El documento enviado a nuestra redacción por el activista Mark Friedman, reconoce que “el presidente (Joe) Biden tiene la autoridad de eliminar a Cuba de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo por medio de una orden ejecutiva”, y “debe volver a comprometerse a la normalización de las relaciones con Cuba que fue iniciada por la administración Obama-Biden”.
Admite que “durante los últimos 62 años, Estados Unidos ha impuesto un embargo económico, comercial y financiero a Cuba que impide la mayor parte de la participación y el comercio con Estados Unidos, y castiga a otros países que se relacionan” con ja nación caribeña.
El texto considera que “el embargo continúa infligiendo dificultades y privaciones diarias al pueblo cubano, creando escasez de necesidades básicas como alimentos y medicinas, y restringiendo severamente las oportunidades financieras y comerciales internacionales”.
Esa política hostil es un obstáculo para que “obtenga equipos y suministros médicos vitales, e incluso impide las respuestas de ayuda humanitaria a eventos catastróficos como el huracán Ian que devastó tanto Florida como Cuba, perjudicando así al pueblo cubano al que la administración del presidente Biden dice apoyar”.
La Federación del Trabajo de Los Ángeles recuerda que “las Naciones Unidas en 2017 calcularon que este embargo le había costado a la economía cubana 130 mil millones de dólares, con un promedio de más de 2 mil millones de dólares cada año”. Por esa razón, entre otras, la Asamblea General de la ONU ha votado en 30 ocasiones a favor de condenar el embargo de Estados Unidos contra Cuba. La última votación tuvo lugar el 3 de noviembre de 2022, con 185 de 193 naciones a favor, y solo Estados Unidos e Israel en contra.
En el recuento de las circunstancias que les llevaron a aprobar la Resolución, reconocen haber tomado en cuenta que la administración del presidente Donald Trump “impuso 243 nuevas sanciones a Cuba, incluidas restricciones a los cubanoamericanos que envían remesas a familias y empresas en Cuba”, lo cual ha contribuido a impulsar la “migración masiva de cubanos, creando preocupaciones de seguridad en la frontera de Estados Unidos”.
También recuerdan que “el expresidente Trump restableció arbitrariamente la designación de Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo menos de una semana después del intento de golpe de Estado del 6 de enero”, en absoluto desprecio a la “decisión de la administración Obama-Biden de 2015 de eliminar este estatus después de una revisión exhaustiva por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos. El documento enfatiza que “Cuba no cumple ningún criterio para su inclusión en esta lista”.
La arbitraria designación “ha sometido a Cuba a nuevas sanciones y restricciones financieras internacionales que limitan la capacidad de la nación para llevar a cabo transacciones financieras críticas, incluidas las necesarias para avanzar en los esfuerzos por combatir la pandemia de COVID y mejorar su economía”.
Repasan que, en el 2021, 117 miembros del Congreso de EE.UU. pidieron la eliminación de Cuba de esa lista, y enviaron una carta donde reiteraron que «una política de compromiso con Cuba sirve a los intereses de Estados Unidos y del pueblo cubano»
Por todas esas razones, la Federación Laboral de Los Ángeles “insta encarecidamente al Presidente Biden y al Congreso, y a cada representante federal en su jurisdicción, a que pidan al gobierno federal que elimine a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos”.
Solicitan además a que el Congreso apruebe una “legislación que elimine aquellos aspectos del embargo que han sido codificados en ley; y elimine todas las sanciones contra Cuba por parte de Estados Unidos”, para así “permitir que los pueblos de Estados Unidos y Cuba viajen y comercien libremente”.
La Resolución, firmada por Yvonne Wheeler y Thom Davis, presidente y director de la Federación del Trabajo de Los Ángeles respectivamente, comunica que han recibido “garantías del Gobierno cubano de que respetará los derechos de los trabajadores a formar sindicatos democráticos e independientes”.
Vale recordar que el Código del Trabajo de Cuba (Ley No. 116), aprobado en el 2013 y actualizada en febrero del 2020, define en su artículo 2 que entre “los principios fundamentales que rigen el derecho de trabajo” está el de “asociarse voluntariamente y constituir organizaciones sindicales, de conformidad con los principios unitarios fundacionales, sus estatutos y reglamentos que aprueban democráticamente; y actúan con apego a la ley”.
Este principio queda refrendado más adelante, en el Capítulo II (Organizaciones Sindicales), que en el artículo 13, donde se establece que “Los trabajadores tienen el derecho, de asociarse voluntariamente y constituir organizaciones sindicales, de conformidad con los principios unitarios fundacionales, sus estatutos y reglamentos, los que se discuten y aprueban democráticamente y actúan con apego a la ley” cubana.
La AFLA-CIO es una federación sindical que tiene presencia en todo Estados Unidos. En el caso de la Federación del Trabajo de Los Ángeles representa a unos trescientos sindicatos y cuenta con unos ocho cientos mil afiliados.
