organismos y organizaciones sobre este tema.
Tras el análisis de este tópico, los ponentes subrayaron que la implementación del Código de las Familias marcha de forma positiva; se ha cumplido por las instituciones las acciones de comunicación, preparación y control, cuestión que ha permitido la correcta implementación de esta norma jurídica amplia, revolucionaria y compleja, que exige preparación y alto desempeño laboral en los juristas y otros profesionales implicados en esta tarea.
«Debemos todos insistir en la comunicación institucional en cada una de las diversas aristas del Código de las Familias. Solo así nuestro pueblo seguirá ampliando sus conocimientos y logrando el ejercicio de sus derechos y garantías en nuestras familias», enfatizó Silvera Martínez.
Posteriormente, la Secretaría de la Asamblea Nacional del Poder Popular informó sobre las acciones para el perfeccionamiento de la actividad de la atención a la población en la Asamblea Nacional y las Asambleas Municipales del Poder Popular.
En este punto de la agenda trascendió que, en estos órganos locales del Poder Popular, se han atendido 20 428 casos, de ellos por entrevista 13 460 (66%), vía telefónica 3 778 (18,5%), a través de cartas 1 803 (9%), correos electrónicos 1 102 (5,4%), correo postal 162 (1%), redes sociales 101 (0,5%), sitio web 12 (0,1%), prensa 8 (0,03%) y otros medios de comunicación 3 (0,014%).
Homero Acosta precisó sobre el cumplimiento de los mandatos en las disposiciones de los decretos leyes emitidos por el Consejo de Estado en el año 2022. Las comisiones parlamentarias realizaron la comprobación de 15 decretos leyes, y se concluye que se cumplieron las disposiciones complementarias dispuestas en estas normativas controladas.
Por último, los miembros del Consejo de Estado aprobaron la propuesta de control y fiscalización de este órgano al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, que se efectuará en el primer trimestre de 2024 por las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional implicadas.
