No basta con que un derecho se plasme en documentos, hay que lograr que los protagonistas puedan y deseen ejercerlo.
Así ocurre con las definiciones respecto a la participación de los trabajadores en los procesos de planificación, regulación, gestión y control de la economía, respaldada por documentos rectores como la Constitución de la República, el Código de Trabajo y la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista.
El primer trimestre del año fue testigo del proceso político de presentación, discusión y análisis en los colectivos laborales del plan de la economía y el presupuesto aprobados para el año 2023, una ocasión propicia para el ejercicio en la práctica de ese derecho.
El desafío es lograr la participación consciente de los trabajadores, continuar implicándolos en la planificación y fomentar su cultura económica, jurídica y de productor.
En un análisis del Secretariado Nacional de la CTC salieron a relucir problemas que persisten e influyen en sus resultados.
Uno de ellos fue la deficiente planificación de las asambleas a partir del cronograma elaborado, lo que se manifestó en reiterados cambios de fecha, reveladores de falta de coordinación con las direcciones administrativas y conspiró en determinados casos contra una adecuada participación tanto de los cuadros sindicales y administrativos como de los trabajadores.
Hay entidades que sus planes tienen muchas reservas y que después sobrecumplen excesivamente las ventas y utilidades; otras que planifican un alto nivel de fuerza de trabajo, luego no cubren las plazas y se origina un crecimiento ficticio de la productividad.
Este ejercicio participativo y democrático ha demostrado su validez, permitió construir consensos sobre las reservas logísticas y organizativas que propician recuperar capacidades productivas, encadenarse con otros actores económicos, potenciar nuevos renglones exportables de bienes y servicios y aquellos que sustituyen importaciones, además del fomento de áreas de autoabastecimiento para la producción de alimentos.
No obstante, aunque en menor medida, todavía se imponen decisiones administrativas y subvaloran las propuestas de los trabajadores, asunto a resolver para el cumplimiento del objetivo, nos hemos planteado democratizar la práctica y la acción sindical, dirigidas a potenciar el debate y los aportes en la asamblea general de afiliados y trabajadores, reforzar el control de su realización y vincular a esta los principales cuadros.
El proceso nos señaló la necesidad de un mayor rigor y exigencia a las direcciones administrativas en las rendiciones de cuenta, lograr que el ejercicio de dirección de las entidades sea totalmente colectivo y que los trabajadores participen en toma de decisiones.
Las experiencias recogidas nos demuestran cuánto más podemos hacer en este sentido ya que la participación aún es insuficiente y en ocasiones formal.
Corresponde ahora evaluar los resultados del proceso en cada nivel de dirección del movimiento sindical de conjunto con los Organismos de Administración Central del Estado (Oace), las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (Osde) y del gobierno en cada nivel, dar respuestas a los planteamientos e implementar las propuestas, así como mantener la vinculación y participación en las asambleas, con prioridad en las entidades de mayor impacto económico y social y las que tienen pérdidas. *Miembro del Secretariado Nacional de la CTC
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