Hacen falta juristas en todo momento, me decía en días pasados una destacada profesional del derecho que participó activamente en la elaboración de la recientemente aprobada Ley de Comunicación Social.
Y en realidad eso podemos aplicarlo a todo el funcionamiento de la sociedad, sobre todo a partir de una definición tan terminante como la que hace nuestra Constitución, al enfatizar desde su primer artículo que Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social.
Al celebrar este 8 de junio el Día del Trabajador Jurídico en nuestro país, retomo entonces la magistral síntesis que me refiriera la profesora universitaria Martha Prieto, al recordarnos que “en los procesos de creación normativa, los juristas son quienes tienen la habilidad de ordenar las cosas, mostrar cómo se debe emplear y usar el lenguaje técnico jurídico para que queden delimitados los espacios de actuación de cada sujeto, los límites”.
En esa importante labor pensaba también cuando escuchaba en días recientes al Ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, quien ofreciera en la Mesa Redonda de la Televisión Cubana un detallado panorama de la efervescencia legislativa que vivimos, a partir de la aprobación de la Constitución.
Solo en la anterior legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular se aprobaron 36 leyes y 87 decretos ley, y para la décima legislatura que acaba de iniciarse se prevé la aprobación de 52 leyes y 29 decretos ley.
Nunca antes se legisló tanto en Cuba, y en tan disímiles áreas del ordenamiento jurídico, de eso no nos cabe la menor duda.
Pero además, como explicara el titular de Justicia, este intenso trabajo abarca desde las normas jurídicas que definen la organización y funcionamiento del Estado y del gobierno hasta las leyes que mandata la Constitución en materia de derechos, garantías y deberes de las personas; sin olvidar la actualización del modelo económico, todas las políticas económicas, más la reforma procesal y judicial.
Los juristas son esenciales en ese proceso donde cada organismo asume la responsabilidad de elaborar su normativa, pero son los profesionales del Derecho quienes garantizan la calidad y la sujeción de esas nuevas leyes a los principios de la legalidad socialista, a la vez que aportan los resultados más destacados de la experiencia teórica y práctica nacional e internacional en cada campo.
Son decisivos también los trabajadores jurídicos en el proceso no menos complejo de implementación y exigencia en el cumplimiento de las leyes aprobadas, una misión que no resulta posible concebir sin el contacto directo, estrecho y sistemático con la ciudadanía, en retroalimentación permanente con los problemas que a diario confrontamos con la inobservancia de las normas, las indisciplinas e ilegalidades.
Los juristas tienen igualmente la responsabilidad de trasmitir lo que saben, y nunca considerarse herméticos demiurgos de una materia técnica y oscura. Tiene que ser parte indisoluble de su quehacer el empeño por contribuir a esa necesaria cultura jurídica en nuestro pueblo de la que tanto se habla, pero que todavía muchas veces cuesta trabajo concretar en la vida cotidiana.
Por todas esas razones merecen ese reconocimiento que se les dedica cada 8 de junio, como un recordatorio permanente de que quien hace la Ley, también hace la patria.
Material Relacionado
